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IRPH, la última pesadilla judicial de los bancos

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Los bancos afrontan el otoño pendiente de nuevo de los tribunales y las hipotecas. Tras los últimos conflictos en torno a las cláusulas suelo y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), la preocupación en el sector financiero ahora tiene otras iniciales: IRPH. Se trata de uno de los índices a los que se referencian los préstamos que se conceden para la compra de vivienda y este martes, 10 de septiembre, está previsto que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita una opinión sobre él. Su postura no es vinculante, aunque puede dar una idea de la decisión que acabe tomando el propio TJUE a finales de este mismo ejercicio o en el arranque de 2020.

En torno a un millón de clientes de las principales entidades españolas están pendientes de su pronunciamiento. No se trata de una cuestión de legalidad o no, ya que el IRPH es un índice legal y admitido por el propio Banco de España, sino de procedimiento, es decir, de cómo los bancos vendieron en su día esas hipotecas y si fueron lo suficientemente transparentes con el cliente.

El IRPH se calcula en base a una media de los préstamos a tres años concedidos por los bancos, las cajas de ahorro y las entidades financieras en general. Su origen data de una orden ministerial de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras que pretendía crear una referencia hipotecaria estable frente a la oscilación de otros índices. Fue muy utilizado en el periodo entre 2005 y 2009, coincidiendo con el auge del mercado inmobiliario y con un Euríbor que parecía imparable en la subida. En este contexto, la naturaleza menos volátil del IRPH le añadía atractivo y supuso un refugio para muchos clientes.

Sin embargo, la crisis dinamitó el mercado inmobiliario y el Euríbor comenzó a bajar lastrado además por los programas de estímulo económico puestos en marcha por el Banco Central Europeo (BCE) para reactivar la economía. Hoy este indicador se encuentra en su nivel mínimo histórico rozando los 40 puntos básicos negativos.

Mientras el Euríbor se despeñaba, el IRPH se mantuvo estable, provocando que los usuarios que lo tenían contratado pagasen cuotas más elevadas que aquellos que tenían préstamos variables con referencia al otro índice.

Las asociaciones de usuarios bancarios reclaman ahora que las entidades no explicaron con suficiente claridad los riesgos y que hubo mala praxis comercialización, un asunto que debe dirimir ahora el TJUE tras las consultas formuladas por un juzgado de Primera Instancia de Barcelona.

Larga batalla

La batalla judicial por el IRPH no es nueva. En España, el Tribunal Supremo validó la cláusula a finales de 2017 argumentando que se trata de un índice oficial y de fácil conocimiento para un cliente normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. El Alto Tribunal daba así la razón a un recurso interpuesto por Kutxabank frente a una reclamación de un cliente que pedía la nulidad del IRPH.

La cuestión ahora es si este índice tiene cabida con las directivas de transparencia europeas. En juego hay miles de millones. Hasta 44.000 millones, según el peor escenario planteado por Goldman Sachs; unos 25.000 millones, de acuerdo con los cálculos de la asociación de usuarios Asufin y hasta 3.600 para Barclays.

El IRPH es el mayor riesgo de litigio del sistema financiero español, aseguraba el banco en un análisis a principios de verano. El riesgo, eso sí, no es igual para todos. Las entidades han ido poco a poco dando cifras de su exposición al conflicto tras los requerimientos de los organismos supervisores. CaixaBank parte de la posición más desfavorecida tras reconocer una cartera crediticia de 6.700 millones de euros, seguida por Banco Santander, con 4.300 millones) y BBVA, con 3.100 millones, tal y como reconocieron en la última presentación de resultados correspondientes al primer semestre del año. En el caso de Bankia, su exposición se eleva a 1.600 millones y Sabadell, a 831 millones. En total, más de 16.500 millones, que no incluyen el balance de Kutxabank -una de las entidades pequeñas más afectadas- ni el de Bankinter, que no comercializó este tipo de préstamos.

Si la cláusula que incluye el IRPH se declara nula, el factor más importante para estimar el impacto sería conocer el índice sustitutivo que debería aplicarse al contrato hipotecario. El peor de los casos es que el TJUE deje el contrato de hipoteca sin intereses pagaderos a partir de la fecha de inicio de la hipoteca. Ese escenario podría dejar la puerta abierta a una responsabilidad teórica de miles de millones de euros. Sin embargo, es muy difícil estimar con certeza el impacto, ya que hay muchos factores a considerar.

Las claves

De manera resumida, la Justicia europea debe aclarar si el IRPH está exento de control de transparencia, cómo quedarán las hipotecas si la sentencia favorece al cliente -si se debe sustituir el IRPH por el Euríbor- y si, en caso de tener que devolver el dinero, lo harán con carácter retroactivo.

Este último punto, además, abre el interrogante de cuánto abarcaría ese periodo de retroactividad, que es otra de las claves para delimitar el impacto sobre el sistema bancario español. En este caso, la sentencia afectaría a toda la cartera hipotecaria del periodo que la justicia determinase, lo que según Goldman Sachs elevaría la factura a 44.000 millones de euros.

Es muy pronto para estimarlo. BBVA está de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 2017 que declaraba que los préstamos eran transparentes y no abusivos, aunque respetamos cualquier otra sentencia que pueda producirse.

En la misma línea se pronunció José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, quien evitó dar una cifra. Es altamente especulativo hablar de los posibles impactos de una sentencia que no sabemos cómo se producirá. Vamos a esperar a verla y entonces comunicaremos su potencial impacto.

La cautela es la tónica general entre las entidades. Los bancos esperan que el TJUE declare la venta de esas hipotecas como transparentes y por eso no han dotado ninguna provisión al respecto. Sin embargo, en los últimos años, algunas entidades han ofrecido a los clientes la posibilidad de novar sus hipotecas vinculadas a IRPH a otros índices o a tasas fijas, reduciendo así la exposición actual de los préstamos hipotecarios residenciales IRPH.

Según las estimaciones de DBRS, del total de las hipotecas residenciales otorgadas por las entidades españolas desde 1999, alrededor del 7,6% estaban vinculadas al IRPH. Obviamente, aquellos bancos con una exposición significativa aún por amortizar se verán más afectados. Sin embargo, el impacto potencial no está relacionado sólo con la exposición actual, sino con el número total de préstamos otorgados ligados al IRPH. Existe una gran diferencia entre regiones, siendo Cataluña la autonomía con la mayoría de los préstamos hipotecarios IRPH otorgados. DBRS calcula que alrededor del 36% del total de las hipotecas residenciales ligadas al IRPH desde 2004 fueron otorgadas allí.

Reaccion de los bancos

Las entidades financieras están intentando quitar presión a lo que suceda este martes en Luxemburgo. Fuentes financieras explican que el criterio del abogado general del TJUEes independiente de la futura sentencia, por lo que consideran que lo que ocurra este semana será solo "un paso más en el desenlace de este caso".

Lo cierto es que los magistrados de la institución judicial europea suelen tener muy en cuenta la valoración imparcial e independiente de los 11 abogados generales que están integrados en el organismo a propuesta de los países miembros. El caso del IRPH está en manos del polaco Maciej Szpunar.

No se considera pertinente exigir al banco que ofreciera al prestatario distintos índices de referencia, ni que conociese e informase sobre la evolución futura del IRPH, lo que por definición es imposible, se defienden en el sector bancario.

Una de las peculiaridades de este caso es que el Gobierno va de la mano de la banca al temer un impacto extremadamente elevado sobre la estabilidad financiera del Estado español si el sector sufre un revés en el litigio que mantienen en Europa por la presunta falta de transparencia y abusividad de cientos de miles hipotecas referenciadas al índice IRPH.

El Gobierno que dirige Pedro Sánchez planteó en junio de 2018 su opinión sobre el caso IRPH a petición del propio tribunal europeo. Su posición remarcaba que este índice no podía ser juzgado bajo la directiva de cláusulas abusivas al tratarse de un tipo oficial y no de una condición fijada en el contrato entre las partes.

La posición del Gobierno chocó con la publicada semanas después por la Comisión Europea, que aplicaba un filtro más estricto sobre este índice apoyándose en la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas. El texto establece que el juez nacional puede dejar sin aplicación una cláusula contractual que considere abusiva y remarca que el deber de transparencia consagrado en los artículos 4, apartado 2 y 5 de la Directiva 93/13 en relación con una cláusula esencial del contrato como es la cláusula controvertida comprende, en particular, la obligación para el profesional de explicar al consumidor, antes de la firma del contrato, cómo se configura el tipo de referencia, cuál ha sido la evolución de dicho tipo en el pasado así como su posible evolución futura, comparado con otros tipos empleados en el mercado. En caso de no hacerlo, la cláusula puede considerarse engañosa.

El presidente de la asociación de usuarios Adicae, Manuel Pardos, cree que la justicia europea acabará fallando contra las entidades españolas: "El índice IRPH es una trampa en sí. Se vendió a los clientes asegurándoles que iba a protegerles frente a una subida de otros índices y al final ha acabado perjudicándoles».

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