Las viviendas que formen parte del Fondo Social para alojar a víctimas de desahucios se alquilarán por precios de entre 150 y 400 euros y en ningún caso podrán tener costes que superen un tercio de los ingresos de los arrendatarios.
Según ha avanzado Luis de Guindos, 600.000 personas podrán acceder a estos alquileres y otras 120.000 se beneficiarán de la paralización de los desahucios.
Así lo ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en declaraciones a la salida del Pleno del Congreso donde se ha debatido la convalidación del decreto, que además recoge una moratoria de dos años en los lanzamientos para familias que cumplan determinados requisitos.
Según ha dicho el ministro en el Hemiciclo, las entidades financieras ya han garantizado su participación y pondrán a disposición de este Fondo Social unas 6.000 viviendas que se alquilarán a familias desahuciadas con precios "sociales". "Ya tenemos el compromiso de cajas, bancos y cooperativas de crédito", manifestó esta mañana en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo ha puntualizado sus cálculos acerca del número de personas que se podrán acoger a las medidas anunciadas. Si bien en un inicio aseguró que los potenciales beneficiarios del programa para frenar los procesos de desahucio ascendía a 600.000 familias, De Guindos ha matizado que esta cifra corresponde a los hogares que cumplirán los requisitos para poder acogerse al alquiler social.
El pasado 15 de noviembre, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley con medidas urgentes para "proteger a los deudores hipotecarios". Dentro de este paquete de iniciativas se incluyó la creación de un fondo social de viviendas destinadas al alquiler, para personas que no tengan hogar. Según anunciaron este fondo de viviendas ofrecerá alquileres a "precios muy razonables".
La paralización de los desahucios durante 2 años
De Guindos también ha aportado nueva información sobre la otra medida estrella del real decreto, la paralización de los desahucios durante dos años. Según ha señalado, hasta 120.000 familias están dentro de los requisitos económicos y familiares estipulados para poder acogerse a la moratoria.
Además, ha reclamado que las medidas que se adopten para hacer frente a los desahucios no conviertan el acceso al crédito o a la vivienda en un "privilegio".
"Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alteren el diseño normal de nuestro sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda."
Fuente: eleconomista.es
