Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, ha afirmado que el decreto de la Junta de Andalucía para acabar con el problema de los desahucios dificultará que los jóvenes de esa comunidad obtengan una hipoteca.
De Guindos ha señalado además que la normativa andaluza afectará negativamente al sector de la construcción en una comunidad con un desempleo "diez puntos por encima de la media nacional".
Al contrario, el titular de Economía ha defendido que las medidas adoptadas por el Gobierno actúan "sobre lo que efectivamente se necesita" y los deudores hipotecarios son protegidos.
Afirmó que gracias a la reducción de los intereses de demora y los límites en las subastas de viviendas aprobados, la deuda de Mohamed Aziz, el ciudadano marroquí cuyo caso motivó la sentencia del Tribunal de Luxemburgo contra el procedimiento hipotecario de España, una vez subastada su vivienda habría sido de 43.000 euros en vez de 120.000 euros. Poniéndolo como ejemplo.
Y también recalcó que Aziz podría haber seguido viviendo en su casa durante dos años y negociar con el banco una reestructuración de deuda o acceder a una vivienda del fondo social.
El decreto de la Junta "lo único que va a conseguir es que no haya crédito hipotecario en Andalucía, que se afecte a la juventud andaluza y que el sector de la construcción cada vez vaya peor allí", según el ministro.
Cayo Lara, el líder de IU, le ha exigido que "no ponga zancadillas a una norma como la andaluza, que pretende cambiar el miedo por derechos", y le ha instado a "trabajar por los desahuciados y no por los banqueros desahuciadores".
Miguel Ángel Heredia, el diputado socialista ha defendido que la norma del Gobierno de José Antonio Griñán es plenamente legal y constitucional, da respuesta a una situación de emergencia social y demuestra que hay otras formas de actuar .
El ministro recordó que este Gobierno es "el único que ha limitado los sueldos, las indemnizaciones y las pensiones de los banqueros" y ha insistido en que están "con la gente".
Para terminar, ha avanzado que 50 familias ya han obtenido una vivienda del fondo de alquiler social aprobado por el Ejecutivo y otras 168 están a punto de firmar un contrato.
El fondo, ya ha recibido 430 solicitudes y cuenta con casi 6.000 viviendas.
Fuente: 20minutos.es
