El clamor contra los desahucios en España ha puesto contra las cuerdas al Gobierno en plena campaña electoral catalana del 25N. Unos 350.000 propietarios han perdido su vivienda a manos de la banca en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008. Un Ejército de descontentos dispuestos a rebelarse y a votar y una imparable corriente de solidaridad obligan ahora a una rápida reforma de la ley hipotecaria de principios del siglo pasado.
El Gobierno busca el establecimiento de un nuevo marco legal acorde con lo que exige la situación y las normativas existentes en los países occidentales y que permita frenar los desahucios. Paralelamente, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una reforma legislativa que ha agilizado el desahucio por el impago de un alquiler.
El hecho es que España, que alardeaba hace poco del sistema financiero más moderno y con más cajeros, aplica a sus clientes mecanismos de usura capaces de dejar en la calle, literalmente, a familias que no han podido cumplir con el pago de la hipoteca. Mientras la banca se revuelve contra la reforma del marco legal, ante el temor a un quebranto de sus ya maltrechos balances financieros, al Gobierno se le exigen los cambios legales necesarios para permitir una moratoria en el pago de los plazos de la hipoteca en el caso de dificultades de las familias más desfavorecidas.
Las líneas principales de esas reformas en ciernes no satisfacen completamente a los afectados. El objetivo sigue siendo que se aplique de la manera más general posible el concepto dación en pago, que últimamente parece haber pasado a un segundo plano de la discusión pública en favor de la moratoria de los pagos. ...continúa leyendo "El clamor popular obliga a diseñar un nuevo marco legal contra los desahucios"
La Asociación Española de Banca (AEB) ha anunciado hoy que acepta la propuesta del Gobierno para frenar los desahucios en casos extremos, tal y como acordaron el viernes el Ejecutivo y el PSOE para hacer frente a la creciente presión social y el rechazo a las prácticas de las entidades. "Ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios", la patronal afirma en un comunicado que ha alcanzado un compromiso por el que todos sus miembros paralizarán "los lanzamientos durante los dos próximos añosen aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
La asociación, sin embargo, no concreta en que consistirán estas circunstancias extremas. En cualquier caso, la medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que no será aplicable a las hipotecas que están en proceso de ejecución.
Según indica la AEB, la medida se toma "por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social". "El contenido de este compromiso había sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica", añade la nota.
Además, con vistas a los contactos entre los principales partidos para una posible reforma de la banca, la AEB afirma que está "a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas, para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos".
Aunque la multiplicación de desahucios no es un fenómeno nuevo, la publicación en los medios de los suicidios por los desalojos y la mayor presión social ha llevado a los partidos a ponerse manos a la obra para reformar la normativa. También ha motivado a los políticos a moverse rápido la entrada en escena de los jueces y su denuncia de la impunidad que la ley otorga a las entidades —y los abusos en las hipotecas—frente a los clientes.
La banca ya aceptó en su día a regañadientes el código de buenas prácticas aprobado en marzo de 2012 para frenar la multiplicación de ejecuciones, que rozan las 400.000 desde el inicio de la crisis. El código, en teoría, aumenta la protección contra los desahucios de las familias con todos sus miembros en paro, que tuviesen que destinar más del 60% de sus ingresos a la hipoteca y si no tenían una segunda vivienda. No obstante, solo es de aplicación siempre y cuando el crédito no tuviese garantías reales o personales —esto es, que no estuviesen avaladas por un familiar, por ejemplo—. En caso de existir, los garantes también tenían que cumplir los requisitos de estar todos los miembros de la unidad familiar en paro, superar el citado umbral del 60% y no tener otros bienes o derechos reales.
Sobre su eficacia y dado el retraso que sufren los procesos desde que llegan a los tribunales hasta que se produce el desalojo es pronto para aventurar si ha tenido éxito o no en su objetivo de frenar los desahucios. También está por ver si las "circunstancias extremas" a las que alude la AEB van más allá que las condiciones incluidas en el código de buenas prácticas.
Hay 5,6 millones de inmuebles desocupados y durante la crisis han perdido su casa 400.000 familias.
Más de 400.000 familias han sido desahuciadas desde que comenzó la crisis según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y se prevé que en 2015 habrá más de medio millón de familias que habrán perdido su casa por no poder afrontar el pago de la hipoteca.
Dada la magnitud de las cifras, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) lanza en el Pleno del Congreso una moción y una proposición no de ley para buscar soluciones al problema de los desahucios y a la falta de vivienda pública.
Reclama por un lado, que las viviendas desocupadas –según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 5,6 millones de viviendas vacías, el 20% del parque inmobiliario–, tengan un gravamen más alto, y por otro, que los pisos de las entidades financieras que pasen al llamado banco malo sean destinados a un parque público de alquiler social.
Rescatar a las personas
La coalición de izquierdas propone iniciativas para “rescatar a las personas” en lugar de buscar sólo formas de sacar al sistema financiero de la crisis. También se reclama la paralización de los embargos y desahucios en viviendas propiedad de entidades financieras con ayudas públicas o que se traspasen al banco malo y que se cree un banco de alimentos de gestión pública al que surtan las grandes superficies comerciales con la donación obligatoria de los productos que estén a punto de caducar.
Y es que cada día se producen en España una media de 159 desahucios de viviendas por el impago de la hipoteca o el alquiler, según datos de la (PAH).
El Gobierno no termina de dar una solución al problema de la vivienda. En febrero se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados, a petición esta vez de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la dación en pago. La moción buscaba que se modificara la ley para permitir que la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar la deuda de la hipoteca y que el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) comprara viviendas a las Cajas y las destinara a alquiler de protección social. Sin embargo, el Gobierno rechazó esta moción.
En esta ocasión la Izquierda Plural recoge estas medidas a la enmienda parcial del proyecto de ley de la reforma financiera del pasado mes de mayo.
Pedirá a la Cámara que respalde una iniciativa para exigir que “las entidades financieras que reciban cualquier tipo de ayuda pública y, en particular, en la nacionalizada Bankia, la dación en pago y el alquiler social sean soluciones para las familias que, como consecuencia de la crisis, no puedan hacer frente a sus deudas hipotecarias”.
De hecho, en su iniciativa insisten en la idea de que es necesario utilizar los activos inmobiliarios de las entidades intervenidas por el FROB para crear un parque de alquiler público. “Un servicio de pisos en alquiler público permitiría a muchos ciudadanos vivir dignamente sin esfuerzos económicos desmedidos para pagar una vivienda”, aseguran desde el partido.
¿Y si se blinda a los parados frente a los desahucios? ¿Si se concediera una moratoria para las hipotecas de viviendas habituales de desempleados? Parece de justicia en los tiempos que corren, minados todos por esta galopante crisis. Y desde la Justicia llega esa propuesta.
Si el Estado rescató a Bankia, los bancos deberían rescatar a los ciudadanos sin recursos.
La ha hecho el magistrado y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Edmundo Rodríguez Atxutegi. Plantea que el Gobierno adopte una moratoria legal para impedir la ejecución de hipotecas (y el posterior desahucio) de primera vivienda de las personas que no puedan hacer frente al préstamo, mientras se mantengan en situación de desempleo.
Rodríguez Achútegui sostiene que si el Estado "ha rescatado el sistema financiero o a Bankia", los bancos deberían "rescatar también a los ciudadanos sin recursos". A su juicio, debería "garantizarse por ley" que las entidades financieras no puedan ejecutar las hipotecas de los desempleados que sirvan para adquirir la vivienda familiar, durante todo el periodo en que permanezcan en situación de desempleo.
Según el magistrado, el sistema bancario "no sufriría perjuicio" porque la ley establecería esta moratoria "supeditada a que los propietarios abonaran los gastos de comunidad y mantenimiento, las contribuciones fiscales y los seguros precisos para asegurar el valor de la vivienda". De este modo, la garantía sobre la que recae la hipoteca no perdería, a su juicio, "valor ni eficacia hacia el futuro".
Como contrapartida, los desempleados conservarían el derecho a utilizar su vivienda pese a no poder pagar las cuotas del préstamo, "aplazando su exigibilidad al momento en que recuperasen los medios precisos para poder afrontar su pago", pero sin que se produjeran desahucios que impidieran "el derecho a la vivienda digna que garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución".
La propuesta del magistrado ha sido bien recibida por responsables del Ayuntamiento de Bilbao y por portavoces de los sindicatos UGT y CC OO. Responsables de UGT de Euskadi aplauden la idea y se preguntan por qué esa idea no la han planteado ya los partidos políticos o el propio Gobierno.
A principios del siglo XX el doctor Duncan MacDougall publicó en la revista «American Medicine» su teoría del peso del alma, que, en muy pocas palabras, sostiene que toda persona pierde 21 gramos en el momento de morir, lo que equivaldría al peso del alma o, como recuerda el personaje interpretado por Sean Penn en la película «21 gramos», dirigida por Alejandro González Iñárritu, también al peso de un colibrí o de una chocolatina.
Desahucios a tutiplén
Aunque no fuera cierta la tesis, no deja de llamar la atención que, frente a esa presunta levedad del alma, nos encontremos, en un país de tradición católica como España, con la gravedad de una hipoteca: las hipotecas han sido dotadas de un peso enorme y se aferran a las viviendas y a las personas.
Como es bien sabido y padecido, si no se devuelve el préstamo hipotecario la entidad que lo ha otorgado pasa a ser titular de la vivienda, pero no por ello queda liberada la persona que lo ha solicitado, pues la carga hipotecaria seguirá pesando sobre sus hombros.
Ni siquiera la muerte es más poderosa que la hipoteca: si la han asumido dos personas, la obligación recae sobre el supérstite o sobre los herederos, los avalistas.
Dada la contundencia e indestructibilidad de la hipoteca, no se entiende la fuerza empleada en Oviedo el pasado 27 de junio para desalojar a Jorge Cordero de una vivienda que ahora pertenece a Cajastur, entidad a la que sigue debiendo 108.000 euros y que por mucho que corra o proteste seguirá siendo su acreedora.
Sí, ya sé que la noche anterior dejó la plaza de la Escandalera, donde lleva varios días en huelga de hambre al lado de la oficina principal de la entidad bancaria, para encerrarse en el piso en compañía de personas vinculadas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y al 15-M; también que se negaron a abandonar la vivienda y que pusieron trabas al desalojo.
Pero, ¿eran tan peligrosos como para que intervinieran 60 policías?, ¿era necesario grabar con una cámara a las personas que protestaban en la calle o identificar a alguna de ellas como paso previo a la apertura de un expediente sancionador que puede implicar una multa más cuantiosa que saltarse un semáforo en rojo?, ¿era preciso que las personas que estaban en la vivienda salieran con las manos a la espalda o que varios policías se pusieran sobre la espalda de uno de los manifestantes y apretaran su cara contra el suelo?
Viendo lo ocurrido en este caso -de lo que se hizo eco hasta «The Washington Post»- pero no en otros mucho más dañinos para la sociedad, parece que el peso de la ley recae -a veces literalmente- sobre unos mucho más que sobre otros, lo que no debe extrañarnos pues, como ya decía Milan Kundera en «La insoportable levedad del ser», cuanto más pesada sea la carga más a ras de tierra estará nuestra vida y, añado yo, nuestra cara.
¿Pero debe seguir siendo así de pesada la carga que soportan las personas hipotecadas? Más en general: frente al declive del Estado social y la catastrófica gestión de la crisis financiera, ¿es una respuesta propia de una sociedad democrática avanzada la aprobación de una impresentable amnistía fiscal para los defraudadores y la indulgencia casi plenaria con el uso obsceno de los recursos públicos llevado a cabo por alguno de los titulares de las instituciones del Estado?; ¿lo es la exacerbación de una política excluyente y represiva contra las personas y grupos más vulnerables?
Aunque todavía no es Navidad, me permito concluir este ejercicio de fácil demagogia -valga la redundancia- pidiendo un poco de demagogia a tres instituciones:
A Cajastur le pido que, en lugar de decir a Jorge Cordero; a su mujer, Patricia, y a su hija, Amanda, que no cumplen las condiciones para la dación en pago -¿quién fija esas condiciones sino la propia entidad?-, le facilite alguna fórmula de alquiler social para que puedan seguir en la vivienda;
A la Delegación del Gobierno en Asturias le pido que para los próximos desahucios ordene el reparto de empanadas y no de tortas,
Y, por último, a los jueces y a las fuerzas de seguridad del Estado les pido que si en algún momento se procede a la detención de los responsables de las tropelías financieras cometidas en este país también entonces veamos que cae sobre ellos todo el peso de la ley en forma de varios policías que aprietan sus caras contra la moqueta y los meten con las manos a la espalda en una furgoneta.
Gracias.
Miguel A. Presno.
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad. Acreditado como Catedrático.
El líder de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Gomà, se ha mostrado partidario este martes de aplicar un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos de entidades bancarias que estén vacíos tras un proceso de desahucio, una propuesta que llevará al pleno de este viernes con un ruego al alcalde, Xavier Trias (CiU).
Que los bancos paguen por los desahucios
"Para salir de la crisis Barcelona necesita una fiscalidad fuerte y justa que sea más progresiva en términos sociales", ha defendido en rueda de prensa, y ha asegurado que las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento ya lo permiten, por lo que ve la medida fácilmente aplicable.
Gomà ha afirmado que no tiene constancia de que ningún otro municipio realice este recargo, por lo que, de llevarlo a cabo, la capital catalana "se situaría como punta de lanza y marcaría el camino a muchos otros ayuntamientos" para luchar contra los problemas de vivienda que sufren muchos ciudadanos.
Sólo sería posible en el caso de que su avalista se encuentre, asimismo, en una situación cuanto menos económicamente desesperante.
Ya hemos escrito en otras ocasiones acerca delCódigo de Buenas Prácticas ante los deshaucios. Querríamos dejar claro, no obstante, un dato acerca de aquéllas personas que hayan recurrido a avalistas para contratar su hipoteca. Los hipotecados que hayan recurrido a un avalista no podrán beneficiarse de la normativa de protección frente a desahucios, según el Real Decreto de Economía.
El uso de avales es muy habitual precisamente en los colectivos teóricamente beneficiados por las medidas del Gobierno.
La normativa afecta a las familias con todos sus miembros en paro si pagan por la hipoteca más del 60% de sus ingresos y si no tienen una segunda vivienda. Pero el texto definitivo es aún más restrictivo.
El BOE concreta que la protección frente a desahucios solo se puede aplicar en créditos o préstamos que carezcan de garantías reales o personales o, en caso de existir éstas, si los garantes cumplen los requisitos de estar todos los miembros de la unidad familiar en paro, superar el citado umbral del 60% y no tener otros bienes o derechos reales.
1 ¿Quién puede beneficiarse de las medidas del nuevo código de buenas prácticas?
El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que establece el marco en el que se considera a alguien dentro del umbral de exclusión social. Este implica que la familia (deudor, cónyuge e hijos en su domicilio) tenga a todos sus miembros en situación de desempleo, que el pago de las cuotas supere el 60% del conjunto de sus ingresos -aunque sean prestaciones por desempleo- y que la ejecución afecte a su primera y única residencia. Esta, además, no podrá exceder un valor de 200.000 euros en las grandes ciudades o un tope de 120.000 euros en las poblaciones de menor tamaño. A partir de ahí, este colectivo solo tendrá una protección especial si su entidad firma voluntariamente el código.
Propone fijar una moratoria de mínimo un mes en procedimientos de embargo
Izquierda Unida ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa con la que pretende instar al Gobierno a "regular urgentemente" medidas para garantizar el derecho constitucional a la vivienda de ciudadanos en situación de desempleo.
Entre éstas, destaca la "suspensión inmediata" de la ejecución de todos los embargos de la vivienda habitual que afecten a parados que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca.
El diputado por IU del 15-M pedirá un decreto ley para paralizar los desahucios
Según publica el diario El Mundo: "el diputado electo de IU al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga y miembro del Movimiento 15-M, Alberto Garzón, ha defendido la necesidad de realizar "un decreto ley que paralice inmediatamente las ejecuciones hipotecarias hasta que se apruebe la dación en pago o alguna medida similar". Garzón propone esta medida para "proteger un derecho recogido en la Constitución como es el de la vivienda".
Así lo ha manifestado Garzón en una rueda de prensa en Sevilla junto a sus compañeros de partido el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, y el diputado electo por Sevilla, José Luis Centella. En ella han anunciado que IU en Andalucía se encuentra preparando "una batería de medidas políticas" para llevar al Congreso de los Diputados, que serán anunciadas "en los próximos días".
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El Gobierno busca el establecimiento de un nuevo marco legal acorde con lo que exige la situación y las normativas existentes en los países occidentales y que permita frenar los desahucios. Paralelamente, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una reforma legislativa que ha agilizado el desahucio por el impago de un alquiler.
