El ministro de Fomento, José Blanco, ha cambiado radicalmente de discurso desde que en octubre se integró Vivienda en su cartera. Al principio, aseguraba que, para que se acabara la crisis inmobiliaria, los precios de los pisos tenían que ajustarse hasta llegar a ser asequibles para los ciudadanos.
Ahora está animando a comprar a los españoles para conseguir aligerar el lastre de un stock que los analistas más conservadores cifran en las 750.000 viviendas. Y, como sabe que con los españoles no va a tener suficiente, por el paro y el encarecimiento de las hipotecas, se va a ir de “road show” por el extranjero para buscar posibles incautos que se atrevan con el “ladrillo” español.
Nos podemos meter con este ministro, antes objeto de un pim-pam-pum continuo, pero que se ha ido ganando el respeto, por ejemplo, por su mano de hierro con colectivos hasta ahora intocables. ¿Cómo se va a poner a exportar pisos como si fueran coches? ¡Pero si España entera y el mercado inmobiliario español, en particular, están desahuciados en todo el mundo! Es verdad. Pero no toda la verdad.
Blanco responde a una demanda del propio sector. Hace alrededor de un año, expertos del Instituto de Práctica Empresarial, que imparte cursos a profesionales del sector inmobiliario, afirmaban que era necesaria una medida de este tipo. Sobre todo teniendo en cuenta la potencia que estaba adquiriendo la recuperación económica de Alemania y, hasta cierto punto, también la británica.
Alemanes e ingleses han sido tradicionales visitantes de las costas españolas. Han comprado apartamentos en el pasado. Y nos vendría muy bien que lo siguieran haciendo. Sobre todo porque es ahí donde se encuentra el grueso del problema de la sobreoferta de vivienda en España.
Según el analista independiente José Barta, ya lo están empezando a hacer en los municipios turísticos más tradicionales de Levante y la Costa del Sol. Y, a juicio de Carlos Ferrer-Bonsoms, de Jones Lang LaSalle, también en Baleares.
Ésta no es excusa para que los precios se sigan ajustando. De hecho, estos días Blanco se está reuniendo con bancos y promotores para llamarles al orden, reclamarles responsabilidad y transparencia, es decir, que asuman que su cartera de inmuebles ahora vale mucho menos que antes. Y lo que es más importante, para buscar soluciones entre todos.
Seguramente tampoco hace desaparecer la idea de que habrá miles de viviendas que posiblemente no se vendan nunca. Las viviendas vacacionales situadas a 100 kilómetros de la playa en medio de la nada, las ubicadas en “la ciénaga de Shreck”, como dice el profesor de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos. Mejor será, además, que esos apartamentos no se los coloquen a nadie, por el bien de la imagen de España en el exterior.
José Blanco debería buscar familias que quieran veranear en la costa española. Pero también inversores particulares e institucionales. José Luis Estevas-Guilmain, de Sociedad de Tasación, decía ayer mismo que garantizando una rentabilidad del 4% por el alquiler, los inversores comprarían en España promociones enteras. Pero para ello, la legislación sobre el arrendamiento de viviendas debería ofrecer las mismas garantías al inversor que el alquiler de oficinas. De esta manera, además, se comenzaría a normalizar el mercado inmobiliario español, en el que la vivienda en propiedad pesa demasiado (alrededor de un 87%), constituyendo una “rara avis” en Europa.
Lo que propone el ministro de Fomento es una acción de marketing. Lo que me pregunto es: ¿Por qué si lo hace una empresa la gente lo ve normal y si lo hace el Estado para ayudar al sector privado, no?
Fuente: finanzas.com (Cristina Vallejo)
