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El Gobierno, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, va a instar a notarios y registradores de la propiedad a devolver los más de 400 millones de euros que cobraron de más a cientos de miles de clientes por cancelaciones hipotecarias, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que así lo estipuló.

Registro de la propiedad

Eso es lo que ha garantizado el Ejecutivo al diputado de Izquierda Unida Sixto Iglesias quien se interesó por las medidas que iba a poner en marcha el Gobierno tras la resolución dictada por el Alto Tribunal sobre el cobro excesivo de honorarios registrales de las cancelaciones de hipotecas.

La sentencia resuelve el recurso planteado por los Consejos de Notarios y Registradores contra un real decreto de 2011 que pretendía aclarar una rebaja en los aranceles aprobada en una ley de 2007. El Tribunal Supremo desestimó las pretensiones de Notarios y Registradores y ratificó la interpretación que la organización de Consumidores y Usuarios y otros tribunales de Justicia venían haciendo.

ORDEN DE LA FISCALÍA

En consecuencia, recuerda el Gobierno en su respuesta, recogida por Europa Press, la Fiscalía del Supremo obligó a la Dirección General de Registros y del Notariado a dirigirse a Notarios y Registradores para exigirles que devolvieran los más de 400 millones cobrados de más a cientos de miles de clientes que cancelaron sus hipotecas.

El Gobierno también apunta que la Dirección General de los Registros y del Notariado ya ha resuelto numerosos recursos de alzada en los que tanto personas físicas como jurídicas impugnaban determinados conceptos de las minutas de honorarios o su cuantía, emitidas por Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

En todos aquellos recursos que versan sobre cancelaciones hipotecarias, las resoluciones de la dirección general de Registros y Notariado estimaron la pretensión de los recurrentes y se impuso al notario o al registrador afectados, la obligación de devolver al interesado el importe de lo cobrado indebidamente.

"Es por ello que, en esta misma línea, la Dirección General instará al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España la aplicación de medidas concretas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo", concluye el Ejecutivo.

Fuente: europapress.es

 

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Una de las obsesiones de Izquierda Unida es no aparecer ante la opinión pública como una fuerza yerma, vacía, sin alternativa. Por eso cada cierto tiempo anuncia un paquete de medidas contra la crisis. El coordinador federal, Cayo Lara, acompañado de su secretario de Economía, José Antonio García Rubio, presentó, hace unos días, su plan global de "iniciativa social" frente al desempleo y las consecuencias de la recesión.

Cancelación de hipoteca con entrega de viviendaUna de las propuestas es la regulación de la dación en pago. Es decir, IU pide que si un ciudadano no puede pagar su hipoteca, entregue al banco su vivienda y con ello dé por cancelada por completo su deuda. Es una fórmula que ya existe en Francia y EEUU, y se conoce como efecto sonajero. Lógico: remite a la imagen de devolver las llaves de un piso.

Hoy en España, cuando una persona no es capaz de seguir abonando sus letras, la entidad embarga la vivienda y la pone a subasta. Pero el afectado por desahucio tiene la deuda viva si esta supera el valor del inmueble. Y ha de pagarla, al igual que los intereses. De lo contrario, el banco retendrá el resto de bienes disponibles. Así, el drama de una familia que ha perdido su piso se prolonga aún más. Una situación "insultante" que Lara exige al Gobierno que ataje.

IU avanza que haría falta retocar, por un lado, la Ley Hipotecaria, para que "sólo el bien hipotecado responda como garantía del pago del crédito concedido". Y por otro, se incluiría la dación en pago en el Código Civil como "procedimiento preferente" para liquidar los impagos de un crédito. Además, la federación demanda una Ley de Endeudamiento Familiar, a fin de que las familias no puedan entramparse de forma ilimitada.

Hacia los 100.000 desahucios

Lara se apoyó en los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que computó 51.975 ejecuciones hipotecarias de enero a junio de 2010, lo que hace suponer que la cifra llegará a los 100.000 en diciembre. De hecho, 2009 se cerró con 93.319 solicitudes de embargo, un 59% más que en 2008.

IU plantea otras medidas para "asegurar el derecho a la vivienda" que, como recordó el coordinador, consigna la Constitución en su artículo 47. Reclama que la fiscalía se persone en las causas de desahucio por impago de hipotecas cuando los afectados aporten indicios de irregularidades en los contratos hipotecarios. Para la federación, los jueces deberían actuar de oficio si observan fraudes en los mismos. Lara exige asimismo que se suspenda el embargo cuando "al menos uno de los miembros de la unidad familiar" esté sin trabajo. ...continúa leyendo "Que las hipotecas se cancelen entregando la vivienda (Izquierda Unida)"