Han pasado dos meses y medio desde Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraba injusto el sistema hipotecario español, ahora, el Gobierno español ha aprobado una nueva ley (la 1/2013) que desoye los planteamientos de la ILP por la dación en pago (la que recogió un millón y medio de firmas) y que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tilda de "inútil, ilegal y que vulnera derechos humanos".
La nueva ley solo permite un mes de plazo para que los afectados aleguen cláusulas abusivas, y la PAH lo considera muy grave. El equipo jurídico de la PAH acaba de lanzar un "kit de emergencia" para las familias que no pueden pagar la hipoteca y tienen procesos de ejecución en curso. Este kit ayudaría a los casos más urgentes, los que están amenazados de desahucio.
Este paquete de documentos incluye consejos generales para que estas familias puedan alegar cláusulas abusivas en su contrato hipotecario antes del 16 de junio, el mes que la nueva ley da para alegar; modelo de escrito para que soliciten justicia gratuita; para plantear las cláusulas abusivas y también para solicitar que se suspenda la subasta notarial.
Las principales críticas de la plataforma antidesahucios a la nueva ley son que no contempla "ninguna opción" para las personas que ya han perdido la vivienda "condenándoles a la exclusión social"; y que para los procedimientos vivos fija solo el mes de plazo para alegar cláusulas abusivas, lo que considera "inseguridad jurídica". Además, la nueva ley sigue permitiendo los desalojos forzosos y "sin alternativa habitacional" y "mantiene la deuda perpetua". Aunque la nueva ley "formalmente introduce la posibilidad de la retroactividad, las condiciones exigidas impiden llevarla a la práctica".
Así, la PAH llama a la ciudadanía a seguir luchando para frenar los desahucios y también hace un llamamiento a los jueces "que han demostrado mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el propio Gobierno, y muchos han denunciado ya la ineficacia de la ley recientemente aprobada" y les pide que actúen de oficio: que vayan más allá de la nueva ley y apliquen la normativa europea, permitiendo que los afectados planteen cláusulas abusivas.
También nos recuerda además que, mientras se están produciendo desahucios, en España hay tres millones de viviendas vacías, según los datos del INE, muchas de ellas procedentes precisamente de embargos.
Fuente: elpais.com
