El fin retroactivo de la deducción por la compra de vivienda ahorraría 4.000 millones al Estado

El próximo 1 de enero hará un año que se puso fin a la deducción por compra de vivienda de manera general para las nuevas adquisiciones, y apenas traspasado este tiempo el Gobierno está pensando en modificar este (siempre debatido) incentivo fiscal, valorando incluso la posibilidad de eliminarla con carácter retroactivo, como reclama Bruselas. En cuyo caso, este ajuste fiscal afectaría a casi seis millones de contribuyentes y supondría un ahorro de más de 4.000 millones de euros al año al Estado.

Más concretamente, el ahorro para las mermadas arcas públicas afectaría, según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), a un total de 5.802.141 ciudadanos que se beneficiaron de la deducción por inversión en vivienda habitual en el ejercicio 2011, lo que supuso un desembolso de 4.244 millones de euros al Estado. Cantidad que sin ningún cambio fiscal, irá menguando año a año al no incorporarse nuevos beneficiarios e ir cancelando sus préstamos otros.

Así, actualmente el contribuyente que compró una vivienda antes del 1 de enero de 2013 tiene derecho a deducirse hasta un 15% anual sobre una base máxima de 9.040 euros. Es decir, puede llegar a recuperar más de 1.350 euros en su Declaración del IRPF. Desde Gestha, especifican que el gran tramo de beneficiarios se encuentra en los contribuyentes con unos ingresos que van de los 12.000 a 21.000 euros (más de dos millones). Entre los que cobran de 21.000 a 30.000 euros, hay 1,26 millones de beneficiarios por la deducción; y entre los 30.000 y 60.000 euros, 1,26 millones.

Teniendo en cuenta este desglose, no son pocos los que pensarán en la posibilidad de que el Gobierno, en vez de eliminar totalmente la desgravación por compra se pueda limitar a un determinado rango de renta dejando fuera a los que mayores niveles de ingresos tienen (hay más de 300.000 beneficiarios que tienen un sueldo anual superior a los 60.000 euros y 2,5 millones de declarantes que están entre los 21.000 euros y los 60.000 euros). Pero, por otro lado, esta medida recordaría a la que tomó el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, cuando limitó la deducción a rentas inferiores a 24.000 euros. Otras opciones que se están planteando sería modificar a la baja el porcentaje del 15% a deducirse o rebajar la base máxima de 9.040 euros sobre el que se aplica. Ya a principios de los años 80, el porcentaje a deducir se redujo del 17% al 15% en el caso de las viviendas habituales y del 17% al 10% para segundas residencias de obra nueva.

Por el momento, ningún miembro del Gobierno ha negado esta posibilidad de forma tajante al conocerse los planes del Gobierno de cara a la próxima reforma fiscal que prepara un grupo de expertos a petición de la Unión Europea (UE) y que verá la luz en la primavera de 2014. El  el ministro de Economía Luis de Guindos, eludía el tema indicando que la revisión del sistema tributario español recogerá "lo que tienen que ser unos impuestos que recaudan, pero también tiene que establecer los incentivos correctos desde el punto de vista del crecimiento económico. Yo no prejuzgaría lo más mínimo al respecto".

Mientras que el secretario general de Gestha José María Mollinedo, no ve nada claro que el Ejecutivo se decida a tomar una decisión tan drástica como sería la supresión con carácter retroactivo de la desgravación, que permite la ley. "Suprimirla afectaría de manera muy importante a la economía de casi seis millones de personas y tendría un coste político brutal. En mi opinión, creo que ningún Gobierno se atreverá a hacerlo", prevé Mollinedo, que sí recuerda que se liquidó "la compensación (era un 5% extra a la deducción del 15%) porque era la gran desconocida". Éste, además, se muestra contrario a la supresión total ahora porque "no es el mejor momento para seguir aumentando el esfuerzo fiscal del ciudadano".

El representante de Gestha subraya que el Gobierno podría, amparado por la ley, eliminar la deducción totalmente, aunque "seguramente se encontraría con problemas jurídicos ya que estaría quitando un derecho ya adquirido". "Muchos de los afectados, de manera individual o a través de asociaciones, muy posiblemente pleitearían la medida".

Fuente: elmundo.es