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Un juez de Sabadell ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) la normativa actual sobre desahucios y ejecución de las hipotecas por considerar que perjudica a los ciudadanos embargados al vulnerar la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número dos de Sabadell, Guillem Soler, pide así al TC que estudie si es necesaria una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria.

hipotecas dacion pago1 - Un juez lleva al Tribunal Constitucional la legalidad de los desahuciosEl juez considera que la legislación debe adaptarse a las condiciones sociales y económicas actuales para evitar que los numerosos desahucios "generen exclusión social".

Además, en el auto se pide también al TC que contemple elevar el valor de la vivienda que finalmente se quedan las entidades financieras, dado que actualmente, después de la subasta, bancos y cajas adquieren el inmueble por el 50% de su valor inicial.

Esta práctica obliga a los ciudadanos desahuciados a seguir endeudados para cubrir la diferencia entre el valor de la vivienda y el importe total de la hipoteca que firmaron.

Contra el auto no cabe recurso alguno, por lo que se espera ya una resolución por parte del Tribunal Constitucional, que no cuenta con un plazo determinado para dictar sentencia.

El magistrado de Sabadell considera que las cláusulas hipotecarias contienen un "intenso desequilibrio contractual" entre la entidad y el cliente, y, considera, que éstos contienen "abusos" porque "no son efectivamente negociados entre las partes sino mayoritariamente predispuestos por la entidad financiera".

El juez, además, pone en cuestión que se decrete que el ciudadano haya incumplido su obligación de pago si ello no va acompañado del contexto en que se produce el impago.

De esta forma, el TC tendrá que dirimir la contradicción creada por dos secciones de la Audiencia Provincial de Navarra, que emitieron un auto a favor de la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria y otro que concluyó lo contrario.

Por último, en un comunicado, la asociación de consumidores Adicae aplaudió esta iniciativa, que "pone de manifiesto la sensibilidad de algunos jueces con el grave problema hipotecario que atraviesa una buena parte de la sociedad española".

"Se espera que sean muchos más magistrados los que se unan a este camino, en pos de una reforma justa de la legislación vigente en materia de embargos y ejecuciones hipotecarias", pidió Adicae.

Fuente: europapress.es

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Más de 24.000 consumidores se han sumado desde el pasado viernes a la demanda de Adicae contra 53 entidades financieras por las cláusulas de suelo de sus hipotecas.

Desde ese día, cuando el Juzgado número 11 de lo Mercantil de Madrid admitió a trámite la demanda presentada en noviembre pasado por 606 clientes, las oficinas de Adicae en toda España han recibido un aluvión de solicitudes de adhesión. Hasta el martes se habían sumado 23.799 consumidores.

CIMG07692 - La demanda contra el suelo de las hipotecas recibe 24.000 adhesionesAyer, con las primeras asambleas informativas en marcha, la asociación dejó de contabilizar adhesiones. «En las sedes de A Coruña, Santiago y Vigo, recibimos entre 150 y 200 llamadas al día; eso aparte de quienes se registran en la web. Estamos hablando de más de un millar de adhesiones desde el viernes», explica María Queijas, responsable de Adicae en Galicia.

La demanda comenzó a gestarse hace un año. La asociación acudió al juzgado madrileño «para que un solo juez tuviese todas las piezas del puzle», explica el abogado Pablo Mayor. En su escrito reclama la nulidad de las cláusulas de suelo por considerarlas una práctica abusiva.

El viernes la jueza admitió a trámite la demanda contra 45 entidades; el martes se aportó documentación contra otras ocho más (entre ellas, el Banco Etcheverría). «Por el número de entidades, la práctica totalidad del sistema financiero español, es la demanda más importante contra la banca presentada en España», avisa Mayor, que recuerda que la ejecución provisional que anula la cláusula autorizada esta semana por un juez de Sevilla solo afecta a tres entidades.

Hay otra diferencia sustancial. «Mientras allí se pide la nulidad, nosotros añadimos la exigencia de que se reintegren las cantidades aportadas», explica Mayor. Según Adicae, que solicitó información al Banco de España, la cifra a devolver por la banca supera los 3.300 millones de euros.

Fuente: lavozdegalicia.es