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apartamentosenlaplayaHacienda parece estar dispuesta a dar mayor relevancia a los impuestos menos expuestos a los altibajos económicos en busca de mayor estabilidad a la hora de contar con ingresos recurrentes en materia de vivienda.

En este contexto y en relación a la reforma fiscal que prepara el Gobierno va imponiéndose la idea de incrementar la fiscalidad sobre la tenencia de vivienda, especialmente sobre segundas residencias que estén sin alquilar. Serían miles de viviendas, sobre todo en las zonas de costa y playa, las que se verían afectadas. Casas y pisos que en la mayoría de los casos, solo se habitan en periodos vacacionales o, si se alquilan, lo hacen de manera esporádica, y en muchos casos sin contrato alguno.

El problema surgió en el año 2008, que marcó el inicio de la crisis económica, cuando el PIB avanzó un 3,3% y, sin embargo, la recaudación tributaria del Estado se derrumbó un 13,6%. En 2009, el PIB nominal retrocedió un 3,8% y los ingresos fiscales cayeron en un porcentaje mucho mayor, un 17%. La reforma fiscal que aprobará el Gobierno pretende que el sistema tributario sea menos sensible al ciclo económico. Es decir, que un retroceso de la actividad no derive en un derrumbe de los ingresos públicos, un hecho diferencial de España respecto a la mayoría de países de la UE, donde la menor actividad no se tradujo en una caída tan drástica de la recaudación.

Actualmente los propietarios de segundas o más viviendas que no estén alquiladas sufren una imputación en el impuesto sobre la renta, incluyendo en su declaración el equivalente al 1,1% del valor catastral del inmueble o el 2% si la última revisión catastral si hizo con anterioridad a enero de 1994. Sobre el importe resultante se aplica el marginal que, en términos generales, puede ir del 24,75% hasta el 52% en función del nivel de renta del contribuyente.

El Ministerio de Hacienda modificará esta fórmula de tributación en la reforma fiscal y se plantean varias opciones. Desde elevar el porcentaje de imputación, hasta idear un sistema completamente nuevo para que el impuesto sobre la renta refleje el patrimonio de los contribuyentes. También, es previsible que se produzcan cambios en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

Detrás de estas recomendaciones subyace la evidencia de que los tributos que gravan la mera tenencia de viviendas han logrado soportar la crisis frente aquellos que se aplican sobre la compraventa. Un ejemplo de ello es el IBI, el único impuesto del sistema fiscal cuya recaudación no ha retrocedido nunca desde que se instauró en 1989. Ello ha ayudado a que los ayuntamientos (que son los encargados de ingresar el impuesto) acumulen dos ejercicios consecutivos con superávit. En cambio, las comunidades han visto como la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales pasaba de aportar en 2006 más de 10.000 millones a representar hoy menos de 4.000 millones.

Hacienda entiende que la reforma fiscal debe servir para reducir la presión fiscal sobre determinadas fuentes de renta (especialmente las del trabajo) sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Los números rojos del conjunto de la Administración alcanzaron los 67.755 millones y el compromiso pasa por rebajar este importe hasta los 30.900 millones en 2016. Supone un reto importante y exige que la recaudación que se pierda por la rebaja del IRPF se compense por el mayor crecimiento económico y también por los cambios en la fiscalidad patrimonial.

Fuente: cincodias.com

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itp-grafica-viviendaLa propuesta de suprimir el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), un tributo que grava la compraventa de viviendas segunda mano, es una de las recomendaciones que se incluyen en el informe de la comisión de expertos para la reforma fiscal que está preparado el Gobierno. Su eliminación supondría un ahorro fiscal de 15.000 euros al comprar una vivienda usada con un precio medio de 150.000 euros. La recomendación tiene difícil aplicación, y no pasará el filtro de Hacienda.

Según el informe de la "comisión de expertos" presidida por Manuel Lagares para la futura reforma tributaria: "La existencia del ITP supone gravar dos veces el mismo bien, dado que la vivienda ya fue gravada por el IVA en su momento. Eso desincentiva las transacciones sobre viviendas de segunda mano y resulta, por tanto, ineficiente".

El impuesto sobre transmisiones tiene su equivalente en la mayoría de países de la Unión Europea y durante el boom inmobiliario supuso una de las principales fuentes de ingresos de las comunidades autónomas, que deberían ser compensadas si el Gobierno central suprime el impuesto. Los expertos también defienden eliminar el impuesto sobre actos jurídicos documentados, un gravamen que se aplica en operaciones como la firma de un crédito hipotecario y que llegó a aportar 8.000 millones de euros a las comunidades en 2006.

El informe de la comisión reconoce que su propuesta de suprimir estos dos impuestos resulta polémica y, en caso de llevarse a cabo, generaría una fuerte disputa y una larga negociación entre la Administración central y las comunidades. Además, si bien la capacidad recaudatoria del impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados se ha reducido, los Ejecutivos regionales ingresan por ambos tributos en torno a 5.000 millones, cantidad que dejarían de recibir en caso de aplicar las recomendaciones. Un importe nada desdeñable en un contexto de obligada reducción del déficit. En este sentido, los expertos argumentan que su medida podría posponerse hasta que mejore la situación de las finanzas públicas.

En el año 2006, en pleno boom inmobiliario, las comunidades llegaron a ingresar más de 10.000 millones por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, una cifra que hoy apenas supera los 3.000 millones. En cualquier caso, la recaudación todavía es significativa y, en principio, debería aumentar en los próximos años, ya que el sector inmobiliario prácticamente ha tocado fondo o se encuentra muy cerca de hacerlo.

La propuesta, tampoco no ha gustado a los promotores, que en caso de adoptarse, las viviendas de segunda mano ganarían más atractivo aún y dificultaría la salida al enorme stock de viviendas nuevas. Esta medida, sin embargo, sí beneficiaría a las entidades financieras y a la Sareb, cuyos pisos suelen proceder de una segunda o tercera transmisión. Esto significa que ya tributaron por IVA y, por lo tanto, la venta ahora está sujeta a ITP, un impuesto autonómico y con un tipo impositivo que varía en función de la comunidad autónoma. La mayoría ha optado por fijar un gravamen del 10%, aunque Madrid aplica un tipo del 6%.

El Gobierno ya ha descartado algunas de las propuestas del "comité de sabios" para esta reforma tributaria, como la de imputar como renta la vivienda habitual en propiedad. Y dado que el mismo informe reconoce que la supresión del impuesto de transmisiones generaría una "importante distorsión en el mercado inmobiliario, dado que la vivienda nueva seguiría quedando gravada por el IVA", todo parece indicar que tampoco seguirá las recomendaciones de los expertos en este punto.

Fuente: cincodias.com

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impuestos-europaOtra de las situaciones extrañas y contradictorias que podemos encontrar en España. Según los expertos, tenemos uno de los sistemas fiscales con los impuestos más altos de la zona euro pero, al mismo tiempo, es también uno de los países que menos recauda con sus tributos. ¿Cómo es posible? A todas luces la reforma fiscal que el Gobierno está preparando es necesaria, otra cuestión es que acierten con las medidas que finalmente realizarán o a quién beneficiará más. Por lo pronto, ya han descartado algunas de las propuestas del "comité de sabios" para esta reforma tributaria, como la de imputar como renta la vivienda habitual en propiedad.

Los expertos coinciden en que se trata de un régimen fiscal ineficaz y perjudicado por el fraude. Precisamente, según el Gobierno, el objetivo de la reforma fiscal que está elaborando es crear un sistema "más justo, más eficiente y con suficiencia recaudatoria, así como bajar impuestos", tal y como ha declarado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este nuevo marco normativo no estará listo hasta junio y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2015. De momento, el "comité de expertos" presidido por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares, ya ha entregado El informe del comité de expertos con más de 270 medidas de cambios impositivos.

Si se analiza la recaudación impositiva en España respecto de los otros países de nuestro entorno, nuestro régimen fiscal sale muy mal en la foto. La media de ingresos públicos para la zona euro en 2012 (último dato disponible) fue del 46,2% del PIB. Pues bien, la recaudación en España, a pesar de contar con unos de los impuestos más altos, se situó en el 37,1% del PIB. Tan sólo tres países, Letonia, Irlanda y Eslovaquia, ingresaron menos que el sistema español. Es cierto que la recaudación en España se ha visto lastrada en los últimos años por la crisis y ha perdido bastantes posiciones respecto a sus socios, pero también lo es que incluso en la época de bonanza la Hacienda española recaudó mucho menos que sus vecinos. Por ejemplo, en 2007, en la cima del "boom inmobiliario", los ingresos representaban en nuestro país el 41,1% del PIB, mientras que la media de la zona euro era del 45,3%.

Además, de los cambios normativos que la reforma pueda introducir para mejorar la eficacia del sistema tributario español (como la simplificación del IRPF y el Impuesto de Sociedades y eliminar gran parte de las deducciones actuales en ambos tributos), los técnicos de Hacienda siguen reclamando más medios para la lucha contra el fraude. En este sentido, Gestha propone una reorganización en profundidad de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda que aumente las competencias y responsabilidades de los funcionarios en la lucha contra el fraude y el control de las subvenciones, así como que la AEAT aumente el número de funcionarios destinados a perseguir el fraude que, según datos de la OCDE, se ha convertido en una de las carencias del sistema tributario español, con sólo un trabajador de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.

La propuesta de reforma fiscal de los expertos incluirá medidas para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, porque así se lo ha pedido el Gobierno, como la publicación de la lista de defraudadores y morosos, una medida ya anunciada por Hacienda hace varios meses.

IRPF, el tercero más alto de la zona euro

España es el tercer país de la zona euro con un impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) más alto, según los datos que recoge la oficina estadística comunitaria, Eurostat. El tipo máximo aplicable en España se sitúa en el 52%, sólo por debajo de Portugal (53%) y Bélgica (53,7%), y muy lejos de la media de la región que está en el 43,4% (8,6 puntos porcentuales de diferencia). Esta figura fiscal sufrió la última subida en España en 2012. En un principio, se anunció como una medida temporal para ese ejercicio y el siguiente, pero el Gobierno la ha mantenido también en 2014. Esta alza no tuvo un gran efecto en los ingresos y sólo recaudó en 2012 unos 800 millones de los 5.000 previstos.

Habrá que ver qué cambios introduce en este impuesto la reforma, que entrará en vigor en 2015. Hacienda ya ha adelantado que supondrá una bajada para todos los contribuyentes, pero en diferente medida. Por lo pronto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sólo ha concretado que el mínimo exento en el IRPF se elevará a 12.000 euros anuales, lo que beneficiará a 1,5 millones de contribuyentes, principalmente a "mileuristas", y la rebaja del impuesto desde el 1 de enero de 2015 afectará a un total de 12 millones de contribuyentes, por lo que aproximadamente 7 millones tendrán que esperar a años sucesivos para reducir su carga fiscal.

IVA, también por encima de la media europea

El tipo máximo de IVA que se aplica en España, el 21%, también se coloca por encima de la media de la zona euro (20,5%). En este caso, las diferencias respecto de nuestros vecinos no son tan pronunciadas. El impuesto sobre el consumo español tiene el mismo tipo máximo que Bélgica, Letonia y Países Bajos y hasta cinco estados aplican un gravamen más alto (ver gráfico). Eso sí, el 21% de España se aleja bastante del 15% de Luxemburgo o el 18% de Malta y Chipre.

Esta figura fiscal tuvo la última subida en septiembre de 2012. Ahora los expertos que asesoran a Montoro creen que hay margen para elevar el tipo general al 23% y subir el reducido del 10% y reclasificar algunos productos. En esta línea, la Comisión Europea volvía a recomendar ayer a España que la reforma más eficaz a corto plazo sería bajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos mediante una subida del IVA, ya que se traduciría ya desde el primer año en un aumento adicional del PIB de un 1% y en un incremento de la tasa de empleo también del 1%.

Impuesto de Sociedades, el sexto país más alto

Respecto al Impuesto de Sociedades, España es el sexto país con el tipo más alto (30%). Sólo le supera Francia (36,1%), Malta (35%), Bélgica (34%), Portugal (31,5%) e Italia 31,4%. Además, en este caso el sistema español se vuelve a alejar bastante de la media, que se sitúan en el 25,3%. Hay que decir que en la zona euro este impuesto tiene cargas muy diferentes, por ejemplo, hay estados en los que el tipo está por debajo del 20%. Eslovenia con un 17%, Letonia con un 15%, Irlanda con un 12,5% y Chipre con un 10%.

Hacienda no parece dispuesta a rebajar este impuesto, ya que, según el ministro, el tipo efectivo para los grandes contribuyentes apenas alcanza el 4% gracias a las deducciones. Eso sí, fuentes fiscales aseguran que el Ejecutivo quiere dejar de favorecer fiscalmente el endeudamiento financiero de las empresas, reduciendo los gastos deducibles por este concepto, y por el contrario incentivar a aquellas compañías que destinen parte de su capital a autofinanciarse en lugar de, por ejemplo, dedicar dicho capital al pago de dividendos.

Se puede concluir que el sistema tributario español tiene muchos puntos débiles, veremos si la reforma en ciernes logra compensarlos.

Fuente: expansión.com

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 Soraya Sáenz de SantamaríaLa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que el Gobierno no incluirá en la reforma fiscal la propuesta del comité de expertos de imputar como renta la vivienda habitual en propiedad, exenta en este momento. Así, la portavoz del Gobierno quiso dejar claro que se trata de la propuesta y del análisis de los expertos y que, posteriormente, el Ejecutivo elaborará la reforma que estime conveniente, atendiendo algunas de las recomendaciones, pero rechazando otras.

Así, el Gobierno expresa su agradecimiento a un "trabajo serio, riguroso y cargado de sentido" que ha hecho el grupo de expertos formado, además, por "grandes conocedores del sistema tributario español". En concreto, sólo se ha especificado sólo las medidas ya adelantadas por Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación, donde anunció que las rentas inferiores a los 12.000 euros estarán excluidas del IRPF cuando se apruebe la reforma. Actualmente, los contribuyentes que ganan menos de 11.162 euros están exentos de retenciones en el impuesto sobre la renta. Rajoy también avanzó que "se mejorarán las deducciones fiscales para las familias, porque se elevarán significativamente los mínimos personales por hijos". "Y lo mismo se hará respecto a los ascendientes y personas con discapacidad que convivan con el contribuyente", aseguró.

El informe del comité de expertos, presidido por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares, contiene más de 270 medidas de cambios impositivos concretadas en 125 propuestas que afectan a todas las figuras tributarias, incluidas las cotizaciones sociales. Las propuestas de los expertos, ha matizado la vicepresidenta, es "una base para el debate, pero no es la base para la reforma del Gobierno, que será de calado, integral y completa". "Va a ir más allá de tocar ciertas figuras tributarias" ya que su objetivo es crear un "sistema equitativo y redistributivo que ayude a la integración y a la recuperación", ha reiterado.

El informe recomienda excluir del ámbito del IRPF de los rendimientos meramente imputados por bienes inmuebles, aunque previamente habría que poner en marcha un mejor sistema de las actuales valoraciones catastrales y una profunda reforma del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Mientras ese nuevo IBI no esté en funcionamiento hay que ampliar la base del IRPF y mejorar su neutralidad frente a la vivienda en propiedad o en alquiler. Por eso se propone que se incorporen al IRPF todos los rendimientos de los bienes inmuebles, ya sean imputados o reales, incluidos los de la vivienda habitual en propiedad. También se propone que todos los rendimientos procedentes de los inmuebles queden gravados en el IRPF dentro de la base del ahorro y no en la tarifa progresiva, equilibrándose así su tratamiento fiscal con el de los rendimientos procedentes del capital mobiliario. Una vez reformado el IBI, se propone la supresión en el IRPF de todos los rendimientos imputados.

La inclusión de la vivienda en el IRPF, lo que hubiera obligado a las familias a pagar por su residencia habitual, ha generado debate entre los expertos, tal y como ha reconocido su representante, Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública. La discusión sobre esta medida se enmarcó en una más amplia sobre la creación de un impuesto sobre la riqueza. En cualquier caso, no se puede descartar algún otro movimiento que penalice la vivienda en la medida en que la tendencia internacional pasa por aumentar su fiscalidad, ya sea con la imputación en el IRPF (rechazada) o mediante la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Fuente: elpais.com

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