Más de la mitad de los alquileres de viviendas en España no son declarados fiscalmente. Un 54% (más de un millón de alquileres) según el Síndicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), datos que han dado a conocer a través del Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España, y que está siendo discutido en el IX Congreso Nacional que ha comenzado hoy.
Traducido en términos fiscales, ese 54% de alquileres no declarados significa unos 2.450 millones de euros que Hacienda está dejando de cobrar. Esta cantidad que no llega a ingresarse en las arcas públicas resulta de aplicar las reducciones aplicables, pero excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.
El informe ha elaborado el a partir del cruce de los últimos datos de la Agencia y del Ministerio de Vivienda, y revela que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 (Ley de Prevención del Fraude Fiscal) permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, lo cierto es que en tres años el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%.
Por zonas geográficas, el Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España señala que más de 2/3 de las viviendas alquiladas cuyos arrendamientos no están declarados (un 68% del total) se concentra en Cataluña, Andalucía y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
En relación a la cuantía, Cataluña lidera el ranking nacional con más de 740 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las comunidades de Madrid y Andalucía, con 709,7 millones y 404,4 millones de euros, respectivamente. En las Islas Canarias esta cifra es de 148,6 millones de euros, mientras que en la Comunidad Valenciana y en Baleares asciende a 123,6 millones y 78,3 millones de euros cada año, respectivamente.
Gestha denuncia a través de este informe que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, Hacienda aún no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva que obligaba a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas, con el fin de permitir la identificación de los inmuebles que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente una alquiler sumergido.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda considera "imprescindible" que se cumpla la disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar medidas para que los técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones.
Fuente: elpais.com
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