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Cáritas ha recibido en solo un mes y medio,más de 2.200 peticiones para los pisos sociales en alquiler que la Comunidad de Madrid ofreció en marzo. Son 50 solicitudes diarias, una cada media hora para las 1.000 viviendas repartidas por la región que la Comunidad de Madrid puso a disposición de estos colectivos a través del Ivima (el instituto de la vivienda de Madrid).

Pisos sociales cáritas - Cáritas recibe una petición cada media hora de pisos sociales

"Esperamos entre 7.000 y 10.000 peticiones en un año, por ahora va muy rápido". Las solicitudes se presentan por internet y deben cumplir varios requisitos, recogidos en la web de Cáritas. Son pisos dirigidos "fundamentalmente" a personas en riesgo de desahucio, que hayan visto rebajado su nivel de renta o que vivan en pisos de integración social "destinados a colectivos especialmente vulnerables". La horquilla de renta oscila entre 18.638 para una sola persona y hasta 28.069 para familias con seis o más miembros. Los aspiratnes deberán llevar al menos un año empadronados en la región y garantizar unos ingresos mínimos, lo que en Cáritas llaman "una renta de supervivencia" que supone "unos 400 euros al mes para dos personas, por ejemplo".

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Denuncia que 'sólo da respuesta a exigencias evidentes del sector financiero'

caritas - Cáritas pide la retirada de la nueva ley de alquileresSegún publica El MundoCáritas ha reclamado la retirada del 'Anteproyecto de Ley de Medidas de flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas' impulsado por el Gobierno porque entiende que perjudica a los arrendatarios -misma percepción de la nueva normativa que tiene CCOO- y tiene como única finalidad "limpiar contablemente activos inmobiliarios".

Opinión totalmente opuesta a la que tiene Ana Pastor, ministra de Fomento y responsable estatal de Vivienda, que cree que favorece a los arrendatarios.

En un comunicado, la ONG de la Iglesia católica ha manifestado su "total desacuerdo y reprobación" de esta propuesta legislativa anunciada por el Gobierno central "que supone un gravísimo e inadmisible retroceso en las políticas de protección de los arrendatarios de viviendas en nuestro país".

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