En los últimos años, el mercado de la vivienda de alquiler ha experimentado un crecimiento proporcional a la compraventa de inmuebles, esto se debe a la subida general de los precios de la vivienda que, en consecuencia, dificulta el acceso a su compra. Por este motivo, gran parte de la población española decide optar por el arrendamiento de un inmueble como opción temporal pero, en la actualidad, esta solución también se encuentra acotada debido al ciclo iterativo de la subida del alquiler y el aumento de su demanda. ...continúa leyendo "Propuesta de ley para la regulación de los precios de alquiler"
A pesar de que las estadísticas sobre inmuebles sin inquilinos escasean (el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística data del 2011), se calcula que son cerca de 450.000 viviendas desocupadas las que hay en Cataluña, 100.000 se encuentran en manos deentidades financieras, 80.000 son de nueva construcción y unas 45.261 viviendas que están vacías después de haber pasado por un procedimiento de ejecución hipotecaria, junto con todos aquellos pisos vacíos de propiedad privada que están sin ocupar por otras causas. Una de las consecuencias más graves de la larga crisis económica, directamente relacionada con el problema del paro y las familias más necesitadas, es la dificultad de los ciudadanos para encontrar una vivienda o mantener la que adquirieron en propiedad durante la época de la burbuja inmobiliaria.
Esta realidad social ha sido denunciada reiteradamente en los últimos años por entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras muchas organizaciones, así como sociólogos, economistas e incluso algunos partidos políticos. La problemática se repite en prácticamente todos los municipios españoles y catalanes: muchas familias se han visto obligadas a dejar de pagar las cuotas hipotecarias, han sido desahuciadas o están en vías de serlo y su vivienda ha pasado a manos de los bancos o de la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como el “banco malo”). La principal reivindicación de organizaciones como la PAH es que estos pisos que han quedado vacíos después de una ejecución hipotecaria sean destinados al alquiler social, a un precio asumible para aquellos que tienen dificultades para acceder a un vivienda.
Con el objetivo de medir el alcance de la situación e identificar los núcleos de población que concentran los problemas más graves de acceso a la vivienda, Cataluña aprobó en abril del año pasado el decreto ley 1/2015 de “medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria”. Este decreto obliga a los bancos a proporcionar a l’Agència Catalana de l’Habitatge datos sobre el número de viviendas vacías que tienen. Medida inicialmente suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), que tras cinco meses de suspensión cautelar, ha decidido recientemente levantar el veto al impuesto catalán sobre los pisos vacíos. El tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión pero de momento permitirá cobrar la tasa pues considera que las consecuencias de hacerlo son reversibles y prevalece el interés de la Hacienda catalana. La Generalitat prevé recaudar 14,3 millones de euros. En este sentido, cabe destacar que algunos de los ayuntamientos de las ciudades más pobladas de Cataluña, como el de Barcelona o el de Badalona, acaban de anunciar que impondrán una tasa a los propietarios de los pisos que permanezcan vacíos durante dos años.
La mayoría de las nuevas leyes aprobadas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria se ha centrado en los grandes tenedores de vivienda vacía, es decir, entidades financieras, empresas y fondos de inversión. Medidas como la cesión obligatoria de estos pisos a la Administración que contempla el artículo 7 de la ley 24/2015, el impuesto sobre viviendas vacías, con el que la Generalitat recaudó el año pasado 11.3 millones de euros, y las multas que algunos consistorios han impuesto a las entidades financieras propietarias de inmuebles vacíos han conseguido movilizar una parte del stock de vivienda vacía.
Pero de momento no hay modo de contabilizar estas viviendas, así que la única manera de realizar una prospección del problema de la vivienda en Cataluña es analizar los datos oficiales procedentes de los bancos, y que por sí mismos ofrecen una perspectiva bastante fidedigna de la situación. No obstante, La Vanguardia ha consultado el "Registro de Pisos Vacíos" de la Generalitat, y ha cruzado los datos con otras cifras oficiales sobre vivienda y población que proporciona el INE (Instituto Nacional de Estadística), como el censo de viviendas, ejecuciones y desahucios, así como el número de residentes de cada municipio de Cataluña, lo que os permite obtener una visión más detallada del problema de la vivienda en Cataluña.
Barcelona y su área metropolitana
En números absolutos, Barcelona y su área metropolitana es donde hay más pisos vacíos por ejecución hipotecaria, pero eso no significa que los problemas más graves se concentren en esta zona del territorio catalán. Al haber mucha más población y un mayor parque de viviendas, es lógico que el número de pisos vacíos sea mayor en ciudades como Barcelona (2.445), Hospitalet del Llobregat (1.605) o Badalona (1.237).
En cualquier caso, estos grandes municipios del Barcelonès también presentan graves dificultades de acceso a la vivienda, porque a la problemática de los pisos vacíos por ejecución hipotecaria se suma la imparable especulación inmobiliaria, que en los últimos meses está expulsando a algunos residentes de la capital por la subida disparatada de los alquileres. En el último año, comprar piso en Barcelona ha subido el 9% y alquilarlo un 18%.
En términos relativos, sin embargo, Barcelona no está entre los municipios de Cataluña que más sufren el inconveniente de los pisos vacíos propiedad de los bancos. De hecho, entre las 64 ciudades de Cataluña de más de 20.000 habitantes, Barcelona se encuentra entre las que presentan un mejor balance de pisos vacíos por ejecución hipotecaria en relación al total de residentes y el total de viviendas disponibles: según el último censo del INE sólo hay 1,52 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes y 3 viviendas vacías de cada 1.000 disponibles.
Salt y Amposta, los casos más graves
Destaca sobremanera el caso de Salt, un municipio de la comarca del Gironés que presenta unas características excepcionales tanto a nivel demográfico como social: es uno de los términos municipales más pequeños de las comarcas de Girona, con sólo 6,5 kilómetros de extensión; más del 40% de sus casi 30.000 habitantes son inmigrantes; y registra el porcentaje de paro más alto de la provincia (y el cuarto más alto de Cataluña en poblaciones de hasta 40.000 habitantes), con el 18,6%. Nada que ver con la ciudad deGirona,la capital de la provincia, una de las ciudades con mayor renta media neta por hogar de España, de la que apenas le separan 3 kilómetros.
En Salt hay 783 pisos vacíos por ejecución hipotecaria, lo que en términos relativos significa que 70 de cada 1.000 viviendas disponibles en el municipio pertenecen a un banco y están inhabitadas. Esta situación ha provocado estallidos sociales con consecuencias políticas este mismo año. En abril se desalojó a 13 familias que ocuparon durante meses un edificio deshabitado propiedad de Sareb, una situación que empujó al gobierno municipal a invertir 2,5 millones de euros para comprar 100 pisos vacíos en Salt para destinarlos a alquiler social.
Un caso similar es el de Amposta, en la provincia de Tarragona, donde hay 480 viviendas vacías según el registro de la Generalitat. En un municipio con poco más de 20.000 residentes y algo menos de 11.000 viviendas disponibles, esto representa que hay 23 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes y 44 pisos vacíos de cada 1.000 disponibles. Amposta, como Salt, es otro de los cinco municipios de Cataluña con mayor tasa de paro (el 17,5%).
El Baix Penedès, castigado por el paro
Otros dos municipios, también en la provincia de Tarragona cuentan con una elevada tasa relativa de viviendas vacías propiedad de los bancos son Calafell y El Vendrell, ambos en el Baix Penedés, una comarca cuyo PIB por habitante está muy por debajo de la media catalana, y de las 10 comarcas de la demarcación de Tarragona, es la última.
El Vendrell, la capital, presenta unas características similares a Salt y Amposta, en especial por su altísima tasa de paro (casi un 20%, la más alta de Cataluña junto con Badia del Vallès, en el Vallés Occidental de Barcelona) y un rápido crecimiento demográfico a causa de la inmigración. En este municipio, la situación de emergencia social también ha tenido alguna consecuencia trágica este mismo año, como el caso de la familia que falleció en un incendio de la vivienda donde residían ilegalmente después de ser desahuciados. Este suceso ocurrió mientras el ayuntamiento de esta localidad tarraconense negociaba con los bancos la cesión de los más de 500 pisos vacíos que poseen en El Vendrell. A menos de 6 kilómetros, en Calafell, hay alrededor de otros 400 pisos vacíos por ejecución hipotecaria, aunque en este caso cabe presuponer que una parte de éstos puedan ser segundas residencias, al ser esta localidad un lugar habitual de veraneo.
Tortosa, Manresa, Lleida, Terrassa y Tarragona
Algunas capitales de provincia y grandes núcleos de población en Cataluñatambién presentan problemas relativamente serios. En Tortosa (capital de la comarca del Baix Ebre) hay 459 viviendas vacías (27 de cada 1.000); en Manresa, 850 (más de 20 de cada 1.000); en Lleida, casi 1.400 (10 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes); en Terrassa, 1.950 (9 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes; casi 20 de cada 1.000 pisos están vacíos); y en Tarragona, 1.200 (prácticamente 9 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes). En el cinturón metropolitano de Barcelona, la ciudad en peor situación es Santa Coloma de Gramenet, con 876 pisos vacíos (casi 18 de cada 1.000).
En el otro extremo de la tabla, es decir, entre los 64 grandes municipios de Cataluña con menos pisos vacíosa consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se sitúan varias poblaciones del Maresme (Vilassar de Mar y El Masnou) y del Baix Llobregat (El Prat del Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu del Llobregat), además de Sant Cugat del Vallès, la ciudad catalana con la renta media más alta, y Sitges (Garraf), lugar habitual de segundas residencias de gente adinerada.
Entre los municipios catalanes de tamaño mediano (entre 5.000 y 20.000 habitantes), también hay algunos que presentan elevadas tasas de pisos vacíos, especialmente, en la provincia de Lleida. Es el caso de Alcarràs, localidad ubicada a apenas 11 kilómetros de Lleida, donde 75 de cada 1.000 viviendas son propiedad de los bancos y están vacías. A un radio de 30 kilómetros de la capital leridana, se registran situaciones similares en municipios de como Balaguer o Mollerusa, () aunque en términos relativos es aún más grave la situación de pueblos más pequeños como Roselló o Alcoletge (donde hay, respectivamente, 78 y 74 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes). Otras zonas también se concentran problemas importantes de acceso a la vivienda en Tarragona (en sitios como Constantí o Mont-roig del Camp), y muy especialmente en Montsià y Bajo Ebro (sobre todo en Sant Carles de la Ràpita, Deltebre y Ulldecona).
En el ranking global de los 743 municipios catalanes que se incluyen en este informe, la peor situación relativa en relación al número de pisos vacíos sobre el total de la población corresponde a poblaciones muy poco habitadas. Es el caso de Capafonts (Priorat), donde 17 de las 162 viviendas del pueblo son propiedad de bancos y están vacías; la Vall de Cardós (Pallars Sobirà), donde ocurre lo mismo con 29 de las 550 casas; y en Girona, Espinelves (Osona), donde sólo hay 119 viviendas y 14 de ellas fueron desalojadas por impago de la hipoteca.
Fuente: lavanguardia.com
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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se prepara para pedir a todos los Ayuntamientos mociones para multar a los bancos que tengan pisos vacíos. La entidad ha enviado este viernes a los partidos políticos catalanes un modelo de moción para que las aprueben en los 945 municipios catalanes y sigan así la iniciativa de Terrassa, que ha sido la primera ciudad catalana que ha sancionado a tres entidades bancarias por mantener viviendas desocupadas durante más de dos años de forma injustificada.
Multar a bancos por este motivo es legal. Es una de las medidas que recoge la Ley al Derecho de la Vivienda, aprobada por el tripartito en 2007, pensada en ese momento para contrarrestar el imparable aumento del precio de las viviendas, muy por encima de los salarios, cosa que ya provocaba que sectores de población vulnerables "sufrieran situaciones de exclusión del derecho a la vivienda", reconoce la normativa en su preámbulo. La ley considera que la desocupación de un inmueble durante más de dos años por causas injustificadas es "una situación anómala" y contempla una serie de sanciones económicas que pueden llegar hasta los 900.000 euros en el caso de la Generalitat y 500.000 si el que sanciona es un ayuntamiento.
La moción redactada por la PAH insta a los municipios a elaborar planes de vivienda que recoja "medidas de fomento para evitar la desocupación permanente" de pisos, así como implantar programas de inspección para "detectar, comprobar y registrar" las viviendas en esta situación. El siguiente paso a seguir, sigue el texto, es que los Ayuntamientos insten a las entidades bancarias y grandes empresas a que pongan medidas decididas para encontrar inquilinos para estas viviendas y, en caso contrario, se tramiten las sanciones que recoge la normativa. Según la portavoz de la PAH, Ada Colau "Hay que afrontar la raíz del problema y sancionar a los bancos que han robado estos pisos con hipotecas abusivas y una Ley Hipotecaria que hasta Europa ha criticado por ilegal".
El Ayuntamiento de Terrassa ha sido el primero a aplicar estas medidas. El pasado martes firmó las tres primeras multas contra entidades bancarias, pero se esperan que sean muchas más ya que de momento el Ayuntamiento ha abierto 725 expedientes. En estos requerimientos, el Consistorio exige al banco que ponga todas las medidas necesarias para dar salida a su stock de viviendas (por ejemplo, ajustando precios) o, en su defecto, que ceda el piso al Ayuntamiento para que pueda darle un uso social.
La intención de la PAH es que estas medidas se puedan extender en municipios de todo el Estado. Pero el modelo de moción que ha preparado la entidad es válido solo para Cataluña, ya que el paraguas normativo en que se basa es una ley autonómica. No obstante, Colau ha explicado que enviarán el texto a las PAHs del resto de Comunidades "para que adapten el redactado a sus respectivas normativas o que incluso que pidan cambios y actualizaciones de sus leyes".
Con esta movilización generalizada, la PAH quiere hacer frente a lo que consideran una "emergencia habitacional". Y lo ilustran en cifras. En España hay actualmente 3,4 millones de viviendas vacías, de las cuales se calcula que 800.000 son propiedad de entidades financieras -450.000 en Cataluña-, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidas a 2011. Parte de estas son de nueva construcción que no han encontrado comprador, pero también las hay que son fruto de desahucios. Y es que en los primeros nueve meses de 2013 se produjeron en España 50.000 lanzamientos o desahucios -12.000 en Cataluña-, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que incluyen no solo viviendas, sino también locales y solares.
Las mociones también instan a la Generalitat a tomar medidas para reducir la desocupación de los pisos. De hecho, el gobierno catalán anunció que trabaja en una normativa para crear una tasa que pagarían los bancos que acumulen viviendas vacías. El gravamen, que busca dar salida a los inmuebles desocupados que hay en Cataluña.
Los manifestantes tuvieron que ocupar la sede del BBVA con pitidos constantes, proclamas en favor de la dación y en contra de los bancos y alguna que otra coreografía, para que ayer el presidente de la Generalitat recibiera por primera vez a la PAH.
Pancarta de la manifestación de la PAH
Han tenido que pasar cuatro años y 88.786 ejecuciones hipotecarias para que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, recibiera ayer por primera vez a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La comitiva del colectivo, formada por Ada Colau, Martí Batllori y Mónica Guerrero, se reunió durante una hora con Mas para exigir la suspensión de todos los desahucios pendientes, la expropiación del uso de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras o del banco malo y la eliminación de las plusvalías municipales sobre las daciones. Mas, se limitó a prometer que estudiará las propuestas y que actuará para suprimir las plusvalías municipales sobre las daciones y condonaciones de hipotecas.
Ada Colau reconoció, en declaraciones a Efe, que no había conseguido un compromiso firme del Ejecutivo para frenar los desahucios, aunque Mas sí coincidió en criticar la existencia de pisos vacíos de entidades financieras nacionalizadas con dinero público o del “banco malo”.
Han pasado dos meses y medio desde Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraba injusto el sistema hipotecario español, ahora, el Gobierno español ha aprobado una nueva ley (la 1/2013) que desoye los planteamientos de la ILP por la dación en pago (la que recogió un millón y medio de firmas) y que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tilda de "inútil, ilegal y que vulnera derechos humanos".
La nueva ley solo permite un mes de plazo para que los afectados aleguen cláusulas abusivas, y la PAH lo considera muy grave. El equipo jurídico de la PAH acaba de lanzar un "kit de emergencia" para las familias que no pueden pagar la hipoteca y tienen procesos de ejecución en curso. Este kit ayudaría a los casos más urgentes, los que están amenazados de desahucio.
Este paquete de documentos incluye consejos generales para que estas familias puedan alegar cláusulas abusivas en su contrato hipotecario antes del 16 de junio, el mes que la nueva ley da para alegar; modelo de escrito para que soliciten justicia gratuita; para plantear las cláusulas abusivas y también para solicitar que se suspenda la subasta notarial.
Al mismo tiempo que se concretan las ayudas públicas a la banca, la creación del banco malo –que absorberá activos inmobiliarios de entidades financieras- y las condiciones de la población se recrudecen a consecuencia de la crisis, la lacra de los desahucios se extiende.
Ante esta situación, cada vez hay más familias que, tras perder su casa por no poder pagar la hipoteca o las cuotas del alquiler, se convierten en ocupas de viviendas deshabitadas propiedad de bancos, constructoras quebradas o pisos oficiales sin adjudicar para evitar dormir al raso.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha abierto cuatro edificios en el Vallés Occidental para alojar a las personas que se encuentran en esta situación.
La iniciativa, que han bautizado como “Obra Social la PAH”, pretende, según fuentes de la plataforma, “forzar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago” y que las administraciones públicas adopten “las medidas necesarias” para garantizar el derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución Española así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ...continúa leyendo "Ocupar pisos de bancos después del desahucio"
Izquierda Unida apoya a los afectados por la hipoteca de La Rioja
"Izquierda Unida de La Rioja ha mantenido una reunión con representantes de la recientemente creada Plataforma de Afectados por la Hipoteca de La Rioja (PAH) durante la que ha manifestado su máximo apoyo a las reivindicaciones y próximas movilizaciones de este colectivo en nuestra región.
Así, durante la reunión representantes de Izquierda Unida y la PAH han coincidido en la denuncia a las medidas y políticas de recortes sociales y pérdida de derechos con que los distintos gobiernos del PSOE y el PP están afrontando la crisis y en la necesidad de una amplia movilización social para frenar estas políticas."
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