El clamor contra los desahucios en España ha puesto contra las cuerdas al Gobierno en plena campaña electoral catalana del 25N. Unos 350.000 propietarios han perdido su vivienda a manos de la banca en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008. Un Ejército de descontentos dispuestos a rebelarse y a votar y una imparable corriente de solidaridad obligan ahora a una rápida reforma de la ley hipotecaria de principios del siglo pasado.
El Gobierno busca el establecimiento de un nuevo marco legal acorde con lo que exige la situación y las normativas existentes en los países occidentales y que permita frenar los desahucios. Paralelamente, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una reforma legislativa que ha agilizado el desahucio por el impago de un alquiler.
El hecho es que España, que alardeaba hace poco del sistema financiero más moderno y con más cajeros, aplica a sus clientes mecanismos de usura capaces de dejar en la calle, literalmente, a familias que no han podido cumplir con el pago de la hipoteca. Mientras la banca se revuelve contra la reforma del marco legal, ante el temor a un quebranto de sus ya maltrechos balances financieros, al Gobierno se le exigen los cambios legales necesarios para permitir una moratoria en el pago de los plazos de la hipoteca en el caso de dificultades de las familias más desfavorecidas.
Las líneas principales de esas reformas en ciernes no satisfacen completamente a los afectados. El objetivo sigue siendo que se aplique de la manera más general posible el concepto dación en pago, que últimamente parece haber pasado a un segundo plano de la discusión pública en favor de la moratoria de los pagos. ...continúa leyendo "El clamor popular obliga a diseñar un nuevo marco legal contra los desahucios"








