Lo que ocurrió entre 2012 y 2013 con la venta de casi 3.000 viviendas de protección social a un fondo buitre no es más que la punta del iceberg de una práctica que sigue vigente en Madrid: la venta de promociones enteras eliminando el derecho de tanteo de los inquilinos, y en base al informe de una consultora que, como respuesta a los problemas económicos de la Empresa Municipal de la Vivienda Social, solo dio una solución: vender los pisos. No ha sido el único caso, este verano también se han visto sorprendidos los vecinos de una promoción de pisos protegidos en alquiler con opción a compra en Torrejón de Ardoz. De las 31.100 viviendas protegidas edificadas en los últimos 12 años, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente. La Comunidad solo mantiene la titularidad de 1.100 pisos.
Así, a los vecinos de una promoción de viviendas protegidas construidas en régimen de alquiler con opción a compra en Torrejón de Ardoz, encontraron en julio en su buzón una nota que les informaba de que sus pisos han sido adquiridos por Fidere, un fondo buitre. El cambio de titularidad de las viviendas de Torrejón, que ha pillado a la mayoría de los vecinos de vacaciones, se produce pese a que el Gobierno regional se comprometió a no vender pisos protegidos a ese tipo de sociedades. “La Comunidad no va a vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro”, dijo la presidenta, Cristina Cifuentes, en su discurso de investidura, en junio de 2015. En diciembre de ese año, PSOE y Podemos sacaron adelante una enmienda parcial para que las viviendas de protección pública solo pudieran venderse a sus inquilinos o a entidades con fines sociales. La normativa no se ha desarrollado todavía.
Según José María García Gómez, director general de Vivienda en Madrid, "Se trata de una venta entre particulares, por lo que el compromiso de la presidenta (Cristina Cifuentes) se ha cumplido, no se ha producido una venta de viviendas de la Comunidad a terceros". Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 90% de las viviendas protegidas promovidas por la Comunidad de Madrid de 2005 a 2016 fueron construidas por promotores privados: el Gobierno regional impulsó la construcción de 31.100 casas, de las cuales 28.225 fueron edificadas por empresas privadas y solo 2.875 por la Agencia de Vivienda Social. Así, existen 30.000 viviendas edificadas entre 2005 a 2016, que pueden acabar en manos de fondos buitre. Es lo que les ha ocurrido a los vecinos de la parcela M-8 del Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz. El inmueble, promovido por la Comunidad, fue edificado por la constructora Sando, y en 2009 pasó a la inmobiliaria Hercesa. Hasta el 20 de julio, tres meses antes de que pudieran ejercer su opción de compra. “Hercecam (filial de Hercesa) ha transmitido la propiedad de su finca a la sociedad Yuncai Investment, que desde este momento es su nuevo arrendador”, decía la nota en el buzón. Yuncai Investment es filial de Fidere, filial a su vez de Blackstone.
En la ciudad de Madrid, este problema puede estallarle a la actual alcaldesa antes de que finalice su mandato. El Gobierno municipal puede encontrarse en meses con centenares de desahucios de inquilinos que vivían en régimen de alquiler en los pisos cuando eran públicos y no pueden hacer frente a los precios (con subidas de hasta el 43% en tres años) impuestas para renovar los alquileres. De aquí hasta 2019 sólo en los barrios de Carabanchel, Vallecas y Villaverde vencerán 1.553 contratos.
La portavoz de la plataforma de afectados, la última desahuciada
Esta batalla legal ha dejado en la calle a Arancha Mejías, la portavoz de la plataforma de afectados por la venta de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), quien ha recibido un burofax de Fidere, el fondo que compró su vivienda al Ayuntamiento, donde le comunican que no le renovarán el alquiler y que tiene treinta días para abandonar el inmueble. Mejías ha considerado que la compañía comete un "acto de venganza" al no renovarle el contrato por ser la “cara visible de luchar por todo el patrimonio que ha vendido el Ayuntamiento”. Mejías ha recalcado que los hechos demuestran que es incierto que los fondos no desahucien y que ella no entra en las tres condiciones que estos esgrimen para expulsar a alguien: no estar al corriente de pago, tener problemas de convivencia vecinal o ser delincuente.
La portavoz contra la venta de viviendas públicas compareció el pasado 1 de julio en la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que investiga la venta de estos inmuebles de la EMVS a los llamados fondos buitres durante la gestión de Ana Botella (PP). La joven, de 27 años, ha denunciado que Fidere, que adquirió su vivienda del PAU de Carabanchel hace tres años, la discrimina al no darle opción de quedarse en el piso aunque fuese con “condiciones leoninas” como sí ha hecho con otros vecinos.
El Ayuntamiento pide anular la venta de los pisos de la EMVS
El Ayuntamiento de Madrid pedirá declarar la "nulidad radical" de la venta, entre 2012 y 2013, de 18 promociones de vivienda de la EMVS al fondo de inversión Fidere. La delegada del gobierno Marta Higueras sostuvo que "está en las manos" de la Comunidad avanzar para anular ese contrato, mientras que Cristina Cifuentes aseguró que el Consistorio tiene "perfecta competencia para desarrollar las peticiones que considere necesario".
En abril, la Cámara de Cuentas cuestionó en un informe provisional la legitimidad de la venta al grupo Fidere, filial del fondo Blackstone, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de 1.860 casas correspondientes a 18 promociones de viviendas protegidas. El informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la venta de estos pisos se llevó a cabo "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación". De Hecho, según Marta Higueras, las viviendas se habrían vendido por la mitad de su precio.
Por ello, el equipo de gobierno municipal pretende obtener la "nulidad radical" de ese contrato, recuperando así las viviendas adquiridas por Fidere. Éste es un procedimiento que sólo afecta a la preparación y adjudicación de un contrato, y que según sostuvo la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y también presidenta de la EMVS, depende de la opinión favorable de la Comunidad para seguir adelante.
Si el Ayuntamiento de Madrid no logra la nulidad del proceso, tendría igualmente que pagar 30 millones de euros por los costes judiciales, admitió Higueras. Como último recurso, el Gobierno de Manuela Carmena no descarta acudir a la regulación estadounidense contra los sobornos, ya que Higueras recordó que los fondos que adquirieron las viviendas a través de Fidere (Magic Real State y Blackstone) son americanos. "Tendríamos que acreditar la connivencia de los compradores", un proceso que se podría prolongarse "entre ocho y diez años".
Si la asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS solicita la reapertura de la querella, el actual Gobierno municipal se unirá a la misma y se personará en el procedimiento para exigir la responsabilidad contable de todas las personas que permitieron esta operación, más allá del consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Además, se sumará a la solicitud de reapertura de la querella presentada por los afectados.
Fuente: elpais.com Foto: Laura Martín
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