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Una de las muchas paradojas que se dan en este país consiste en hacer convivir una burbuja inmobiliaria formidable con la dramática dificultad de muchos españoles para acceder a una vivienda digna.

Millones de viviendas vacías y millones de ciudadanos sin cobijo propio.

Las estrategias para solucionar este problema durante la última década han sido muchas, diversas y con éxito generalmente modesto. Hay consenso, sin embargo, sobre una de las medidas a adoptar: el fomento del alquiler. El alquiler alcanza en España tan solo al 17% del mercado, mientras que el resto de Europa se acerca al 40% y en Alemania, por ejemplo, se sitúa en el 57%.

El Ministerio de Fomento, a falta de inversiones, ha decidido hacer política enredando en el BOE. El pasado día 24, con agostidad, presentó al Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley para estimular el alquiler de viviendas. Pero la nueva norma adolece de la misma falla que la última reforma laboral del PP. Si esta última pretendía crear empleos favoreciendo el despido, aquella pretende ahora estimular el alquiler facilitando el desahucio. La previsión es de un fracaso anunciado.

Y es que el Gobierno parte de un error de diagnóstico. El problema no está tanto en la oferta de viviendas para el alquiler como en la debilidad de la demanda. Es decir, no hay tanta falta de propietarios dispuestos a alquilar sus pisos como de inquilinos con posibilidad de hacer frente a la renta del alquiler. Hace pocos meses, Fomento ya asestó un golpe muy duro a los posibles demandantes de alquiler eliminando la renta básica de emancipación, que ayudaba a los jóvenes inquilinos sin recursos. Ahora les remata con esta “ley anti-inquilinos”.

Nadie cuestiona que se aporte seguridad jurídica al propietario. Pero ya se ha avanzado mucho en ese sentido durante los últimos años. Si de verdad se quiere promover la oferta de viviendas para el alquiler, actúese sobre la fiscalidad, premiando el arrendamiento y penalizando la desocupación.

Pero no se ha actuado así. El Gobierno del PP ha hecho aquí lo que hace siempre: golpear sobre la parte más débil de la cadena. Los medios de comunicación se han hecho eco especialmente de la agilización en el desahucio. Diez días de impago y a la calle, sin más trámite. Es duro, pero la ley trae muchas más cosas.

• De entrada, la nueva norma de alquileres permite al propietario echar a su inquilino en cualquier momento, aduciendo tan solo que necesita la vivienda para un allegado. Antes era preciso significar esta posibilidad en el contrato. Ya no.
• El propietario puede ahora vender la vivienda sin avisar al inquilino, que pierde el derecho de la adquisición preferente. Y si el contrato no está inscrito en el Registro de la Propiedad, el nuevo dueño puede poner de patitas en la calle al arrendatario, automáticamente.
• Antes existía una prórroga obligatoria de cinco años para el contrato de alquiler, mientras que ahora el inquilino puede ser expulsado de la vivienda en solo tres.
• La revisión periódica de la renta a pagar estaba antes sujeta a la subida del IPC, para evitar abusos. A partir de ahora habrá “libertad de pacto”. Traducción para el inquilino: “o aceptas la subida que te planteo o te vas a la calle”.

Las supuestas “ventajas” que Pastor anuncia para el inquilino están siempre envenenadas.

• ¿Puede abandonar la vivienda a voluntad? Sí, con unas cláusulas penalizadoras que la ley apunta oportunamente para el contrato.
• ¿Puede registrar ese contrato para cubrir riesgos? Sí, asumiendo unilateralmente los gastos de inscripción que antes solían compartirse. Eso sí, ni rastro en la ley de nuevas garantías para evitar desmanes en los contratos, para impedir fianzas abusivas, para controlar la habitabilidad de las viviendas o para la atención a las reparaciones.

La ley ani-inquilinos tiene otros beneficiarios, que han pasado bastante desapercibidos. Las sociedades de inversión inmobiliaria disfrutarán de exenciones en el impuesto de sociedades de hasta el 85% con muchas menos condiciones que antes: bastará alquilar 8 viviendas durante tres años, tan solo.

No. Esta no es una ley para el fomento del alquiler. Esta es una ley para fomentar el beneficio de los de siempre, también en el alquiler.

Autores: Rafael Simancas (portavoz socialista de Fomento), Leire Iglesias (portavoz socialista de Vivienda)

Fuente: politica.elpais.com