El certificado energético de una vivienda es un documento oficial y de carácter obligatorio que incluye la calificación energética de una vivienda o edificio. Esta calificación energética se calcula en base al grado de eficiencia energética del inmueble tras realizar una evaluación sobre el consumo anual de energía necesario para satisfacer la demanda energética del edificio o vivienda en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. En este post te detallamos todo lo que tienes que saber acerca del certificado
La evolución del mercado del alquiler en España, en lo que respecta a la certificación energética de inmuebles muestra datos preocupantes tras algo más de un año que se aprobó su obligatoriedad. Así, según un estudio el estudio realizado por Certicalia hasta un 83% de las casas y pisos en alquiler examinados suspende en eficiencia energética.Además, llama la atención que mientras que los pisos en venta representan el 75% de los certificados, sólo un 25% corresponde a viviendas en alquiler.
A falta de datos oficiales, son las empresas de certificación las que nos van informando un poco sobre cómo evoluciona el Certificado Energético sobre inmuebles, obligación para todos los que tengan en venta o alquilar su vivienda, y su aplicación desde el pasado 1 de junio de 2013, a instancias de Europa. Así, en este caso, el estudio realizado por Certicalia es de los pocos que aportan datos estadísticos sobre el número de viviendas en alquiler certificadas y la calificación energética obtenida.
No obstante, pese a este alto porcentaje, la calificación energética de viviendas alquiladas no es mejor que el de la vivienda en venta. Según el estudio, el 83% de inmuebles en alquiler suspende en eficiencia energética obteniendolas tres notas más bajas: E (52%), F (12%) y G (19%). Sólo un 14% de los inmuebles ha sacado una D y apenas el 3% aprueban con las mejores calificaciones: A, B y C.
Los datos oficiales no diferencian entre venta y alquiler
No se entiende muy bien por qué no existe una estadística oficial sobre el número de viviendas en alquiler que disponen de certificado energético. Es más, los técnicos que redactan este certificado no están obligados a aportarel estado del régimen en que se encuentra el inmueble a la comunidad autónoma correspondiente.
De este modo, aunque el Real Decreto 235/2013 excluye de las obligaciones de certificación energética a los propietarios de viviendas en alquiler con un uso inferior a cuatro meses al año o con un consumo previsto de energía inferior al 25%, según Encarna Cordero, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) "se trata de una regla de difícil control". "No hay consecuencia alguna con respecto a las viviendas que, estando inicialmente excluidas, sin embargo fueron objeto de una ocupación superior o de un mayor consumo de energía". Exclusión que es, por lo tanto, difícil de gestionar por la Administración.
Así, en un contrato de alquiler tampoco tiene por qué existir una tercera parte, además del arrendador y el arrendatario, en la celebración del mismo. Por ello, según José Luis López, de la Asociación de Ciencias Ambientales "aunque no exista el certificado de eficiencia energética, si el inquilino no lo exige, aunque está en su derecho, se firmará el contrato y nadie informará de que es obligatorio contar con él desde el 1 de junio de 2013". Muy distinta es la situación para las casas en venta. En este caso, según Certicalia "los propietarios se ven más obligados a cumplir con la normativa porque su contrato pasa por la Notaría, donde sí que se les exige el certificado energético".
En conjunto, Certicalia estima que de los 645.359 inmuebles certificados y registrados (pisos, locales, chalets, edificios y oficinas) según los datos que publicó el pasado mes de julio el Ministerio de Industria, 406.926 estarían destinados a la venta y 212.968 al alquiler.
El 85% de los inmuebles en España incumple con la normativa europea que establece la obligatoriedad de tener un certificado de eficiencia energética. Un año después de su aprobación, solo el 15% restante cumple con el reglamento, según Alquiler Seguro, que creen que esta normativa "se ha convertido en un mero mecanismo recaudatorio".
Según destaca Alquiler Seguro: "la poca información, la falta de concienciación y la escasez de ayudas administrativas para la implantación de la normativa convergen en un fracaso de la Dirección General de Industria".
Para esta empresa, los "propietarios e inquilinos lo entienden como un gasto más, ya que no se le ha dado el sentido que tiene a nivel europeo como información y mejora del consumo energético de las viviendas"
Por otro lado, apuntan que, a pesar de que la ley establecía medidas sancionadoras, "nunca se han producido". En este sentido, Alquiler Seguro indica que en lo que va de año sólo la Comunidad de Madrid ha interpuesto una sanción económica a un profesional que falseó los datos de la expedición de un certificado de eficiencia energética.
Para Alquiler Seguro, "tener un certificado A o G no influye en la toma de decisión de los inquilinos, sigue primando la cercanía al trabajo o las comodidades del piso muy por encima de la eficiencia energética". Por otro lado, según Certicalia, empresa especializada en certificación "la mayoría de los clientes solicitan el certificado energético en el momento de la firma del contrato de venta o alquiler” en lugar de cuando el inmueble se está anunciado como indica la normativa.
Además, las trabas burocráticas y la no homogenización por parte de las comunidades es uno de los mayores inconvenientes: "algunas comunidades cobran, otras establecen impuestos especiales, en otras es gratis. Si hubiese una normativa común no habría tanta confusión entre los afectados".
Así, según los datos del Ministerio de Industria, de entre el excaso 15% de inmuebles con certificado energético, el 85% ha sido certificados con las calificaciones más bajas, casi la mitad de los inmuebles tienen una calificación E en una escala que va de la A a la G, y apenas un 4% alcanzan las calificaciones A, B y C. Según los expertos son resultados "previsibles" teniendo en cuenta que se están certificando viviendas anteriores a 2007. Son los inmuebles de nueva construcción los que cumplen ya con las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE), en los que cabe calificaciones entre la C y la A.
Por otra parte, según Certicalia desde el 1 de junio de 2013 hasta hoy el precio del certificado energético ha descendido hasta en un 50%. Así, en junio del año pasado el precio del certificado se movía alrededor de los 120 euros mientras que a día de hoy el precio medio del certificado es de 60 euros.
El Real Decreto 235/2013 que obliga a que las viviendas en venta o alquiler muestren su certificación energética, pronto cumplirá un año desde su entrada en vigor en junio del pasado año 2013. En este tiempo, la tónica dominante siguen siendo las diferencias en el precio para gestionar este trámite según la comunidad autónoma en la que se encuentre el inmueble. Y es que, en función de cada región, los ciudadanos deben asumir unos costes diferentes para cumplir con una obligación que tiene su origen en una Directiva Europea.
Además, las diferencias en la cuantía de las tasas entre las diferentes comunidades autónomas en algunos casos es bastante notable, que se acentúan aún más si tenemos en cuenta el precio fijado por los técnicos. Según datos de Certicalia, plataforma certificadora a nivel nacional, los precios por certificar energéticamente una vivienda de entre 50 y 80 metros cuadrados, varían desde los 50 euros en Madrid hasta los casi 128 euros de La Rioja. Según la certificadora, la explicación de esta gran diferencia de precio es la menor demanda de certificados en la comunidad riojana y el tener el coste por registro más alto de España (37,95 euros).
No todas las comunidades autónomas cobran por registrar el certificado. Podemos encontrar comunidades donde los registros son gratuitos como en Madrid, Asturias o Cantabria, y comunidades que cobran una tasa por registro: 38 euros en el caso de La Rioja, pasando por los 29,10 euros en Castilla y León, los 11 euros en Cataluña o los 23 en Murcia. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) "Una cuantía económica que debería estar justificada por el tipo de gestión administrativa implantada (registro presencial o vía web) y el alcance del control e inspección de los certificados que vaya a realizar cada Comunidad". Pero no siempre es así. En Madrid, por ejemplo, el registro del certificado es telemático; no así en Cantabria o Asturias, donde el registro es exclusivamente presencial y supone un sobrecoste por el desplazamiento y la presentación de la documentación en papel y en soporte digital, aclaran en Certicalia.
Una situación que según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) "No tiene mucho sentido. Si se hubiese habilitado y acordado un registro único estatal, respetando, lógicamente, las competencias de cada comunidad autónoma, los costes de implantación de la normativa se hubiesen minimizado".
A partir del 1 de junio, nueva tasa en Navarra y País Vasco
A todo esto, a partir del 1 de junio, Navarra y País Vasco obligarán al propietario de una vivienda o edificio con calificación energética A o B ( las más eficientes) en la primera de ellas, y A, B y C, si el inmueble se encuentra en la segunda, a encargar a un agente acreditado un informe favorable del primer certificado. Un coste que no fijan estas comunidades, pero que será un "poco inferior al de la propia certificación", asegura Manuel Sayagués, director técnico de Energía de ATISAE, uno de los Organismos de Control Autorizado recomendados por el Gobierno Vasco. Según este organismo "hay que entender que el trabajo del control externo consiste en revisar que los datos de entrada al programa de calificación son correctos, lo que implica visitar el edificio, y recalcular la calificación con el mismo programa que se usó en la certificación".
Desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) consideran que estas dos comunidades pretenden, con esta medida, realizar un control más exhaustivo para comprobar la veracidad de los inmuebles que han obtenido mejor calificación. No en vano, el capítulo del Real Decreto 235/2013 dedicado al control de los certificados dice que las comunidades autónomas podrán delegar esta responsabilidad en agentes independientes.
Sin embargo, el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti), José Antonio Galdón, no entiende por qué otro agente tiene que certificar el trabajo que ya ha calificado un primer técnico. ¿Acaso se está tirando por tierra la profesionalidad y responsabilidad del primer certificador? "Lejos de favorecer a los propietarios de viviendas y edificios eficientes, se les penaliza con tener que pagar un nuevo certificado".
El 90% de las viviendas que existen en España suspende en eficiencia energética. Así de concluyente es un estudio realizado por Certicalia, red de más de 2.000 técnicos que realizan certificados energéticos, y que deben tener obligatoriamente desde junio del pasado año todas las viviendas en venta o en alquiler. El informe, basado en una muestra representativa de 6.000 viviendas, refleja que ninguna vivienda alcanza la calificación A en consumo de energía (la más alta) y solo el 11% logra una B, C o D, que se consideran aprobados. El resto se queda en las letras E, F o G, que se consideran no eficientes.
¿Cómo se ha llegado a este grado de ineficiencia? Según Inés García, portavoz de Certicalia "Primero, porque hasta 1979 no se introdujo la primera ley que incluía unos mínimos requisitos de aislamiento en las construcciones. Y hasta 2006, con la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE), no se endurecen las exigencias para los edificios de nueva construcción para poder alcanzar al menos una calificación D". Es decir, prácticamente todo el parque de viviendas en España se construyó sin tener en cuenta la eficiencia energética, porque desde 2007 hasta ahora se han edificado poco más de un millón de casas, según el Instituto Nacional de Estadística. "Y si consideráramos las nuevas exigencias para las nuevas construcciones que impone el nuevo CTE, que entra en vigor en marzo, prácticamente todas las casas estarían caducadas energéticamente".
Adrián Sánchez Molina, presidente de la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece) cree que "En España se ha legislado demasiado tarde, y a veces porque nos ha denunciado o multado la Unión Europea. Durante años no se ha pensado en las consecuencias que esto pudiera tener, como la pobreza energética, porque había dinero para pagar los recibos de la luz y el gas y las facturas no eran tan altas”. Según el estudio más reciente, realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales, en 2010 el 10% de la población sufría "pobreza energética", un porcentaje que puede haber subido varios puntos desde entonces.
Así, según Certicalia, "Ni siquiera ahora, cuando el problema está ya sobre la mesa, el Gobierno apuesta por la eficiencia. Primero, porque introduce trabas a las energías renovables. Y segundo, porque no está dando publicidad suficiente a la certificación energética. La muestra es que de los dos millones de viviendas que se calcula que deben tener el certificado por estar a la venta o en alquiler, solo medio millón lo han registrado".
El estudio apunta también a otros factores, aparte de la normativa tardía, que han contribuido a esta situación. "Con el boom inmobiliario se construyó mucho sin tener en cuenta el factor geográfico, ni la orientación de las fachadas, ni el emplazamiento, y eso tiene como resultado edificios que dependen de los sistemas mecánicos de climatización para calentarse o refrigerarse. En la arquitectura tradicional encontramos ejemplos mucho más eficientes: en el norte de España se construían galerías acristaladas, que captaban el calor del sol a modo de invernadero; en cambio, en el sur son tradicionales los patios sombreados y las ventilaciones cruzadas para refrescar las viviendas".
La nueva legislación garantiza que los nuevos edificios van a ser más eficientes, pero actualmente en España hay unas 25 millones de viviendas, ¿qué pasa con ese 90% de los que ya construidos que suspende? "La única solución es la rehabilitación energética. Para cumplir con los objetivos energéticos y de emisiones de la UE para 2050, España debe establecer como meta una tasa de reforma de 400.000 viviendas anuales, el 1,5% del parque actual, frente a la tasa actual del 0,3%", afirma Georgios Tragopoulos, técnico de eficiencia energética de WWF España. "Países como Alemania y Reino Unido ya han desarrollado políticas efectivas para financiar la rehabilitación de construcciones antiguas. España debería tomar nota, porque aquí está casi todo por hacer".
Rehabilitación energética en la vivienda, un ahorro seguro
Hay en España infinidad de edificios y viviendas que fueron construidos en la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado. Miles de hogares que pierden calor por las ventanas, por los muros, el tejado y los cimientos. El arquitecto José Luis López afirma que estas viviendas son "como un radiador que emite constantemente energía al exterior. Un derroche". Pero tiene remedio. "Aislamiento de lana vertical de ocho centímetros, reforma de la cubierta, ventanas y contraventanas más eficientes, renovación de las instalaciones eléctricas y centralización de calderas. Con estas reformas vamos a conseguir un ahorro mensual de energía por encima del 50%, y posiblemente los vecinos solo necesitarán poner la calefacción un par de horas al día para tener su casa caliente".
El coste medio de una rehabilitación energética es de 14.000 euros por vivienda media (calculada en 81 metros cuadrados), según una guía elaborada por WWF y Fundación Reale.
Una intervención energética debe incorporar tanto medidas pasivas (aislamiento de muros y cubierta, instalación de elementos de sombreado...) como activas (centralización de calderas y sustitución por otras más eficientes, instalación de energías renovables o renovación de electrodomésticos).
Una rehabilitación total puede conseguir un ahorro hasta del 80% en el consumo energético. Se calcula que la inversión puede recuperarse en solo 10 años.
La rehabilitación energética no solo ayuda a reducir el consumo, sino también reduce la entrada de ruidos, mejora la calidad del aire interior y contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vivienda.
El Real Decreto 235/2013 aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de abril, dice que a partir del 1 de junio de 2013, para vender o alquilar una vivienda, el propietario de la misma, ya sea promotor, banco o algunos edificios de las administraciones públicas, deberá tener un certificado de eficiencia energética del inmueble.
La etiqueta de Calificación Energética deberá estar presente en todos los anuncios,ofertas, promociones y publicidad dirigida a la venta o alquiler de cualquier inmueble.
Es un documento que indica la eficiencia energética de una vivienda, edificio o inmueble.
Permite saber lo eficaz que es un inmueble respecto a su consumo de energía, describe sus características energéticas y aporta recomendaciones para mejorarlas.
¿Cual es el objetivo de la Certificación energética de inmuebles?
El objetivo principal es que las viviendas sean lo más eficientes posible en materia energética. A través del certificado es posible conocer el estado del parque de viviendas actual y facilitará la puesta en marcha de políticas encaminadas a mejorar la eficiencia de los edificios.
El horizonte está el que todas las viviendas que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020 tengan un consumo de energía casi nulo, tal y como está establecido en la disposición adicional del real decreto 235/2013, de 5 de abril.
También tiene como objetivo el informar a compradores e inquilinos sobre la eficiencia (consumo energético y emisiones CO2) de su futura vivienda o inmueble y les permita comparar entre las distintas ofertas.
En 2020 todos los edificios de la Unión Europea deberán tener un consumo de energía casi inexistente
Hasta la fecha, tan sólo se han emitido 1.800 certificados energéticos en toda España. Esta cifra es muy baja. En Portugal se han emitido ya 400.000. Actualmente, las únicas Comunidades Autónomas que poseen un registro oficial de certificados de eficacia energética son Cataluña, Navarra, Galicia, Valencia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias.
El presidente de la Fundación La Casa que Ahorra, Francisco Fernández Campal, en declaraciones hechas al diario El Mundo, afirma que el 90 por ciento de los edificios españoles no está construido de acuerdo a parámetros de eficacia energética.
Conseguir el objetivo marcado para el año 2020, reducir el consumo de energía final de viviendas en un 30 por ciento con respecto a cifras del 2008, supondrá dejar de emitir 8,7 millones de toneladas de CO2.
¿Cómo deben ser las viviendas que ahorran en energía? Según Fernández Campal, deben tener una orientación favorable, un aislamiento óptimo -con el uso, por ejemplo, de paredes ciegas o huecos acristalados-, un diseño eficiente y una ventilación adecuada.
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El 90% de las viviendas que existen en España suspende en eficiencia energética. Así de concluyente es un estudio realizado por Certicalia, red de más de 2.000 técnicos que realizan certificados energéticos, y que deben tener obligatoriamente desde junio del pasado año todas las 
