El levantamiento de la suspensión, por parte del Constitucional, de algunos artículos de la ley 4/2016 del Parlament de Catalunya de medidas de protección del derecho a la vivienda (impugnada por el Gobierno) ha permitido al ayuntamiento retomar la expropiación temporal de pisos vacíos que sean propiedad de bancos. Ya han reabierto cinco expedientes, pero tienen en cartera un mínimo de 600 más. ...continúa leyendo "Cataluña reabre el proceso de expropiación de pisos vacíos de bancos para familias sin recursos"
La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado con 28 votos a favor y ocho abstenciones poner en marcha los trámites para impulsar un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2017-2020. Un texto que tendría como eje principal el alquiler. De este modo, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto al Congreso aprobar e implantar el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dando continuidad a su predecesor (Plan Estatal de Vivienda 2013-2016), manteniendo su apoyo a la rehabilitación y, sobre todo, en potenciar las ayudas al alquiler de vivienda y facilitar el acceso rápido al disfrute de una vivienda "digna y adecuada" para aquellas personas con dificultades económicas. Además, en una proposición no de ley, el PP propone dar incentivos fiscales a los bancos y grandes tenedores de viviendas que alquilen sus pisos vacíos.
Asimismo, ademas de las ayudas al alquiler, consideran que se debe seguir potenciando las ayudas a la rehabilitación de viviendas tanto en edificios residenciales colectivos como en cualquier otro tipo de vivienda, incluidas las unifamiliares y las viviendas rurales. La mejora de la eficiencia energética con un programa específico que distinga las exigencias para recibir las ayudas en función de las condiciones y características de cada territorio y las ayudas a la accesibilidad con un programa específico que subvencione actualizaciones de mejora de la accesibilidad son otras de las claves que los populares consideran necesarias en el nuevo Plan Estatal de Vivienda.
Por otro lado, desde el PP creen que es necesario un programa de ayudas que renueve y rehabilite las viviendas de los barrios, teniendo en cuenta el estado de la vivienda y que su regeneración permita la urbanización del mismo con parámetros de mejora medioambiental, de accesibilidad o de conservación. El Plan Estatal actual, bautizado como de "fomento al alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y la renovación urbana", regula las ayudas estatales a la vivienda financiadas con cargo al presupuesto de los ejercicios de 2013 a 2016.
Incentivos fiscales a los bancos que alquilen sus pisos vacíos
La vivienda protagoniza uno de los primeros grandes pactos de la legislatura. Así, el PP ha llegado a "un acuerdo con la oposición" para aprobar una proposición no de ley que fija las directrices de la política inmobiliaria hasta 2021. Una de las directrices en el nuevo Plan Estatal de Vivienda también será potenciar que la vivienda no ocupada y no disponible, que sean titularidad de las administraciones públicas, empresas públicas y entidades financieras (grandes tenedores de pisos vacíos) para que pueda ser ocupada por la población "más vulnerable".
Esta iniciativa, que se ha debatido y aprobado el pasado miércoles en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados como resultado de un pacto entre PP, PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto, incorpora una novedad relevante: se incentivará que los pisos vacíos de las entidades financieras, las empresas públicas, las Administraciones y "otros tenedores". Por ejemplo, las de renta baja y los desahuciados.
Para conseguirlo se aprobarán "incentivos fiscales, convenios con los grandes tenedores de viviendas y permutas de suelo", según adelantaron a este diario fuentes del Grupo Parlamentario Popular. "Todos los partidos se suman al acuerdo", que dará lugar a un nuevo Plan de Vivienda, consensuado, como siempre, con todas las comunidades autónomas. Aún no se han definido los beneficios tributarios que se aprobarían, porque el PP debe consensuarlos con la oposición. Además, el Ministerio de Fomento, que pilota la reforma, se encuentra en pleno traspaso de poderes y no tiene prisa.
Frente a iniciativas penalizadoras de los pisos vacíos, como las de Cataluña, País Vasco o Andalucía, el nuevo pacto de vivienda aboga por "potenciar mecanismos de conciliación de forma que la vivienda no ocupada disponible, titularidad de las Administraciones Públicas, empresas públicas, entidades Financieras, y otros tenedores de vivienda pueda ser ocupada por sectores de población más vulnerable", según el texto de la Proposición No de Ley, que cuenta con informe favorable del Ministerio de Fomento.
La banca será el principal destinatario de estas medidas. La tasadora Tinsa calcula que las entidades financieras copan más del 80% del stock de pisos vacíos. En su último informe, con datos de 2015, calcula que la banca tiene un excedente de más de 300.000 pisos. Además, la agencia de calificación Fitch asegura que a finales del año pasado el sector financiero tenía "unas 150.000 viviendas nuevas invendibles".
Con esta reforma, la banca tendrá mucho más fácil liberar sus viviendas vacías. En primer lugar, porque obtendría unas ganancias garantizadas por el Estado, en caso de destinarlas al alquiler social.
En segundo, aunque los arrendamientos fueran bajos, tendrán la posibilidad de disfrutar de un beneficio fiscal con un efecto compensatorio.
En tercero, porque cuando las entidades permutasen inmuebles por suelo, sacarían de balance activos de difícil salida y sólo incorporarían otros nuevos si tienen mejores localizaciones y perspectivas.
El INE estima que en España hay 3,5 millones de pisos vacíos. Tinsa asegura que, de todos los inmuebles residenciales construidos desde 2008 y que nunca han sido habitados, sólo hay unos 11.670 que están en manos de profesionales, pero no se comercializan. Esto es, el 3,9% del stock de viviendas total (389.000 casas, en 2015).
Las Administraciones Públicas también darán ejemplo y pondrán en alquiler sus inmuebles vacíos. Esto es relevante porque todas las autonomías suscriben el Plan de Vivienda y, por tanto, estarían obligadas potenciar la función social de la vivienda. No en vano, el artículo 47 de la Constitución asegura que los entes públicos "promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo" el derecho "a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Mientras tanto, el Gobierno prorrogará un año más las ayudas inmobiliarias actuales, que llegarán a 100.000 familias, y facilitarán la rehabilitación de 35.000 viviendas.
Fuente: expansion.com
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A pesar de que las estadísticas sobre inmuebles sin inquilinos escasean (el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística data del 2011), se calcula que son cerca de 450.000 viviendas desocupadas las que hay en Cataluña, 100.000 se encuentran en manos deentidades financieras, 80.000 son de nueva construcción y unas 45.261 viviendas que están vacías después de haber pasado por un procedimiento de ejecución hipotecaria, junto con todos aquellos pisos vacíos de propiedad privada que están sin ocupar por otras causas. Una de las consecuencias más graves de la larga crisis económica, directamente relacionada con el problema del paro y las familias más necesitadas, es la dificultad de los ciudadanos para encontrar una vivienda o mantener la que adquirieron en propiedad durante la época de la burbuja inmobiliaria.
Esta realidad social ha sido denunciada reiteradamente en los últimos años por entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras muchas organizaciones, así como sociólogos, economistas e incluso algunos partidos políticos. La problemática se repite en prácticamente todos los municipios españoles y catalanes: muchas familias se han visto obligadas a dejar de pagar las cuotas hipotecarias, han sido desahuciadas o están en vías de serlo y su vivienda ha pasado a manos de los bancos o de la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como el “banco malo”). La principal reivindicación de organizaciones como la PAH es que estos pisos que han quedado vacíos después de una ejecución hipotecaria sean destinados al alquiler social, a un precio asumible para aquellos que tienen dificultades para acceder a un vivienda.
Con el objetivo de medir el alcance de la situación e identificar los núcleos de población que concentran los problemas más graves de acceso a la vivienda, Cataluña aprobó en abril del año pasado el decreto ley 1/2015 de “medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria”. Este decreto obliga a los bancos a proporcionar a l’Agència Catalana de l’Habitatge datos sobre el número de viviendas vacías que tienen. Medida inicialmente suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), que tras cinco meses de suspensión cautelar, ha decidido recientemente levantar el veto al impuesto catalán sobre los pisos vacíos. El tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión pero de momento permitirá cobrar la tasa pues considera que las consecuencias de hacerlo son reversibles y prevalece el interés de la Hacienda catalana. La Generalitat prevé recaudar 14,3 millones de euros. En este sentido, cabe destacar que algunos de los ayuntamientos de las ciudades más pobladas de Cataluña, como el de Barcelona o el de Badalona, acaban de anunciar que impondrán una tasa a los propietarios de los pisos que permanezcan vacíos durante dos años.
La mayoría de las nuevas leyes aprobadas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria se ha centrado en los grandes tenedores de vivienda vacía, es decir, entidades financieras, empresas y fondos de inversión. Medidas como la cesión obligatoria de estos pisos a la Administración que contempla el artículo 7 de la ley 24/2015, el impuesto sobre viviendas vacías, con el que la Generalitat recaudó el año pasado 11.3 millones de euros, y las multas que algunos consistorios han impuesto a las entidades financieras propietarias de inmuebles vacíos han conseguido movilizar una parte del stock de vivienda vacía.
Pero de momento no hay modo de contabilizar estas viviendas, así que la única manera de realizar una prospección del problema de la vivienda en Cataluña es analizar los datos oficiales procedentes de los bancos, y que por sí mismos ofrecen una perspectiva bastante fidedigna de la situación. No obstante, La Vanguardia ha consultado el "Registro de Pisos Vacíos" de la Generalitat, y ha cruzado los datos con otras cifras oficiales sobre vivienda y población que proporciona el INE (Instituto Nacional de Estadística), como el censo de viviendas, ejecuciones y desahucios, así como el número de residentes de cada municipio de Cataluña, lo que os permite obtener una visión más detallada del problema de la vivienda en Cataluña.
Barcelona y su área metropolitana
En números absolutos, Barcelona y su área metropolitana es donde hay más pisos vacíos por ejecución hipotecaria, pero eso no significa que los problemas más graves se concentren en esta zona del territorio catalán. Al haber mucha más población y un mayor parque de viviendas, es lógico que el número de pisos vacíos sea mayor en ciudades como Barcelona (2.445), Hospitalet del Llobregat (1.605) o Badalona (1.237).
En cualquier caso, estos grandes municipios del Barcelonès también presentan graves dificultades de acceso a la vivienda, porque a la problemática de los pisos vacíos por ejecución hipotecaria se suma la imparable especulación inmobiliaria, que en los últimos meses está expulsando a algunos residentes de la capital por la subida disparatada de los alquileres. En el último año, comprar piso en Barcelona ha subido el 9% y alquilarlo un 18%.
En términos relativos, sin embargo, Barcelona no está entre los municipios de Cataluña que más sufren el inconveniente de los pisos vacíos propiedad de los bancos. De hecho, entre las 64 ciudades de Cataluña de más de 20.000 habitantes, Barcelona se encuentra entre las que presentan un mejor balance de pisos vacíos por ejecución hipotecaria en relación al total de residentes y el total de viviendas disponibles: según el último censo del INE sólo hay 1,52 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes y 3 viviendas vacías de cada 1.000 disponibles.
Salt y Amposta, los casos más graves
Destaca sobremanera el caso de Salt, un municipio de la comarca del Gironés que presenta unas características excepcionales tanto a nivel demográfico como social: es uno de los términos municipales más pequeños de las comarcas de Girona, con sólo 6,5 kilómetros de extensión; más del 40% de sus casi 30.000 habitantes son inmigrantes; y registra el porcentaje de paro más alto de la provincia (y el cuarto más alto de Cataluña en poblaciones de hasta 40.000 habitantes), con el 18,6%. Nada que ver con la ciudad deGirona,la capital de la provincia, una de las ciudades con mayor renta media neta por hogar de España, de la que apenas le separan 3 kilómetros.
En Salt hay 783 pisos vacíos por ejecución hipotecaria, lo que en términos relativos significa que 70 de cada 1.000 viviendas disponibles en el municipio pertenecen a un banco y están inhabitadas. Esta situación ha provocado estallidos sociales con consecuencias políticas este mismo año. En abril se desalojó a 13 familias que ocuparon durante meses un edificio deshabitado propiedad de Sareb, una situación que empujó al gobierno municipal a invertir 2,5 millones de euros para comprar 100 pisos vacíos en Salt para destinarlos a alquiler social.
Un caso similar es el de Amposta, en la provincia de Tarragona, donde hay 480 viviendas vacías según el registro de la Generalitat. En un municipio con poco más de 20.000 residentes y algo menos de 11.000 viviendas disponibles, esto representa que hay 23 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes y 44 pisos vacíos de cada 1.000 disponibles. Amposta, como Salt, es otro de los cinco municipios de Cataluña con mayor tasa de paro (el 17,5%).
El Baix Penedès, castigado por el paro
Otros dos municipios, también en la provincia de Tarragona cuentan con una elevada tasa relativa de viviendas vacías propiedad de los bancos son Calafell y El Vendrell, ambos en el Baix Penedés, una comarca cuyo PIB por habitante está muy por debajo de la media catalana, y de las 10 comarcas de la demarcación de Tarragona, es la última.
El Vendrell, la capital, presenta unas características similares a Salt y Amposta, en especial por su altísima tasa de paro (casi un 20%, la más alta de Cataluña junto con Badia del Vallès, en el Vallés Occidental de Barcelona) y un rápido crecimiento demográfico a causa de la inmigración. En este municipio, la situación de emergencia social también ha tenido alguna consecuencia trágica este mismo año, como el caso de la familia que falleció en un incendio de la vivienda donde residían ilegalmente después de ser desahuciados. Este suceso ocurrió mientras el ayuntamiento de esta localidad tarraconense negociaba con los bancos la cesión de los más de 500 pisos vacíos que poseen en El Vendrell. A menos de 6 kilómetros, en Calafell, hay alrededor de otros 400 pisos vacíos por ejecución hipotecaria, aunque en este caso cabe presuponer que una parte de éstos puedan ser segundas residencias, al ser esta localidad un lugar habitual de veraneo.
Tortosa, Manresa, Lleida, Terrassa y Tarragona
Algunas capitales de provincia y grandes núcleos de población en Cataluñatambién presentan problemas relativamente serios. En Tortosa (capital de la comarca del Baix Ebre) hay 459 viviendas vacías (27 de cada 1.000); en Manresa, 850 (más de 20 de cada 1.000); en Lleida, casi 1.400 (10 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes); en Terrassa, 1.950 (9 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes; casi 20 de cada 1.000 pisos están vacíos); y en Tarragona, 1.200 (prácticamente 9 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes). En el cinturón metropolitano de Barcelona, la ciudad en peor situación es Santa Coloma de Gramenet, con 876 pisos vacíos (casi 18 de cada 1.000).
En el otro extremo de la tabla, es decir, entre los 64 grandes municipios de Cataluña con menos pisos vacíosa consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se sitúan varias poblaciones del Maresme (Vilassar de Mar y El Masnou) y del Baix Llobregat (El Prat del Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu del Llobregat), además de Sant Cugat del Vallès, la ciudad catalana con la renta media más alta, y Sitges (Garraf), lugar habitual de segundas residencias de gente adinerada.
Entre los municipios catalanes de tamaño mediano (entre 5.000 y 20.000 habitantes), también hay algunos que presentan elevadas tasas de pisos vacíos, especialmente, en la provincia de Lleida. Es el caso de Alcarràs, localidad ubicada a apenas 11 kilómetros de Lleida, donde 75 de cada 1.000 viviendas son propiedad de los bancos y están vacías. A un radio de 30 kilómetros de la capital leridana, se registran situaciones similares en municipios de como Balaguer o Mollerusa, () aunque en términos relativos es aún más grave la situación de pueblos más pequeños como Roselló o Alcoletge (donde hay, respectivamente, 78 y 74 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes). Otras zonas también se concentran problemas importantes de acceso a la vivienda en Tarragona (en sitios como Constantí o Mont-roig del Camp), y muy especialmente en Montsià y Bajo Ebro (sobre todo en Sant Carles de la Ràpita, Deltebre y Ulldecona).
En el ranking global de los 743 municipios catalanes que se incluyen en este informe, la peor situación relativa en relación al número de pisos vacíos sobre el total de la población corresponde a poblaciones muy poco habitadas. Es el caso de Capafonts (Priorat), donde 17 de las 162 viviendas del pueblo son propiedad de bancos y están vacías; la Vall de Cardós (Pallars Sobirà), donde ocurre lo mismo con 29 de las 550 casas; y en Girona, Espinelves (Osona), donde sólo hay 119 viviendas y 14 de ellas fueron desalojadas por impago de la hipoteca.
Fuente: lavanguardia.com
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El Fondo Social de Viviendas (FSV) creado en enero de 2013 como parte del paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno para ayudar a familias desahuciadas por impago de hipoteca. Se ofrece así, a través de este fondo inmuebles en alquiler a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Desde entonces hasta ahora han sido unas 4.000 familias las que se han beneficiado del programa, que ha cobrado protagonismo estos días por el acuerdo PSOE-Ciudadanos donde también se apuesta por el alquiler social como una de las medidas estrella en materia de vivienda, aunque no se aclara si se mantendrá el FSV como hasta ahora, o cuando se concrete un nuevo Gobierno mutará con nuevo nombre y funciones similares. Así, 10 entidades financieras reactivan ahora el Fondo Social de Viviendas a través de pisos de alquiler social en una nueva web, con el objetivo de que los colectivos más desfavorecidos puedan optar a los más de sus 2.000 inmuebles disponibles.
En esta nueva reactivación del Fondo Social de Viviendas participan Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Bankinter entre otras entidades financieras, creando un fondo pisos de bancos dirigidos tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes, puesto que se trata de un buscador y un canal de tramitación. La iniciativa se suma a otras muchas que a nivel individual o colectivo han desplegado las entidades financieras en materia de vivienda social a lo largo de estos últimos años, entre ellas, la paralización de los desahucios de las familias en riesgo de exclusión social. Hace tres años y medio, el Gobierno puso en marcha un Código de Buenas Prácticas al que se acogieron la mayoría de entidades financieras y que ha permitido atender a 23.640 familias en riesgo de exclusión social, ha reestructurado la hipoteca de 18.620 familiar y permitido la dación en pago en 5.014 ocasiones.
A día de hoy, el Fondo Social de Vivienda (FSV) cuenta todavía con una oferta de más de 2.000 viviendas repartidas por toda la geografía española, respecto a las 5.892 puestas a disposición en un primer momento, y a las que se sumaron otras 3.974, hasta alcanzar un total de 9.866 inmuebles. Aproximadamente quedan vacías un 20% del total. La oferta publicada en la web será accesible para las familias que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007. Según ha informado la Asociación Hipotecaria Española (AHE) en un comunicado, esta iniciativa supone un "nuevo paso" para facilitar y simplificar el acceso a la vivienda de los ciudadanos con problemas habitacionales. La web va dirigida tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes.
El Fondo Social de Viviendas está pensado para proporcionar un hogar a todas aquellas personas que hayan sido desalojados de su vivienda habitual a partir del 31 de diciembre de 2007 y estén en situación de especial vulnerabilidad social.
Sareb no participará en el Fondo Social de Vivienda
También por parte del Defensor del Pueblo, el pasado ejercicio continuo las actuaciones para que el Fondo Social de Viviendas (FSV) se integre en la Sociedad de Activos de reestructuración del Sector Bancario (Sareb), pero finalmente, el Ministerio de Economía entiende el "banco malo" como un instrumento financiero, y no como una entidad vinculada a la política de vivienda y menos aún con carácter social. Por ello Sareb, no participará en el Fondo Social de Vivienda. Según Soledad Becerril, Defensor del Pueblo: "La sugerencia de su inclusión en el Fondo se hizo por la importancia de la Sareb en el mercado inmobiliario, en tanto que es propietaria de miles de viviendas en toda España, al mismo nivel que las entidades bancarias firmantes del convenio".
Pero en especial, Sareb busca acuerdos de vivienda social con ayuntamientos de más de 250.000 habitantes. Así, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen ya ha mantenido reuniones con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (reciente convenio para la cesión de 300 viviendas sociales en usufructo), y con la de Barcelona, Ada Colau. Además, miembros de la sociedad han participado en encuentros con el Ayuntamiento de Valladolid. Atendiendo a la Ley de Grandes Ciudades, entre los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes con los que se está negociando se encuentran Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Vigo, Gijón, y Hospitalet de Llobregat.
No obstante, la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, recogió el criterio de Soledad Becerril (Defensor del Pueblo) al establecer un procedimiento de insolvencia independiente para particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados. La nueva legislación introduce, por primera vez, el concepto jurídico de deudor de buena fe, figura que recogen ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, por la que los deudores afectados por circunstancias imprevisibles y fuera de su control, pueden acceder a una solución razonable, siempre que se cumplan determinados requisitos. Del mismo modo, los Defensores del Pueblo también pidieron el pasado año al Gobierno que se suprima el actual sistema de adjudicación de vivienda pública por sorteo y establezca baremos. Igualmente, abogan por fortalecer "la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación" y potenciar el alquiler de vivienda pública. Asimismo, defienden la necesidad de ampliar el parque de vivienda en régimen de alquiler y elaborar un "correcto inventario", así como "regular el concepto de vivienda vacía".
¿Cuáles son los requisitos para acceder a los pisos en alquiler del FSV?
Con todo, el gran problema de esta iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los requisitos para acceder a una vivienda de este fondo son tan exigentes que durante sus primeros años de vida apenas ha sido aprovechado. Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno decidió flexibilizar las condiciones de acceso para permitir que un mayor número de afectados pueda beneficiarse del parque de viviendas vacías. De esta forma, se incluyó como nuevos colectivos beneficiarios a los mayores de 60 años, matrimonios y parejas de hecho sin hijos y otros deudores no hipotecarios. De este modo, pueden acceder a las viviendas las personas físicas que cumplan las condiciones siguientes:
a) Que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 a favor de alguna de las entidades de crédito firmantes del Convenio por alguna de las siguientes causas:
Desalojo consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario o, conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda, de un préstamo no hipotecario.
Procedimiento de ejecución hipotecaria que hubiese culminado con la adjudicación de la vivienda, pero que no haya dado lugar al desalojo efectivo de la misma.
Dación en pago de un préstamo hipotecario.
b) Que, en el momento de presentación de la solicitud, se encuentre en las circunstancias siguientes:
Que el conjunto de los ingresos del solicitante y, en su caso, de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM anual (14 pagas) de 2015: 7.455,14 euros/año).
Que ni el solicitante ni, en su caso, ninguno de los miembros de su unidad familiar disponga de vivienda en propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda.
c) Que se encuentre en alguno de los supuestos de especial vulnerabilidad. A tal fin se entenderán como tales cualquiera de los siguientes:
Unidad familiar con hijos menores de edad.
Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca cuyo impago produjo la pérdida de la vivienda o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y en la cual alguno de sus miembros se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía.
Personas mayores de sesenta años.
Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos.
Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores que sean detectadas por parte de las entidades de crédito, los servicios sociales municipales o las organizaciones no gubernamentales encuadradas en la Plataforma del Tercer Sector y debidamente justificadas ante las entidades de crédito, para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.
Las solicitudes se priorizarán objetivamente teniendo en cuenta los supuestos que agravan la vulnerabilidad. Se consideran criterios de priorización los siguientes:
Concurrencia de supuestos del Convenio. Cuántos más supuestos concurran, mayor prioridad.
Número de miembros de la unidad familiar. A mayor número de miembros, mayor prioridad.
Ingresos netos de la unidad familiar. A menores ingresos, mayor prioridad.
Otros criterios como el grado de discapacidad, dependencia u otras condiciones que se detallen en los informes presentados por los servicios sociales se considerarán adicionalmente en el proceso de priorización de solicitudes.
¿Cómo se puede realizar una solicitud?
Para facilitar el proceso de solicitud, las entidades bancarias que conforman el FSV han puesto en marcha www.fondosocialdeviviendas.es A través de esta página, los solicitantes pueden consultar todos los alquileres disponibles y seleccionar la que más se ajuste a sus necesidades. Además de a particulares, este proceso está abierto (previa identificación) a entidades sociales u organismos públicos que colaboren en la gestión y tramitación de estos alquileres. En función de la entidad propietaria de la vivienda, el usuario podrá completar el proceso en este mismo website en el apartado Solicitud de vivienda, o bien será redirigido al del banco o caja propietarios de la casa solicitada.
Una vez abierto el plazo para la solicitud de viviendas, las personas interesadas podrán darse de alta en fondosocialdeviviendas.es y cumplimentar tanto sus datos personales y de contacto, como la documentación obligatoria en función de su situación personal. Aunque los expedientes solo serán tramitadas si se han rellenado el 80% de los campos correctamente, a través del Área Privada, los usuarios podrán actualizar sus datos o subir nuevos informes en cualquier momento.
La VPO, más cara que en el "boom inmobiliario" en 4 comunidades
Por increíble que pueda parecer, en 4 comunidades autónomas los precios de la vivienda protegida (VPO) ya superan a los registrados en el año 2007, en pleno auge de la compraventa de viviendas. La primera de ellas, el País Vasco, el precio por m2 de la vivienda de protección ha aumentado en más de 600 euros, pasando de los 1.137 euros el m2 en 2007 a 1.774 en el tercer trimestre de 2015, aunque llegó a situarse en 2.280 el m2 en mayo del pasado año. La siguiente comunidad es Madrid, cuyo precio aumentó un 8,1%, por encima del 5,5% de Galicia y el aumento del 0,39% que se ha producido en Extremadura. El dato en el que se basa este estudio, el precio del m2 de las VPO, tiene el matiz de que puede deberse a que los inmuebles vendidos en la actualidad sean más pequeños. Esto afecta, irremediablemente, a que el precio por m2 aumente.
Además, en 5 comunidades autónomas los precios de las viviendas de protección oficial son más altos que los de la vivienda libre. Estas son Cantabria, Navarra, Murcia, Castilla y León y Extremadura. En el caso de las dos primeras, la diferencia de precio por m2 entre VPO y vivienda libre llegó a ser de más de 200 euros. Baleares y Madrid son las comunidades en las que mayor diferencia existe entre precios de vivienda libre y VPO a favor de las primeras. En Baleares la diferencia es de 973 euros/m2, mientras que en Madrid las viviendas libres son 528 euros/m2 de media más caras que las de VPO.
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En España hay unas 389.000 viviendas nuevas vacías, según el informe "Radiografía del stock de vivienda 2015" presentado este miércoles por la tasadora Tinsa. El estudio muestra que desde 2008, cuando estalló la crisis inmobiliaria, se han construido y terminado 1,56 millones de viviendas, pero el 24,9% aún están desocupadas, una cifra que, según el estudio tardará en absorberse una media de 2,5 años, es decir, hasta el primer semestre de 2018.
En las zonas con un stock inferior al 10% se necesitarán 1,2 años para absorberlo y en aquellas con más del 50% al menos 4 años, siempre que se cumpla un escenario de demanda de 150.000 viviendas nuevas anuales. El 14% de las viviendas nuevas vacías está en manos de promotores y casi todo el resto es de la banca y Sareb. Cerca del 9% del stock total se comercializa en régimen de alquiler.
Zonas con mayor excedente y viviendas vacías
De este modo, el millón y medio de pisos o casasconstruidas desde 2008, equivalen al 6,4% del parque total inmobiliario, estando el mayor número de inmuebles desocupados en las provincias de Madrid, Valencia, Murcia, Barcelona y Alicante. En relación con el volumen de vivienda construida, la provincia de Toledo representa el 10,6% del parque total, por encima de la media, seguida de Guadalajara y Almería. La Comunidad Autónoma que mayor cantidad de stock concentra es Andalucía con un 17% del total.
No obstante, teniendo en cuenta la vivienda que se ha construido en los últimos siete años que permanece vacía, Almería es la provincia que presenta un mayor número de pisos desocupados, con un 38,9%, seguida de Cuenca con un 37,1%, Castellón con 36,1%, Toledo el 34,7% y Murcia con un 32,7%.
Castellón es la franja costera con más concentración de excedente, con un 38%, seguida de Tarragona, con un 33%. La costa al norte de la capital concentra los peores resultados, destacando negativamente Peñíscola, con el 50%, y Benicarló, entre el 40-50% de las viviendas vacías. En la Costa del Sol, Cádiz y Huelva presentan una tasa media de entre el 20% y el 22%.
En las capitales y grandes ciudades, la tasa de vivienda vacía sobre la construida en 2008 se sitúa en el 22% con grandes diferencias entre unas y otras. Las ciudades de Barcelona y Madrid, las más habitadas, sólo cuentan con un 15% de vivienda vacía, lo que sitúa a ambas cerca del stock técnico necesario. El tiempo de absorción en Madrid capital es de 12-24 meses y el de Barcelona entre 6-12 meses. Valencia presenta una tasa media de desocupación del 30%, mientras que Sevilla muestra un 28% de desocupación general en la ciudad.
Baleares y las Islas Canarias se encuentran relativamente mejor situadas que el resto de la costa española, con una tasa de desocupación del 19% y del 25% respectivamente. En el caso de Canarias con notables diferencias por provincia: Tenerife se encuentra en el 21% frente al 28% de Las Palmas.
En la costa la construcción de nuevas viviendas podría darse en Marbella, Benalmádena, Torremolinos, Rosas, Tarifa, Ibiza y Tenerife. La costa peninsular es la zona que presenta un mayor índice de viviendas desocupadas sobre las construidas, con un 28%.
¿Por qué no se logra vender las viviendas nuevas vacías?
Según el informe "La Radiografía del stock de viviendas 2015" elaborado por Tinsa, más del 56% es por falta de trabajo o estabilidad laboral. En un 19% de los casos, es por la mala ubicación del inmueble y en un 11%, por precios altos. Por una u otra razón, el 26% de la bolsa de vivienda vacía tiene una difícil salida en el mercado, ya sea por escasa ocupación de las promociones o por vandalismo, malas conexiones o tipología inadecuada.
A pesar de los datos del estudio, no toda España tiene vivienda desocupada. El 80% se concentra en 900 municipios. Hay que tener en cuenta que un 42% de los más de ocho mil municipios tiene un nivel muy bajo de stock y que en el 12% no se construyó nada entre 2008 y 2015. Solo un 11% presenta más de un 40% de tasa de desocupación.
Los precios aun no se han ajustado al mercado
El estudio resalta también que los precios de la vivienda aún no se han ajustado al mercado y tienen recorrido a la baja en casi un tercio del stock ubicado en las zonas con más actividad constructiva en los últimos años. Tinsa estima que se ha producido una bajada desde los precios máximos (finales de 2007 y comienzos de 2008) de un 41% y de un 28% en el caso de la vivienda nueva. En las islas solo ha bajado un 10%, mientras que en las áreas metropolitanas, costeras y el resto de los municipios, roza el 40%.
En cuanto a expectativas, en 2016, allí donde hay más de un 30% de las viviendas vacías, el precio puede seguir cayendo hasta más de un 6%. Y otro tanto subiría en las ubicaciones con menos de un 10% de casas nuevas vacías. Casi una tercera parte de estas viviendas en stock, producidas durante la crisis, verán bajar los precios, mientras que para el 41% se mantendrán.
Dos años y medio después de su creación, la banca ha alquilado al menos 4.215 casas del Fondo Social de Viviendas (FSV), según datos proporcionados por las entidades financieras. Esa cantidad de adjudicaciones significa que se ha cubierto el 71,5% de la aportación inicial de 5.891 viviendas y un salto respecto al cierre de 2014, cuando el Ministerio de Economía contabilizaba 1.767 contratos. Parece que los bancos por fin ha dado impulso al fondo este año. Así, según un estudio realizado por El País tras consultar con 19 entidades (de las 27 entidades participantes del FSV) se está acelerando la entrega de pisos en alquiler para desahuciados en el segundo trimestre del año. Los últimos datos que maneja el Ministerio de Economía indican unas 3.000, aunque corresponden al primer trimestre.
El Fondo Social de Viviendas (FSV) se creó en enero de 2013 a raíz de la ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que instaba al Gobierno a impulsar esa bolsa de casas para familias que hubieran sido desahuciadas de su hogar. Se trataba de un fondo de fondos, de modo que las entidades ponían a disposición de los clientes 5.891 viviendas cuya gestión asumían directamente. No obstante, hace apenas unas semanas Fomento reconoció que dos años después de su puesta en marcha, había 4.000 pisos del fondo aún vacíos a la espera de adjudicación.
El primer año se firmaron 695 contratos y la cifra llegó a 1.767 el siguiente. Pero la actividad se ha acelerado en 2015 y ya se han colocado 4.215 pisos alquilados hasta junio, según datos de las entidades, con lo que se cubre el 71,5% de la aportación al fondo (5.891 pisos). La banca lo atribuye a la flexibilización de las condiciones para acceder a estas casas. Otras fuentes añaden que el ascenso de partidos de izquierdas también ha propiciado el despegue del fondo.
Los resultados del primer año fueron exiguos: solo se formalizaron 695 contratos a pesar de que hubo 67.189 desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tampoco el año pasado el FVS ganó fuelle, puesto que se cerraron 1.767 contratos. Durante el primer trimestre de 2014 en España creció el número de ejecuciones hipotecarias un 13,9%, mientras que el número de desahucios de viviendas bajó un 5%.
Cambio de condiciones
Sin embargo, el grado de cumplimiento va por barrios y es muy irregular. Casi la mitad de las pisos de entidades bancarias alquiladas corresponden a CaixaBank, que ha duplicado la aportación inicial al alquilar 2.189 viviendas, frente a las 1.085 comprometidas al comienzo. También Banco Sabadell ha ampliado su cupo inicial de 260 a 400 casas para "adecuarlo a la cuota de mercado", según fuentes de la entidad. En el otro extremo están Banco Popular y Unicaja y CEISS, que no llegan ni al 10% de lo comprometido. Las entidades que más viviendas vacías tienen en cartera sostienen que apenas les han llegado solicitudes. El Popular, por ejemplo, asegura que no efectúa desahucios forzosos.
Ante el mal resultado resultado del Fondo Social de Viviendas, la comisión de seguimiento decidió modificar el convenio. Antes, por ejemplo, el beneficiario debía haber sido desahuciado de su casa. Ahora pueden incorporarse al fondo casas de bancos procedentes de daciones en pago, de modo que sus residentes pueden seguir en ellas pagando un alquiler social, de entre 150 y 400 euros. Además, se abrió el fondo a personas en riesgo de exclusión previo informe de los Servicios Sociales. "Esa medida fue muy interesante, puesto que suponía que un afectado no ya tiene que abandonar su inmueble para acceder al fondo", explica Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales.
Las restricciones del FSVhicieron que varias entidades prefirieran ofrecer alquileres sociales que no han pasado al fondo. Bankia, que ha alquilado un tercio del millar de casas que puso en el fondo, afirma que ha firmado 885 arrendamientos a precios asequibles, y el Santander, que ha arrendado algo más de la mitad, tiene 258 contratos sociales firmados.
Viviendas problemáticas
Según el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, "Si el fondo no ha funcionado como debiera ha sido por culpa de todos. Algunos bancos aportaron pisos de una calidad ínfima que debían ser rehabilitados. ¿Y quién asume el coste de la reforma? Y la Administración tampoco ha sabido movilizar las viviendas".
Otro factor es la ubicación de la vivienda, puesto que fuentes del sector bancario advierten de que algunas casas están mal localizadas. “Deben estar en zonas con una demanda acreditada y con cédula de habitabilidad”, dice Carme Trilla, exsecretaria de Vivienda de la Generalitat y presidenta de la gestora de las entidades sociales catalanas. Trilla asegura que las medidas sujetas a una "cierta voluntariedad" de la banca solo funcionan dependiendo del compromiso de las entidades y del contacto que tengan con los servicios sociales de los municipios. "No puede ser que haya todavía pisos vacíos y familias que los necesitan".
Entre la resignación de no poder cumplir con los objetivos de venta de inmuebles para 2015, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha decidido impulsar la comercialización de sus activos con el lanzamiento de campañas propias bajo la marca Sareb. La iniciativa arranca con la puesta en el mercado de 2.000 viviendas ubicadas en costa desde 46.200 euros.
Así, el presidente de la Sareb, Jaime Echogoyen afirma que "Empieza a haber signos claros de estabilidad, pero no estamos para dar saltos de alegría". Y es que el presidente del "banco malo" ve difícil que la entidad cumpla con el objetivo previsto de vender 15.000 inmuebles a particulares durante 2015. También destacó la lentitud con la que van las ventas de grandes promociones y que, por tanto, necesitarán agotar los 15 años de vida previstos del organismo para vender todos sus activos. "Probablemente no se cumpla el objetivo. Estamos intentando defender el capital de nuestros accionistas y no hacemos ventas en pérdidas. Si el mercado no está listo, será necesario esperar".
El presidente de la Sareb ha adelantado los datos del primer semestre, en el que se ha vendido a particulares 5.400 inmuebles, un 33,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, y lejos de las previsiones para cerrar el año por encima de las ventas de 2014. "Vamos algo despacio a la hora de desinvertir en activos", agregó Echegoyen.
Estas cifras muestran un ritmo de ventas de 30 unidades al día, y muchas de éstas han sido comercializadas en colaboración con pequeños promotores a través de los Planes de Dinamización de Ventas (PDV). Según Echegoyen, "el principal objetivo es no perder dinero. El plan de negocio fue diseñado con esa premisa y cada vez que amortizamos bonos liberamos parte de la garantía del Estado. No vamos en mal camino".
En sus dos primeros ejercicios de vida, la sociedad ha vendido 24.000 inmuebles, ha cerrado 25 operaciones mayoristas y ha ingresado más de 9.000 millones de euros. Estos fondos le han permitido cancelar deuda por importe de 5.700 millones de euros y afrontar el pago de más de 2.400 millones de euros en intereses a las entidades cedentes.
"Tú casa a toda costa": pisos de 46.200 euros y casas de lujo de 6 dormitorios
Los inmuebles puestos a la venta son pisos y viviendas unifamiliares de uno a seis dormitorios y sus precios oscilan entre los 46.200 euros de la vivienda más barata en Moncofa (Castellón) hasta los 2,8 millones de euros por un chalet de lujo en Pollensa (Mallorca) en las Islas Baleares.
La campaña se extenderá hasta finales de agosto y la comercialización se realizará a través de los cuatro servicers que gestionan los activos de la Sareb: Altamira, Servihabitat, Solvia y Haya. Según ha informado la sociedad, más adelante saldrán otras campañas para acercar el producto Sareb a los inversores particulares, con la puesta en el mercado de suelos y fincas rústicas, entre otros.
Esta campaña comercial irá acompañada del lanzamiento del sello comercial "Sareb" que actuará a modo de garantía de la "fiabilidad y oportunidad" que supone la compra de estos inmuebles.
Los pisos vacíos y el poco interés (hasta ahora) de las comunidades
La Sareb, ha puesto a disposición de los Gobiernos regionales 2.000 viviendas desde 2013. Hasta ahora solo se han utilizado poco más de la mitad, casi todas en Cataluña. Según la institución, la mayoría de las comunidades autónomas no han mostrado interés por fomentar el alquiler social para las familias necesitadas. La Sareb ofrece aún 850 inmuebles y está dispuesta a elevar la cifra. Además, otros 4.500 pisos puestos a disposición por el Fondo Social de Vivienda tampoco están siendo utilizados para el alquiler social.
El Fondo Social de Vivienda se creó en noviembre de 2012 y los bancos han ido aportado viviendas hasta acumular 6.000 en el fondo. Hasta el momento, solo se han utilizado 1.500, según el presidente de la patronal bancaria (AEB), José María Roldán: "Esta situación es un poco frustrante, porque estamos haciendo un esfuerzo sincero y parece que no es tal. Deberíamos estudiar cómo ser más efectivos".
“Esperamos entregar los 850 pisos que nos quedan en 2015 porque la actitud de los nuevos responsables ha cambiado completamente. Incluso, aportaríamos más viviendas el año que viene si hay interés de las Administraciones. Hasta ahora, las comunidades que más interés han demostrado han sido Cataluña, Aragón, Galicia, Canarias, y Euskadi”, añaden en la Sareb.
Precisamente la tarde del martes, Echegoyen firmó con el conseller de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, Santi Vila, una ampliación del convenio por el que en 2014 la Sareb cedió 600 viviendas a alquiler social, y ahora cederá 300 pisos más, llegando a 900 viviendas.
La Sareb cuenta con un parque social de 2.000 viviendas a disposición de las comunidades autónomas, y ya ha firmado convenios con Aragón y Galicia, además de con Cataluña, y está en conversaciones con otras autonomías: "Somos conscientes de la dificultad social y de que hay un montón de gente desasistida".
Dos años y medio de vida, apenas un 30% de las viviendas ocupadas y la sensación de que lo que parecía una medida social de gran necesidad ha acabado siendo un fracaso. Así se puede resumir la experiencia del Fondo Social de Viviendas, convenio que el 17 de enero de 2013 firmaron los Ministerios de Economía y Servicios Sociales con las principales entidades bancarias de España, con el que el Gobierno trató de que el parqué de viviendas vacías que las entidades tenían en cartera fueran habitadas, en régimen de alquiler, por familias que han perdido su casa y que se encuentran en riesgo de exclusión social.
El ministerio de Economía, que gestiona en parque de viviendas para realojar a las familias afectadas por los desahucios, calculó que se otorgarían más de 6.000 viviendas para estos fines. Pero dos años después del anuncio, el ministerio reconoce que hay 4.000 pisos que todavía siguen vacíos, a la espera de adjudicación.
Exactamente, los bancos aportaron un 5.891 viviendas de las que, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía, sólo 1.767 están alquiladas. El número crece hasta las 2.000 familias si se tienen en cuenta las que ya tienen asignada una vivienda y no han formalizado el contrato pero aún así, el balance sigue siendo "pobre" si se compara con los miles de desahucios que se han producido en los últimos años, tal y como reconoció la pasada semana el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán pide "mayor colaboración" de las administraciones y señala que la situación "es un poco frustrante". Imagínense para los desahuciados.
Los requisitos para poderse acoger al Fondo Social de Vivienda son tan grandes que muy pocas familias las están solicitando. Para empezar, está destinado a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).
Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, las víctimas de violencia de género, y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.
En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a nuevas medidas, dando cobertura por ejemplo a los mayores que avalaron a sus hijos y nietos. También se recogió esta opción para las daciones en pago. La introducción de esas medidas ha sido clave para que el número de estos alquileres se gestionara con algo de mayor éxito en 2014.
Una situación contradictoria y algo surrealista cuando ocho años después del estallido de la burbuja, España sigue de resaca con cientos de miles de viviendas que permanecen vacías. Según Julio Gil, presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios (FEI) en España "Hay en torno a 700.000 casas nuevas sin vender. Esto indica una sobreoferta se mueve entre las 525.000 y 550.000 viviendas" Más de la mitad está en manos de las entidades financieras y de la Sareb o "banco malo". Otros estudios, como el realizado la Asociación de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), el stock se ha reducido, cerrando el pasado año con un total de 439.617 pisos y casas nuevas en venta y alquiler, hasta el punto que en términos de mercado "técnicamente", en 25 provincias la construcción de viviendas se podría reactivar.
Tanto en Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales de España, están abanderando de la mano de sus recién estrenadas alcaldesas cambios en las estructuras políticas para mejorar las cosas a nivel social y particularmente en el drama asociado a los desahucios de viviendas. Tanto para Manuela Carmena y como para Ada Colau, no será fácil. Por lo pronto, tras los acercamiento iniciales con la banca llenos de cordialidad y buenas intenciones por ambas partes, aún no se ha concretado nada. "El objetivo es pedir a la banca que colaboren para evitar los desahucios si hay problemas con las cuentas hipotecarias", explicó Carmena. Su intención es firmar un protocolo para la creación de una oficina para evitar los lanzamientos y que haya un interlocutor por cada uno de los bancos en esa oficina. En principio los bancos sugieren, optimizar el uso del Fondo Social de Viviendas para resolver esta cuestión, aunque están abiertos a colaborar para encontrar soluciones.
El 60% de desahucios en Madrid, de pisos públicos vendidos a fondos de inversión
Seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidasa fondos de inversiónen los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Así consta en un informe en el que el Ministerio de Hacienda desmenuza y critica el programa electoral de la nueva alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), que se ha comprometido precisamente a frenar los desahucios y a ofrecer una vivienda pública a los afectados. De los 111 casos contabilizados por Hacienda entre febrero y junio de este año, 65 fueron en viviendas vendidas por la Administración. El controvertido informe del Ministerio de Hacienda, censura las políticas comprometidas por el nuevo Gobierno municipal. Sin embargo, de su profusión de cifras y análisis se desprenden consecuencias preocupantes sobre la gestión llevada a cabo al frente del Ayuntamiento y de la Comunidad por el PP en los últimos años.
Hacienda recuerda que el Ayuntamiento sólo puede frenar un desahucio si lo ha promovido él mismo en viviendas de su propiedad. En caso de pisos hipotecados con bancos o alquilados a particulares, "no ostenta posibilidad alguna de actuación". Carmena es consciente de ello: “Los jueces son los que dan la orden de que alguien salga de la vivienda; se trata de que, cuando el juez tenga que acordar el lanzamiento, que a veces se producirá, ya esté resuelta una alternativa habitacional para que esas personas no se queden en la calle".
Manuela Carmena avanzó el pasado viernes que el Ayuntamiento ya está estudiando resolver o bien por la vía judicial o bien por la vía de acuerdos la venta de vivienda protegida de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a "fondos buite". Ya en el programa electoral de Ahora Madrid, partido instrumental que encabezó Manuela Carmena los pasados comicios, se recogía como uno de los compromisos "paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión".
Carmena: "No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda"
Un sencillo tuit de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha bastado para tranquilizar a todas los propietarios que tienen un piso alquilado, y ha explicado que, en lugar de paralizar los desahucios, el plan es "ofrecer alternativas a quien no pueda pagar", con lo que se evitaría generar una situación de indefensión a los particulares que cuentan con un inquilino que no abona la renta mensual.
No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda. Lo que haremos será ofrecer alternativas a quien no pueda pagar el alquiler.
Con este mensaje, la nueva alcaldesa de Madrid matiza por primera vez desde su nombramiento el pasado 13 de junio una de las propuestas más controvertidas de su programa electoral, donde se afirmaba que pondría "todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo)”.
La nueva propuesta Manuela Carmena sigue la línea marcada por Ada Colau y Barcelona en Comú, que según su programa electoral puesta por "garantizar apoyo, atención y seguimiento a los pequeños propietarios que se vean afectados por impagos de alquiler" para lo que "se estudiarán los motivos de impago" y, en el caso de no poder detener el desahucio, "se garantizará un realojo adecuado".
La idea de Carmena pasa por crear una Oficina de Mediación dentro del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Estos mediadores públicos elaborarán un estudio de la capacidad económica de los deudores que se cruzará con otro informe sobre la información social y el riesgo de vulnerabilidad de esas familias. Algo parecido a la "oficina antidesahucios" creada por la reciente y novedosa ley de vivienda del País Vasco, que además convierte el alquiler social en un derecho para sus ciudadanos.
598.747 ejecuciones hipotecarias desde que empezó la crisis
Finalmente, hoy hemos conocido que entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas hoy en un informe presentado por Amnistía Internacional. Los datos, sin embargo, no especifican si se trata de una vivienda o un local comercial. En cuanto a domicilios principales en nuestro país, en base a datos del Banco de España, que entre 2012 y junio de 2014 se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.
Así, Amnistía Internacional denuncia que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en nuestro país según los últimos datos del INE en 2011. En este sentido la organización reclama en su estudio el elevado número de viviendas vacías de las que dispone España, 3,44 millones según el censo de 2011, son un "recurso potencialmente utilizable a la hora de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución".
Este es un problema que, según denuncia Amnistía Internacional en su informe, está provocado "por la desprotección que sufre el individuo por parte de las instituciones públicas". También se señala que, a pesar de que desde 2012 el Gobierno ha aprobado una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su casa, éstas "no son suficientes para cumplir con las obligaciones que exige el derecho internacional en cuanto a derechos humanos".
El informe destaca también que en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública. Sin embargo, el porcentaje que supone dentro del mercado inmobiliario es sólo del 1,1% frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. Sin embargo, "las autoridades de áreas muy afectadas por los desahucios como Madrid o Cataluña han seguido vendiendo parte de su parque público de viviendas a sociedades de inversión, reduciéndolo aún más".
Desde Amnistía Internacional reclaman que "las autoridades españolas no han habilitado mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". Además, estiman que el Estado debería establecer un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar que el desahucio es realmente el único recurso posible una vez evaluadas todas las alternativas.
El Parlamento vasco ha cumplimentado el último trámite antes de aprobar de forma definitiva, en junio, la nueva Ley de Vivienda que van a sacar adelante el PSE, EH Bildu y UPyDy que se marca como uno de sus principales objetivos empezar a cambiar los cimientos culturales de una sociedad que todavía basa su diseño familiar sobre una vivienda en propiedad, asegurando como un derecho subjetivo una vivienda en alquiler a los ciudadanos que la necesiten.
Contempla además un canon para pisos desocupados que será de 10 euros por metro cuadrado, y se incrementará un 10% anual hasta un tope de tres veces el canon inicial, mientras permanezca sin usar ni alquilar; y la expropiación forzosa de uso de las viviendas en manos de los bancos, posibilidad esta última cuya regulación en un decreto andaluz acaba de ser rechazada por el Tribunal Constitucional (TC). "La futura ley vasca también lo incorpora, pero solo como el último recurso si la administración no dispone de parque para ofrecer", han precisado desde el Grupo Socialista tras asegurar que esa parte del proyecto incorpora todas las previsiones que exige el Constitucional.
Lo sustancial del nuevo texto es que convierte el alquiler social en un derecho para los ciudadanos del País Vasco que cumplan una serie de requisitos de ingresos y propiedades máximas, y que por lo tanto podrán reclamarlo en los tribunales si la administración pública vasca no se lo proporciona. Será la primera ley que ofrece a los ciudadanos pisos en alquiler como un derecho subjetivo, y saldrá adelante pese al Gobierno de Iñigo Urkullu, (PNV) que lo considera un despropósito desde el punto de vista económico. Después de dos años de tramitación, el proyecto de Ley de Vivienda, es en opinión de los partidos que la apoyan "un paso adelante en contra de la especulación".
Progresividad
La ley tendrá efectos prácticos para el ciudadano el día después de su aplicación, independientemente de que el Gobierno quiera retrasar la reglamentación posterior, ya que le fija un carril con unas condiciones iniciales por las que avanzar. El proyecto de ley establece en su disposición transitoria segunda que el primer año de su entrada en vigor las familias de tres o más miembros con menos de 15.000 euros de ingresos podrán reclamar al Gobierno vasco una vivienda en alquiler, el segundo año también las de dos miembros con 12.000 euros máximo y a partir del tercer las monoparentales con menos de 9.000 euros.
Fija además que las cuotas para el pago del alquiler nunca podrán sobrepasar el 30% de la "renta disponible" de cada unidad familiar, o el 15% si los ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. La Ley convertirá en un derecho subjetivo el artículo 47 de la Constitución Española en el que se establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y fija que los "poderes públicos promoverán las condiciones necesarias" para ello.
En 5 años, toda la vivienda pública en alquiler
La norma contempla asimismo que en cinco años, el Gobierno vasco deberá de orientar toda su política de vivienda hacia el alquiler. El 80% del parque de vivienda se destinará inicialmente al alquiler, y el proyecto de ley se marca un lustro para que el 100% se destine a ese tipo de uso.
La nueva legislación completa el sistema vasco de protección social que también fija como derecho subjetivo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), es decir, un salario público que hasta ahora da derecho también a recibir la Pensión Complementaria de Vivienda (PCV), que son 250 euros adicionales. El Gobierno ha estimado que la nueva ley tendrá un impacto de 760 millones en diez años, es decir, 76 anuales adicionales a los que ya destina a vivienda de alquiler, unos 90 millones el pasado año (a través de la PCV). Para el PNV, partido que junto al PP están en contra, pero al ser minoría en el parlamento vasco no van a lograr frenarla, no es sostenible.
El Tribunal Constitucional ha estimado, de forma parcial, el recurso del Gobierno contra el decreto ley antidesahucios en Andalucía y considera ilegal la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos, que era una de las medidas aprobadas por el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, al considerar que la expropiación de viviendas vacías a los bancos invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica". Además, apunta que la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto y "reservado a la ley formal".
La sentencia explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad: proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito. Y entiende que el decreto-ley andaluz "obstaculiza", con las expropiaciones, la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La Junta de Andalucía dictó con posterioridad al recurso de este decreto, una Ley de Vivienda que derogó en parte la primera norma. Dicha ley fue también recurrida ante el Constitucional por el Gobierno y está pendiente de resolución por el Pleno.
La sentencia, por otra parte, estima la pretensión del Gobierno y declara inconstitucionales y nulos el artículo que impone al propietario de una vivienda "el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico" porque afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda.
La urgencia, justificada
La sentencia cree que no puede rechazarse "como abusiva o arbitraria la situación de extraordinaria y urgente necesidad" que el gobierno autonómico, para legislar de urgencia (cuya constitucionalidad se cuestiona en este proceso) "ha apreciado en la actual crisis económica y en sus consecuencias sobre la vivienda". Así las cosas, cree que el Gobierno andaluz" ha cumplido con la exigencia de presentar explícita y razonadamente la situación extraordinaria que le habilita a usar los poderes de legislación de urgencia atribuidos estatutariamente".
De ese modo, respalda que se emplee el Decreto-ley como "un instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que reclaman una acción legislativa inmediata, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes".
La Junta de Andalucía presentó en abril de 2013 su decreto ley para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. El texto contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión; y el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
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