En los últimos años, el mercado de la vivienda de alquiler ha experimentado un crecimiento proporcional a la compraventa de inmuebles, esto se debe a la subida general de los precios de la vivienda que, en consecuencia, dificulta el acceso a su compra. Por este motivo, gran parte de la población española decide optar por el arrendamiento de un inmueble como opción temporal pero, en la actualidad, esta solución también se encuentra acotada debido al ciclo iterativo de la subida del alquiler y el aumento de su demanda.
El año pasado el precio del alquiler registró máximos históricos en comunidades como Cataluña y Baleares que superaron las rentas récord del año 2007, según apuntaron datos del ministerio de Fomento. En otras regiones, como Madrid y Castilla y León las subidas fueron igualmente notables.
A esta situación se le suma la escasez de oferta en las ciudades más visitadas debido a la irrupción del alquiler turístico, que lleva a los propietarios a destinar el uso del arrendamiento a su alquiler por temporadas cortas que le procuran más ingresos que el arrendamiento por temporadas largas. Por ello, muchos expertos hablan ya de un 'boom' del alquiler y cada vez más voces reclaman un control normativo que proteja la propiedad y al inquilino.
De este modo ha llegado al Congreso de los Diputados la primera proposición de ley que pretende pinchar la burbuja de los precios del alquiler a escala nacional, con una regulación que ha elaborado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que han hecho suya los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT y Bildu.
Una de las iniciativas más novedosas que plantea el proyecto de ley es implantar un precio máximo en el alquiler de una vivienda, ya sea en un contrato entre particulares o con una sociedad. La idea propuesta es fijar un índice de precios en función de las características de la vivienda, como su ubicación o el número de habitaciones que sirva para establecer un precio "tope" que nunca se pueda sobrepasar. Esta propuesta está inspirada en los métodos aplicados en París y Berlín, afirman fuentes de la PAH.
El proyecto también propone un índice a escala nacional pero, con prioridad para los distintos ayuntamientos para que puedan imponer sus propias variables. Es decir, que luego su cuantificación quedará en manos de las entidades locales, que podrían adaptarlo mejor a los barrios o las características socioeconómicas de los distritos.
Otra de las medidas más destacables es la imposición de una duración mínima de un contrato de alquiler, en este caso que sea de cinco años, entre particulares y de 10 años si es con una sociedad. Los autores pretenden garantizar la estabilidad del inquilino y evitar la especulación y que no se renueven los contratos para subir los precios del alquiler. No obstante, las fuentes admiten que las partes podrían todavía pactar menos años de duración de contrato, pero que se quiere dar la posibilidad al inquilino de pedirlo.
Otra propuesta es obligar a los fondos de inversión y a los bancos a la cesión de los pisos injustificadamente vacíos para usarlos temporalmente para alquiler por 10 años.
Fuente: elmundo.es
