Después de que el Senado diera el visto bueno a la nueva ley de alquiler, con ella incluía algunos cambios respecto a los alquileres vacacionales. En resumen, han incrementado el número de requisitos legales a cumplir, para poder llevar a cabo estas negociaciones.
Por ejemplo, miles de pisos en Almería y apartamentos son alquilados en verano, y ahora todas esas operaciones van a tener más complicaciones que anteriormente.
Según ha anunciado el Gobierno, el objetivo de esta nueva modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que tendrán que desarrollar las comunidades autónomas, es tener un control mayor sobre los arrendamientos estivales.
Algunas de las medidas que se plantean es exigir a los particulares que alquilen, la comunicación previa al Ayuntamiento; la inscripción de la vivienda en un registro; la contratación de una empresa de asistencia y mantenimiento; el sometimiento a la inspección pública de las viviendas; la disposición de hojas de reclamaciones y la tenencia de un registro de ocupantes que debe entregarse a la policía.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha considera estas medidas “un atropello bajo la excusa de que se hace la competencia desleal al sector hotelero o que se rebaja la calidad de la oferta turística”.
“Se trata de un ataque a las economías domésticas que no pueden vender su casa en la actualidad y que ven como única alternativa el alquiler de su segunda vivienda”.
José Antonio Díaz Roda, presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCA) en Almería, sin embargo, tiene una posición más matizada en el sentido de que “hay muchos alquileres de temporada que son clandestinos, sin contrato y con muchos inconvenientes para el usuario, no hay más que darse una vuelta por El Zapillo, Aguadulce o Mojácar”.
En su opinión, “los precios abusivos muchas veces parten de este tipo de arrendamientos y estoy de acuerdo con esta modificación siempre que no sea una carrera de obstáculos para el propietario, todo don medida”. Apunta también, que los apartamentos para estudiantes también entran en muchos casos dentro de la economía sumergida, al firmarse sin contrato.
Diego García Molina, el presidente de Ashal, se muestra partidario de tener en cuenta la zona. “Todos debemos entrar dentro de la legalidad, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo esta actividad en Roquetas o Mojácar que los pequeños pueblos alpujarreños, no se puede ahogar a las pequeñas casas rurales con exigencias que les sobrepasan”.
Fuente: lavozdealmeria.es
Me parece una medida fuera de lugar, muchos propietarios han de alquilar su vivienda, para poder hacer frente a su maltrecha economía, las medidas que deberían tomar es de ayuda y no de complicar la vida de los ciudadanos que están tratando de pagar sus facturas, cosa que no hace el gobierno.
Una norma abusiva con la única pretensión de recaudar, el 95% de las viviendas ni siquiera tienen aislamientos térmicos, que se ocupen de controlar que al menos las de nueva construccion cumplan y dejen de aplicar mas impuestos, para manatener políticos y Ayuntamientos.