El Consejo de Ministros ha aprobado una "primera fase de medidas de protección de deudores hipotecarios" para paliar la situación de las personas afectadas por desahucios.
Por una parte, se han fijado las condiciones bajo las cuales los desalojos serán paralizados durante dos años en su fase final. Podrán beneficiarse de estas medidas "los colectivos más vulnerables", que el Gobierno ha catalogado como aquellos que se encuadren en estas situaciones de renta:
Casos que en su unidad familiar no superen en 3 veces el nivel de renta del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos, 1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales).- Cuya cuota hipotecaria sobrepase el 50% de los ingresos netos.
- Personas o familias que hayan visto una "alteración significativa de las circunstancias económicas", es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años -es decir, que si suponía un 40%, haya pasado a ser un 60%-; que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos; que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.
Además, los beneficiarios deben cumplir alguna de estas circunstancias:
- Familias numerosas o con menores de 3 años de edad.
- Unidades monoparentales con al menos dos hijos menores a su cargo.
- Familias que tengan a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral.
- Deudores en paro y que hayan agotado las prestaciones por desempleo.
- Familias en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.
- Personas en algunos supuestos de violencia de género.
Estas personas "van a continuar en su casa sin coste alguno durante dos años", ha señalado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien valora esta consecuencia como "un alivio muy importante".
Fondo social de viviendas
Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que se creará un fondo social de viviendas destinado al alquiler, "a precios bajos, muy razonables para personas que no tengan vivienda".
Luis de Guindos ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la bolsa de pisos para alquilar se nutrirá de los inmuebles adjudicados por impagos propiedad de la banca, muchos ahora en manos del FROB.
Aportaciones de otros grupos
Santamaría ha explicado que estas son las medidas "más urgentes, más inmediatas, que hay que poner en marcha ya", y que este decreto ley "pasará a las cortes generales a un proceso de diálogo y negociación política en la que esperamos aportaciones de todos los grupos, especialmente del grupo socialista".
Técnicos del Gobierno y del PSOE han negociado durante los últimos días con el fin de alcanzar un acuerdo que quedara reflejado en el decreto, que finalmente se ha aprobado sin que hubiera un pacto.
Entre los aspectos que se dejan para la negociación parlamentaria, la vicepresidenta mencionó la modificación de los intereses de demora que cobra la banca, medidas para garantizar la independencia de las tasadoras respecto a los bancos, limitar el valor de la vivienda que se adquiere para evitar el sobreendeudamiento e iniciativas para evitar las cláusulas abusivas en las hipotecas. Será en esta fase posterior en la que podrían introducirse cambios en la legislación hipotecaria.
Dación en pago
Sobre la advertencia de Bruselas de que "cualquier regulación que afecte al sector financiero debe ser consultada" al equipo técnico de la Comisión y el BCE, Luis de Guindos ha indicado que este decreto no modifica la Ley Hipotecaria, ya que se limita al proceso de lanzamiento, que es la fase final del procedimiento de ejecución hipotecaria y que normalmente coincide con el desahucio.
El Gobierno debe consultar los cambios en la normativa de hipotecas con la CE, el BCE, y pedir asesoramiento al FMI en el caso de que las medidas tengan impacto en el saneamiento del sector financiero y los objetivos fijados por la eurozona en el rescate de la banca española.
En cuanto a la dación en pago de la vivienda, el ministro, que la calificó como una solución "de última instancia", recordó que es algo que ya está incluido en el "Código de Buenas Prácticas" de la banca y opinó que no es la solución "ideal", ya que el propietario pierde su vivienda e implica contratos hipotecarios más caros. "Lo que queremos evitar es que alguien se vaya de su casa", dijo.
Guindos valoró la "actitud favorable" de la banca para evitar los desahucios y señaló que la tasa de mora es del 3%, lo que supone que hay muchos deudores que pagan puntualmente su hipoteca.
Fuente: elmundo.es
