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El año pasado se contabilizaron en España 350.000 familias que no podían hacer frente al crédito de su hipoteca y para el año que viene se estima que esa cifra se acercará a las 500.000. Estas familias no sólo deben enfrentarse al drama de la pérdida de la vivienda, sino que además siguen arrastrando buena parte de la deuda de por vida. Incluso, si fallecen traspasan la deuda a los hijos, ya que aunque entreguen el piso al banco tienen que seguir pagando el préstamo hipotecario.

Pero esta situación podría cambiar gracias a una sentencia ratificada esta semana por la Audiencia Provincial de Navarra, en la que un juez aplica de facto la dación en pago. Este hecho sienta precedente –aunque de momento no jurisprudencia, porque son necesarias dos sentencias del Tribunal Supremo en el mismo sentido– y supone un espaldarazo a las demandas que desde hace años lleva defendiendo la Asociación de Afectados por la Hipoteca (PAH), que reclama la dación en pago en caso de residencia habitual y deudores de buena fe.

A esta tesis se ha unido CiU, presentando una propuesta al Gobierno. No obstante, el ministro de Fomento, José Blanco, se ha opuesto asegurando que la dación en pago podría poner en peligro a las instituciones financieras españolas.

Sin embargo, el debate vuelve a la calle a raíz de esta sentencia, donde el juez se niega a que un banco, que previamente había ejecutado la hipoteca y se había adjudicado el inmueble por el 50% del valor de tasación, continúe reclamando la deuda restante a la familia. Ante la demanda de una entidad bancaria de proseguir con la ejecución de la deuda, el tribunal lo rechaza y fundamenta su postura afirmando que el banco había tasado el activo inmobiliario por una cantidad que satisface con creces la deuda hipotecaria que recaía sobre la familia.

Esto abre una vía judicial para todos aquellos a los que ya les han subastado la vivienda y se han quedado con una deuda. Abre una vía para aquellos padres que avalaron a sus hijos y que ven cómo una ejecución hipotecaria no sólo condena a su hijo o hija a la pobreza, sino que además se lleva por delante su propia vivienda. “Es un precedente muy importante que finalmente un tribunal ponga algo de sentido común ante lo que viene siendo un uso abusivo de la legislación actual por parte de las entidades financieras. Es un síntoma más de una democracia débil que ha claudicado frente al poder y el chantaje de las entidades financieras, afirma Ada Colau, portavoz de la Plataforma.

Desde la crisis en 2007 las ejecuciones se han disparado. Según datos de la Asociación Hipotecaria Española, en 2007 se ejecutaron 25.943 hipotecas de viviendas, en 2008, 58.686, en 2009, 93.319 y hasta el tercer trimestre de 2010, 71.333. Pero en total hay implicadas 350.000 familias en procesos de ejecución. En países como Estados Unidos o en Europa sí está aceptada la dación en pago de un piso por impago.

Fuente: intereconomia.com