Córdoba contará en 20 meses con una nueva promoción de 155 viviendas protegidas amuebladas de 50 metros cuadrados para mayores de 65 años en régimen de alquiler. La secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, ha colocado la primera piedra de estos alojamientos incluidos en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
La promoción inmobiliaria forma parte de un complejo residencial mucho más amplio que incluye zonas comunes y servicios asistenciales. La planta baja del bloque de inmuebles se destinará a equipamientos entre los que destacan un centro de día para mayores, una biblioteca o un gimnasio, una guardería, un comedor-restaurante y la sede para la asociación vecinal. Además, dicho complejo contará además con 89 plazas de aparcamiento y 2.888 metros cuadrados de zonas verdes y ajardinadas.
El coste del proyecto asciende a los 12.380.000 euros, de los que el Ministerio de Fomento aportará ayudas de hasta 10 millones entre la subvención directa de 3,3 millones de euros y una subsidiación para el pago del préstamo concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La Empresa Municipal de Viviendas de Córdoba, Vimcorsa, apoya el proyecto, al que han concurrido 27 empresas, con 741.000 euros y la Junta de Andalucía aporta 2,3 millones de euros a través también de préstamos ICO gestionados por Vimcorsa que alcanzan los 8,3 millones de euros. El 8% restante se abonará con los ingresos por el cobro de los alquileres, 150 euros al mes.
La ex ministra de Vivienda y actual secretaria de estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ha resaltado que proyectos como éste demuestra cuáles son "las prioridades del Gobierno en política de Vivienda" y que no es otra que "apoyar a los colectivos que tienen más dificultades" y de paso fomentar el arrendamiento. De hecho, en la actualidad, según Corredor, más de 32.000 jóvenes se benefician ya de la Renta de Emancipación Básica en toda Andalucía, lo que ha supuesto un desembolso del Gobierno de 99,3 millones de euros.
Mirando a la actualidad, Corredor ha destacado que el 'stock' de viviendas sin vender en 17 provincias con litoral, incluidos los archipiélagos, es del 60%. De ahí la importancia de iniciar una campaña informativa en el extranjero ('road show') para dar salida el excedente de pisos en España dirigida a las familias e inversores. A éstos se les explicará que "el excedente de viviendas sin vender es muy diverso, que los precios han evolucionado de forma muy distinta y que en España hay una seguridad jurídica totalmente garantizada". El objetivo es que "vuelvan a España como destino prioritario de inversión inmobiliaria".
En cuanto a la iniciativa de la asociación de consumidores Adicae de recoger firmas para que la hipoteca se cancele al entregar el piso, Corredor ha insistido en que esta propuesta traería consigo medidas perjudiciales para las familias, pues las entidades financieras tan sólo les darían la mitad del valor de la vivienda, se acortarían los plazos de las hipotecas a 10 ó 15 años, se subirían al doble o al triple los intereses y se les exigirían más seguridad como avales o préstamos adicionales. De este modo, ha aclarado, "sólo podrían comprar aquellas familias con una capacidad de pago muy por encima de la media o con una capacidad de ahorro muy por encima de la media". Por ello, "creemos que -aprobar la dación en pago- perjudicaría al 97% de las familias que pagan su hipoteca".
Fuente: elmundo.es
