El Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, presentaba algunas de las medidas propuestas para el Plan Estatal de Vivienda, durante la sesión de control al Gobierno, entre las que destacaba la posibilidad de garantizar el alquiler a aquellas personas que hayan sufrido el desahucio de su vivienda habitual en pisos que se encuentran en propiedad de entidades bancarias o propietarios particulares que no residan en dicha vivienda.
El plan permitirá que estas viviendas se pongan a disposición de las comunidades autónomas, otorgándoles su gestión y administración en función de unas pautas para que, las personas que más lo necesiten, puedan disponer de ellas en régimen de alquiler social.
Esta medida continúa construyendo un nuevo Plan de Vivienda que estará listo para la primera quincena de marzo, ha asegurado el ministro, y afirma, también, que con el nuevo plan espera favorecer que las comunidades autónomas y grandes ayuntamiento empiecen a cambiar la política dirigida a favorecer un aumento de la oferta que conseguía disminuir el precio del alquiler.
De la Serna proseguía exponiendo que su objetivo es presentar próximamente en el Consejo sectorial el plan y su reparto de fondos para que las comunidades autónomas puedan proceder a firmar los convenios correspondientes y ha defendido que más de la mitad de observaciones realizadas por estas administraciones se han incorporado al plan. Varias de ellas, ha dicho, referidas a colectivos más vulnerables. El ministro ha realizado estas valoraciones, consecuencia de la interpelación dirigida por el portavoz de Vivienda de Unidos Podemos, Rafa Mayoral, que ha criticado al Gobierno por no hacer nada a pesar del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la vivienda.
Durante esta sesión también se ha criticado la enmienda a la totalidad del proyecto, y que la reforma de crédito hipotecario del Gobierno no obtuviera apoyo en el Congreso y, por consiguiente, la mayoría de la Cámara optara por que fuera la norma de Guindos, "el representante de los bancos".
"Más claro, el agua: la ley española no cumple la norma internacional. Esto es lo que tiene. Estamos fuera de la legalidad internacional", ha dicho Mayoral, que ha calificado como de vergüenza que el Gobierno respondiera a ese dictamen hablando de los existentes mecanismos de protección a los deudores hipotecarios "cuando le preguntan por desalojos forzosos sin alternativa habitacional".
Por su parte, De la Serna ha señalado que aunque los datos de lanzamientos de viviendas aún siguen siendo preocupantes, ha destacado que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de ejecuciones ha alcanzado su cifra más baja desde 2008.
"Algo tendrá que ver algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno", ha defendido, destacando que, gracias a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy desde 2012 se han suspendido más de 24.000 lanzamientos y se han adjudicado 9.020 viviendas del Fondo Social habilitado, el 90% de las disponibles para colectivos vulnerables, según ha explicado.
Respecto al dictamen, el ministro cree que se ha realizado un gran esfuerzo por parte del Gobierno para cumplir con los criterios marcados, aunque ha recalcado que dentro del ámbito competencial, pues las competencias en materia de vivienda están transferidas a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Interpelado por Mayoral ante los sucesivos recursos de inconstitucionalidad a leyes aprobadas por gobiernos y parlamentos autonómicos, De la Serna ha justificado estos vetos por el incumplimiento que estas normas hacían de la Carta Magna.
Fuente: eleconomista.es
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