La cuenta atrás ha comenzado. El 31 de diciembre acaba la renovación de los contratos previos a 1985 que afectan a casi 200.000 locales comerciales de renta antigua. Según los expertos y organizaciones empresariales, miles de pequeños comercios que a duras penas resisten la presión de las grandes cadenas y de los constantes envites de la crisis, están a punto de sufrir un duro varapalo con el final de los alquileres de renta antigua en las grandes ciudades.
El fin de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), conocida popularmente como "Ley Boyer", aunque la legislación ha protegido a los comercios con contratos anteriores a 1985 del notable aumento de los alquileres desde entonces, y es considerada por todos como un anacronismo, e incluso los mismos afectados entienden que los caseros quieran obtener el máximo rendimiento. Pero si las subidas de estos alquileres son demasiado altas, pueden poner en peligro la presencia de un sector que ha ayudado a la difícil recuperación económica que aún estamos pasando, y aliviado las altas tasas de paro a pesar de la supremacía de las grandes superficies.
Los nuevos precios, que superan en 10 o 15 veces los actuales, hacen que sea imposible la supervivencia de los comercios tradicionales, que agonizan desde hace años por la crisis, la bajada de ventas, la liberalización de horarios, las nuevas formas de comprar o la subida de precios en zonas turísticas por la presión de las grandes franquicias, dispuestas a pagar en un mes lo que les costaría a los pequeños comerciantes un año.
Moratoria de 5 años para los locales alquilados a comercios y pymes
Si las condiciones de los alquileres cambian radicalmente cuando expire la ley el próximo uno de enero, el sector del comercio minorista calcula que se pone en riesgo 519.000 puestos de trabajo en toda España y afectará a más de 190.000 comercios.
Con este temor, tanto La Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas de España (Copyme) y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han solicitado una moratoria al Gobierno para prorrogar los alquileres de renta antigua cinco años, del 2015 a 2020, arrendados a comercios y pymes.
Sebastián Reyna, presidente de UPTA, asegura que de los 200.000 locales que actualmente tienen contratos de renta antigua muchos de ellos han pactado alguna actualización de sus rentas y entre 15.000 y 20.000 mantienen conversaciones con los propietarios para buscar una solución antes de que acabe el año. Entre 60.000 y 75.000 contratos de alquiler de renta antigua aún no han sufrido ninguna actualización.
Cada día se ven más carteles de liquidación, que es la única opción de los que se han dado por vencidos. Pilar Pina de 69 años, ha dirigido un negocio de óptica en Madrid durante las pasadas cuatro décadas, ya ha decidido que va a cerrar. "Me voy, me rindo", dijo para explicar que ha sido incapaz de renegociar una subida de menos de 2.000 euros desde los 1.400 euros mensuales que paga actualmente al mes. "Estaba dispuesta a pagar varios cientos de euros más, pero mi casera estaba pidiendo algo utópico".
La mayoría de los locales comerciales con renta antigua se ubican en Cataluña, principalmente en Barcelona, además de otras ciudades como Madrid, Granada, Córdoba, Málaga, Santander, junto con algunas zonas rurales y aldeas de Galicia, y muchos en menos proporción diseminados por todo el país.
Fuente: eleconomista.es - Imagen: EFE
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Mala noticia en esta época de crisis. Pequeños negocios no podrán subsistir y aumentará el numero de personas deprimidas, en desempleo y sin perspectivas de muchas salidas, pues la mayoría rozará edades de difícil inserción. Aumenta el porcentaje de personas con necesidad de inclusión social por evitar el termino obsoleto de en Exclusión que queda políticamente "muy feo". Indignante.