Hoy martes 27 de julio, en el Ministerio de Vivienda comenzará la "V Conferencia Sectorial de Vivienda", y en el ambiente flota la densa bruma del descontento por parte de las comunidades autonómicas que se verán seriamente afectadas por los primeros recortes presupuestarios en materia de vivienda.
Beatriz Corredor, la titular del Ministerio de Vivienda se tendrá que enfrentar a todas comunidades autonómicas (incluidas las socialistas) que no están nada de acuerdo con los recortes económicos previstos en vivienda.
Ya las primeras chispas saltaron ya en la Comisión Multilateral del pasado jueves 22 de julio con todas las comunidades para preparar esta V Conferencia Sectorial. En esta reunión previa y de preparación de la conferencia Javier Ramos, secretario general del Ministerio de Vivienda, se encargó de trasladar a los directores generales las diferentes regiones de manera verbal -sin documento alguno de por medio y sin que figurara inicialmente en el orden del día- los cambios presupuestarios ("reordenación de las estrategias", según Vivienda) que su cartera llevará a cabo en el marco de la modificación del Real Decreto 2066/2008 que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 20009-2012 (PEVR).
Los cinco puntos de la discordia y el descontento de las Comunidades Autonómicas
- La eliminación de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) para la compra de vivienda protegida a partir de 2011 (310 millones).
- Supresión de la Reserva de Eficacia ya en 2010. Hasta ahora, las comunidades podían sobrepasar las actuaciones y objetivos previstos en un 20% de tal modo que el Ministerio les garantizaba este presupuesto como un premio a la eficacia (140 millones).
- Se dejará de subvencionar a los promotores que adquirieran o urbanizaran suelo para promover vivienda protegida.
- El Ministerio de Vivienda dejará de financiar las Ventanillas Únicas de información de las comunidades. Sólo se mantendrá este apoyo a las ventanillas de ARIs (Áreas de Rehabilitación Integral) y ARUs (Áreas de Rehabilitaicón Urbana).
- Reducción de las ayudas a los promotores que impulsen el alquiler.