Antes de pedir ayuda al fondo de rescate, el Gobierno debe terminar de aplicar las reformas y ajustes ya comprometidos.
Los más apremiantes son los cambios legales en el sector financiero, de los que depende que se desembolse la ayuda de 100.000 millones a los bancos españoles más problemáticos. El Ministerio de Economía dará el primer paso este viernes, con la definición del banco malo y la reforma que permita al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquidar entidades insolventes.
El banco malo es una sociedad gestora de créditos tóxicos, al que las entidades financieras que necesiten ayudas públicas deberán traspasar préstamos de dudoso cobro. El Gobierno estudia limitarlo al dinero prestado a promotores inmobiliarios, aunque Bruselas sugirió incluir cualquier activo con claros signos de deterioro: desde créditos a empresas de otros sectores a préstamos a particulares con serias dificultades para devolver el dinero.
El debate no está cerrado. “Es algo que aún se debe consensuar con la troika, pero ahora se está barajando que el banco se quede limitado al riesgo inmobiliario: créditos adjudicados y dudosos, pero también los activos que aún no son morosos pero tienen riesgo de serlo. Está en discusión incorporar los créditos inmobiliarios normales”, explica una fuente conocedora del proceso. Una portavoz de Economía rechazó hacer comentarios al respecto.
Bruselas quería una gran purga de la cartera crediticia española, con cualquier activo que se pueda considerar dañino, pero diseñar un banco así resulta muy complejo y Europa tiene prisa. Reclama que la nueva entidad esté operativa a finales de noviembre. Y el negocio vinculado al ladrillo es, al fin y al cabo, la parte del león: unos 304.000 millones de euros en créditos a promotores de los cuales más de la mitad, unos 180.000 millones, corresponden a créditos morosos, a préstamos que están al corriente de pago pero son de riesgo (subetándard en la jerga financiera) o activos adjudicados (viviendas y suelos que se quedó el banco por impago de créditos).
La cuestión es qué ocurrirá con el resto del ladrillo, 125.000 millones en crédito para construcción y promoción inmobiliaria, supuestamente sano. Porque hace tiempo que los mercados arquean las cejas ante esos números. Y el FMI recela de la morosidad oculta o contenida, gracias a la renegociación de deudas entre las entidades y clientes con dificultades para pagar.
“El problema es que un mismo préstamo no es juzgado igual de sano por unas entidades y otras, que hay activos calificados de corrientes pero se han renegociado dos y tres veces. Lo hemos comprobado con los créditos sindicados [los que un grupo de entidades distintas otorgan a una sola empresa]; ese mismo contrato no estaba provisionado en algunos bancos, porque se consideraba normal, estaba provisionado al 30% en otro y más de la mitad en otros… ¿Dónde pones el corte de lo que será el crédito tóxico?”, explican desde una de las firmas que ha auscultado al sector. En opinión de esta fuente, “sería más fácil empezar creando una gran inmobiliaria con los inmuebles adjudicados”.
Fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan que también podrían entrar en el futuro banco malo los centenares de sociedades inmobiliarias en los que las entidades tienen participación. Lo que sí está claro es que en una primera fase entrarán en el banco malo los activos tóxicos de los bancos rescatados: BFA-Bankia, Catalunyacaixa, la gallega NCG Banco y el Banco de Valencia. Luego se incorporarán los de otras entidades que, sin haber sido intervenidas, sí requieren ayudas públicas para poder recapitalizarse una vez certifiquen la pérdida de valor de sus activos como consecuencia de esta interminable crisis económica.
Fuente: politica.elpais.com
