Susana Díaz, la consejera de Presidencia e Igualdad, ha manifestado este lunes que el Gobierno andaluz se alegra de que Cataluña siga el camino de Andalucía a la hora de dar respuesta al drama de los desahucios, con un impuesto que pretende gravar las viviendas vacías de bancos y promotores inmobiliarios.
Tamién, en declaraciones a los periodistas, Susana Díaz ha señalado que, sin duda, Andalucía ha marcado el camino y que ahora otras comunidades autónomas se están sumando una tras otra a lo que es una demanda social.
Según la consejera, no es normal que el Gobierno central no abra los ojos ante la realidad que se está viviendo y ha recalcado que Andalucía, con su decreto ley sobre la función social de la vivienda, ha sido valiente y pionera con una norma "perfectamente constitucional", que da salida a muchas familias que hace muy poquito tiempo formaban parte de la clase media trabajadora y que ahora están en una situación muy difícil.
Después de que el Partido Popular haya modificado la enmienda que recogía su supresión con efectos retroactivos, finalmente el proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquilermantendrá las subvenciones para construir viviendas de alquiler social ya incluidas en anteriores planes estatales de vivienda.
Esta última decisión de modificar la enmienda 105 del proyecto de Ley para mantener la subsidiación de los préstamos convenidos (de los que se benefician los promotores de vivienda para la construcción de viviendas de alquiler social) se realizará después de las presiones recibidas tanto del sector privado como de otras formaciones políticas, como CiU y PSOE, que siguen reclamando que se retire la enmienda.
El portavoz de CiU, había solicitado la no admisión a trámite de la enmienda del PP referida a los créditos subsidiados porque, según él, "deja en nada" la política social de vivienda y "no tiene nada que ver con el espíritu de la Ley".
El PP retrasa la tramitación de la Ley Antidesahucios hasta al menos el 14 de marzo, pero con nivel de urgencia.
Retrasar el procedimiento es "lo prudente y responsable", explicó el diputado 'popular', ya que las sentencias del Tribunal de Luxemburgo "tienen el carácter de cosa juzgada" por lo que poco después de que apruebe el Congreso la normativa, podría obligar a cambiarla.
Afirmó que "La sentencia puede afectar a la normativa española. Por tanto, entendemos que lo prudente, lo sensato, es esperar a conocer los términos de la sentencia para ver si fuera necesario adaptar la normativa española a algunos términos de la misma".
Un defecto que supondrá un duro correctivo a la actual normativa, particularmente en temas como la indefensión de los ciudadanos o las condiciones abusivas que deben soportar en temas como los intereses o los procedimientos de subasta, según la abogada general del TUE.
"Llevan esperando muchos años" "Esperar una semana no es un problema"
Bermúdez de Castro recordó que los afectados por las ejecuciones hipotecarias "llevan esperando muchos años" a resultas de que el anterior Ejecutivo socialista "no tomó ninguna medida", por lo que "esperar una semana no es un problema para que esas medidas se adopten finalmente".
La Consejería de Fomento y Vivienda ha aprobado el cese de otros 30 directivos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en el marco del proceso de reducción de su estructura directiva, según ha indicado la Consejería en una nota, donde explica que las destituciones afectan al cuerpo de directivos intermedios de los servicios centrales, en el que el departamento que dirige Elena Cortés había detectado un "sobredimensionamiento".
Esta medida se inscribe en el marco de la "profunda reordenación" de EPSA emprendida por la Consejería de Fomento y Vivienda. Los cambios, abiertos además a la participación de los trabajadores de EPSA, se encaminan a "la optimización y racionalización de los recursos de la empresa, a la que la Consejería ha dado una fuerte vocación social y de servicio a la ciudadanía y en especial a las víctimas de la crisis".
"Nuestra prioridad es incidir en la extraordinaria labor social que realizan cada día los trabajadores de EPSA, una empresa fundamental para realizar unas políticas transformadoras y verdaderamente útiles en el campo de la vivienda", ha afirmado Fernando Herrera, director de EPSA, que ha añadido que continuará reduciendo la estructura de dirección intermedia "y profundizando en esta política de racionalización de recursos desde criterios de eficiencia y operatividad".
Herrera considera que "existe en la ciudadanía una fuerte demanda tanto de políticas que introduzcan cambios sociales profundos y duraderos como de medidas inspiradas en principios éticos. Estamos dando respuesta a esa demanda".
El primer hito de esta reordenación lo marcó la Consejería que dirige Elena Cortés en julio de este año, cuando nada más incorporarse el nuevo equipo directivo de EPSA redujo a la mitad, de diez a cinco, su número de altos directivos, de forma que de ocho direcciones de área se pasaba a tres, manteniendo los cargos de director y subdirector. En agosto la Consejería dio un segundo paso al suprimir las cesantías e indemnizaciones del cuerpo directivo mediante una modificación de su Estatuto del Directivo Intermedio que supuso la eliminación de estos privilegios, que la Consejería consideraba "injustificados".
"Estos privilegios, impropios de una empresa pública, constituían un agravio para el resto de los trabajadores de EPSA, que desarrollan una labor indispensable y de enorme valor; su supresión era fundamental y nos permite ahora, además, acometer esta reducción del cuerpo de directivos intermedios sin coste de dinero público", ha señalado Herrera, que ha destacado que es "un principio ético imprescindible en la gestión pública que quien haya accedido a un puesto directivo mediante libre designación no perciba indemnización si es cesado".
Por último, Herrera ha subrayado que "el dinero de los andaluces no puede tener como fin pagar blindajes o privilegios a sus directivos, sino luchar contra la crisis y sus efectos en las capas más humildes de la sociedad".
Odón Elorza, ex alcalde de San Sebastián y diputado del PSOE en el Congreso por Guipúzcoa, ha reclamado a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista que acabe con las "injustificables" dietas de alojamiento que cobran muchos diputados "elegidos en provincias" pero con vivienda propia en Madrid.
Diputados disfrutando de sus dietas
Son 64 los diputados de fuera de Madrid que poseen uno o más pisos en la capital y siguen cobrando los 1.823,86 euros mensuales que les paga el Congreso en concepto de "indemnización" para afrontar sus "gastos de alojamiento y manutención".
Entre los beneficiarios de esas dietas, exentas de tributación, están el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ocho ministros del Gobierno -todos salvo José Manuel García Margallo, Luis de Guindos, Pedro Morenés y José Ignacio Wert- que son también diputados.
"La ciudadanía espera de los políticos una actitud moral ejemplar en tiempos de obligada austeridad", sostiene Elorza, que reclama "introducir cambios" en las normas que regulan el régimen económico de los diputados para acabar con "una situación que resulta injustificable y que ha provocado indignación en la sociedad española". ...continúa leyendo "Las «injustificables» dietas de alojamiento de los diputados"
La crítica situación de las comunidades autónomas obliga a buscar soluciones para reducir la deuda de las promotoras públicas amenazadas por la privatización y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Buscando soluciones ...
El caso más reciente es el de la Comunidad de Madrid, donde el IVIMA ha ofertado a los inquilinos más antiguos viviendas públicas, con garaje, que rondan los 55.000 euros. Esta operación que afecta al 40 por ciento del parque del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) -unas 9.155 viviendas- supondría al Ejecutivo de Esperanza Aguirre recaudar 500 millones de euros.
La Junta de Andalucía también se ha sumado a esta iniciativa al firmar hace dos meses un convenio con Unicaja para vender viviendas de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) a bajo precio y con una horquilla que va de los 15.000 a los 30.000 euros. Sin embargo, desde la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta se quiere dejar claro que en Andalucía los planes de venta del parque público tienen "calado social", ya que se ofrece la oportunidad de adquirir una vivienda a familias que no tendrían otra forma de hacerlo.
En esta Comunidad, las viviendas públicas más caras son las de reciente construcción -entre 5 y 10 años- que se venden a 30.000 euros (450 euros el metro cuadrado) mientras que las más baratas -con una antigüedad superior a 20 años- salen al mercado a 15.000 euros (342 euros el metro cuadrado). Para impulsar la venta, la Junta ha negociado convenios con entidades financieras al objeto de conseguir unos créditos hipotecarios ventajosos.
Precisamente en el País Vasco, a finales del año pasado, se puso en marcha el conocido como "Plan 4.000", que preveía sacar al mercado, en cuatro años, 4.000 viviendas de alquiler a través de inversores privados, operación que se consideró clave para el saneamiento financiero.
Cataluña todavía no ha adoptado una iniciativa de este calibre, pero el secretario de Vivienda y Mejora Urbanística de la Generalitat, Carles Salá, ha dicho a Efe que se está estudiando, dada la crítica situación económica. Salá comenta que en la Comunidad hay unas 13.000 viviendas públicas y un porcentaje importante de este parque podría dirigirse a la opción compra a inquilinos de larga duración.
El secretario de Vivienda descarta que estas iniciativas respondan a amenazas privatizadoras para los organismos públicos y dice que, al contrario, lo que buscan es preservar las entidades públicas y evitar que cundan los ERE como en el caso del Instituto Catalán de Suelo, con un expediente a más de 170 trabajadores.
En Asturias, desde la recién constituida consejería de Bienestar Social y Vivienda, se critican las iniciativas que desde Madrid se venden "como si fueran la panacea". Fuentes de la consejería explican que en esta Comunidad, dentro del plan de venta de vivienda pública, hay muchas casas de baja calidad construidas hace 50 años por empresas públicas -Ensidesa y Hunosa- cerca de los lugares de trabajo, que dieron lugar a barriadas mineras y siderúrgicas.
Según el Principado, estas viviendas se venden hoy en día por 4.000 ó 5.000 euros, lo que demuestra que intentar conseguir liquidez con estos planes tiene unas perspectivas de éxito "muy escasas".
En la Comunidad Valenciana, sobre un parque de vivienda municipal de 16.000 inmuebles, 7.000 ya se han ofertado a sus inquilinos, aunque en esta región en lo que se quiere insistir es en impulsar los planes de alquiler para familias víctimas de desahucios.
Otras comunidades como Aragón o La Rioja no se plantean medidas al estilo de Madrid y sí se decantan por el mercado de alquiler y el uso de pisos vacíos. Aunque varía según qué autonomía, el perfil del beneficiario, a grandes rasgos, es el de un inquilino que lleva residiendo en la vivienda entre 5 y 15 años, está al corriente de sus pagos y percibe una renta anual inferior a 20.000 euros.
También encajan en el perfil, según qué territorios, los menores de 35 años y las familias numerosas o con discapacitados a su cargo, pero el hilo conductor de todos ellos es la falta de recursos para pagar la entrada de una vivienda libre.
Minuto 5:15.- Una de las cosas que podríamos haber hecho mejor es explicar al pueblo americano que la recuperación iba a llevar un tiempo. No nos dimos cuenta de la magnitud de la recesión hasta que no nos vimos bien metidos en ella. Puede que la gente no estuviera preparada para todo el tiempo que tendría que aguantar.
El sector inmobiliario. Minuto 6:06 .- La vivienda es el otro aspecto en el que podríamos haber mejorado. El continuo declive en el mercado inmobiliario es algo que no se ha recuperado tan pronto como creíamos. No esperábamos que continuase siendo un socavón en la economía. Hemos fallado en el propósito de mantener a las personas en sus casas y de revalorizar la vivienda.
Minuto 29:29.- El mercado inmobiliario ha sido fuertemente dañado. Muchas de estas empresas están aún tratando de levantar cabeza. Lo que estamos intentando hacer es ayudar a la administración de las pymes. La Agencia Federal está ayudando a las empresas pequeñas con el objetivo de proveer más financiación. Los gastos de fianza en la compra de casas, ver si podemos bajar los créditos en algunos casos, bajar el umbral para las compañías que están cualificadas. Eso ha ayudado a muchos pequeños negocios.
Minuto 40:05.- El mercado está mejorando lentamente debido a que las personas empiezan a confiar más en la economía. Algunos empiezan a pensar que este es el momento de comprar casa. Empiezan a comprar. La economía empieza a mejorarse, poco a poco subiendo precios, hasta que tenemos un círculo virtuoso.
Todo esto va a determinarse dependiendo de cómo vaya la economía en general. Cuando nos sintamos más seguros con respecto a nuestros trabajos, cuando sintamos que vamos a poder pagar la hipoteca.
Dado el tamaño del mercado inmobiliario, ningún programa federal va a poder resolver el problema del mercado inmobiliario. La mayor parte de esta recuperación depende del mercado libre.
Lo único que nosotros podemos hacer es asegurarnos de que los propietarios de viviendas que han sido responsables, que no compraron más casas de las que podían costearse, y tuvieron mala suerte porque compraron cuando el mercado estaba en su momento álgido, que no pudieron seguir pagando por esa casa, que no pueden pagar lahipoteca actual, pero necesitan ayuda, lleguen a un acuerdo con sus banqueros.
El proceso de negociación entre propietarios y bancos es difícil. Muchos de estos bancos han salido a Bolsa y sido vendidos a Wall Street en complejas transacciones económicas. Así que, determinar quién es dueño de qué es complicado […]. Deberíamos ser capaces de hacer algún tipo de progreso para ayudar a algunas personas. Entendiendo que muchas de estas personas compraron más de lo que podían, y estarán mejor alquilando, en vez de comprando.
Entre la constitución de la Subcomisión para la Reforma de las Hipotecas y el debate sobre el Estado de la Nación, llevamos unas semanas demasiado serias.
No sé ustedes, pero yo necesito echarme unas risas, ¿Qué les parece si les recupero una de aquellas columnas locas de Tip y Coll? Aunque, si me permiten, readaptada, por servidora, al sector inmobiliario:
"Bueno, pues. Nada, pues, les vamos a leer la prensa. Les vamos a leer las últimas líneas, porque la prensa, ¡Cómo viene la prensa! ¡Viene que dan ganas de comprarla todos los días o por lo menos una vez al mes! Miren lo que dice: “Miguel Boyer, embarazado de Isabel Presley”. Esto debe ser al revés. Ah, no, es igual. Qué barbaridad cómo viene la prensa: “Piso céntrico en Madrid. Cuatro cuartos de baño, seis dormitorios, ascensor de subida y bajada, cocina, nevera, televisor en color, portero automático, seis mil pesetas al mes”. ¡Qué bárbaro! Fin del anuncio: “Se busca...” ¡Mira que si lo encuentra! Los precios de la vivienda permanecerán bajados, siempre que no se suban, y en el caso de que se suban, perderán su bajada. Asimismo, el Gobierno, ¿Ya saben quién es, no? Publicará un calendario oficial de huelgas, detallando los días, horas y lugares de las mismas. Si tales huelgas se mantienen más de siete días por semana, los usuarios de dichas huelgas percibirán una paga extraordinaria determinada por el señor Abril Martorell. El señor Zapatero y el señor Rajoy, seguirán discutiendo por Televisión Española, todos aquellos asuntos que no tienen arreglo. El ministro de trabajo, ha prometido acabar definitivamente con el problema del paro creando cinco puestos de trabajo que serán sorteados entre los cuatro millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres parados que hay en la actualidad.
Ñoras, Ñores, la próxima semana: ¡Hablaremos de política!"
El Debate del estado de la Nación de ayer arroja pocas respuestas a los ciudadanos
Echo de menos a la concreción y al lenguaje en positivo en el Debate del Estado de la Nación. Es importante decir las cosas claras, pero el mensaje llegaría - porque, señores, el mensaje no llega-, si se hiciese en positivo. Y les voy a poner dos ejemplos:
Zapatero.
Entre las medidas especificadas, destacan: subida en un 50 por ciento por encima del salario mínimo interprofesional el límite no embargable del salario en proceso de ejecución hipotecaria y un 30 por ciento adicional por cada miembro de la familia que no disponga de ingresos propios. La cuantía pasará de 641 euros a 961 euros para personas sin familiares a cargo y podría alcanzar los 1.300 euros para quien tenga a cargo dos personas.
Sin embargo, sólo concretó en cuanto a la reforma de los créditos hipotecarios. No obstante, el anuncio de estas medidas no tendría que haber formado parte del turno de respuestas, sino de su discurso. Que no es lo mismo dar respuestas que responder.
Rajoy.
Pequeño resumen de perlas: "somos más pobres, más endeudados y estamos más lejos de los países punteros de Europa"; "no le queda crédito ni para repartir promesas o sembrar esperanzas"; "lo he visto de los nervios y no me extraña"; "¿De qué presume usted?"; "¡Pero no le da vergüenza presumir de comparación con Europa".
La palabra que querría escuchar, con respecto a un debate de una nación, sería respuestas. Pero sólo me viene a la mente una: pelea.
Informar, aclarar, explicar, proponer. Y si afirmamos en vez de negar, mejor. Que ya sabe España y el Mundo que estamos en crisis. No hace falta un Debate de Estado para eso.
Hasta diciembre se acordarán reuniones con diferentes colectivos y empresas implicadas y se redactarán diversas propuestas
El Congreso de los Diputados ya ha planteado un calendario para estudiar los abusos en el sistema hipotecario y plantear mejoras al respecto. Será en los meses de julio, septiembre y octubre cuando el Congreso reciba a diferentes colectivos para estudiar los temas a tratar, mientras que reserva noviembre y diciembre para redactar las propuestas que se lleven hasta el Gobierno.
Algunos de los colectivos con los que se reunirá el Congreso son organizaciones sociales, empresas y entidades bancarias. Todas las reuniones serán a puerta cerrada.
Entre los temas más polémicos a tratar se encuentran la dación en pago o las cláusulas hipotecarias, consideradas como abusivas por muchos ciudadanos.
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