Los desahucios aumentan en el primer trimestre un 2,2% (de alquileres el 56,4%)

El número de desahucios (lanzamientos) durante el primer trimestre del año ascendió a 17.055, lo que supone una subida del 2,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y el primer incremento en términos interanuales en siete trimestres, según la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El incremento, se debe principalmente a la subida de los desahucios como consecuencia de los alquileres, es decir, procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta categoría incluyó 9.612 desahucios, el 56,4% del total, lo que representa un incremento del 5,8% respecto al primer trimestre de 2016. Los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, por su parte, experimentaron un descenso del 3,4%, hasta los 6.372. Los 711 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.

La comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre fue Cataluña, con 3.728 y el 21,9% del total nacional, seguida de Andalucía, con 2.927, de la Comunidad Valenciana, con 2.358, y Madrid, con 1.843. Estos cuatro territorios sumaron el 63,7% de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los desahucios consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también aparece Cataluña en el primer lugar con 2.422, seguida por Madrid, con 1.346, por Andalucía, con 1.262, y por la Comunidad Valenciana, con 1.117. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.515 lanzamientos, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.165, y por Cataluña, con 1.118.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2017 fue de 19.926, un 14,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 11.758 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 11,5 por ciento.

Las ejecuciones hipotecarias bajan un 26,2 por ciento

El informe publicado por la Sección de Estadística revela también que el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en el primer trimestre del año fue de 10.478, lo que supone una disminución del 26,2 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso interanual se observa con todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de Cantabria, Galicia y Madrid.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Andalucía, con 2.477, el 23,6 por ciento del total nacional. Le siguen Cataluña, con 1.708; la Comunidad Valenciana, con 1.598; y Madrid, con 973.

Andalucía comprará viviendas a los bancos para evitar desahucios

La Junta de Andalucía, siguiendo los pasos de otras comunidades como Cataluña, ha aprobado el proyecto de ley de Tanteo y Retracto en Desahucios de Vivienda, que ofrece la posibilidad a la Administración de comprar inmuebles de forma preferente a entidades financieras para proteger a las familias ante ejecuciones hipotecarias o daciones en pago. Esta medida, que cuenta con un presupuesto de cuatro millones para 2017, permitiría la adquisición de viviendas libres que se incorporarán al parque público autonómico.

La Junta calcula que podrían incluirse 200 viviendas libres hasta el año 2020. “La ley en su conjunto nace para aportar nuevas garantías a los ciudadanos, reforzar las políticas contra los desahucios y fortalecer el sistema de control de vivienda protegida”, ha declarado el consejero de Fomento Felipe López, después de ser aprobado en Consejo de Gobierno este proyecto de ley, inspirado en la normativa catalana.

La novedad de la medida incluye dos premisas clave: Por un lado, que la vivienda del banco debe cumplir condiciones similares a las de protección oficial, como por ejemplo con un precio medio de 80.000 euros aproximados de precio de coste. Y por otro lado, que la persona o la familia que vaya a ser desahuciada deberá tener el perfil de especial protección, como podrían ser: mayores de 65 años, menores de 35, discapacitados, familias en el umbral de la pobreza o víctimas de violencia de género. “Se va a facilitar la permanencia de la familia afectada para que no pierdan su vivienda y pagando un alquiler social”, ha aclarado López sobre esta medida que comenzó a gestarse hace dos años en un grupo de trabajo en el que han participado 11 entidades financieras.

Para la ejecución correcta de esta medida, la Junta depende del convenio firmado el pasado marzo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en el que los jueces deben comunicar a los servicios sociales los lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad y que incluso les permite suspender los procesos de desahucio.

El consejero ha asegurado que esta ley, que iniciará su tramitación parlamentaria en breve, está lo “suficientemente blindada como para que el Gobierno del PP no la recurra”, ha dicho en referencia a la ley de Función Social de la Vivienda, promovida por Izquierda Unida en la anterior legislatura y pactada con el PSOE, que fue recurrida por el Gobierno central y suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Fuentes: Consejo General del Poder Judicial (Primer trimestre 2017) – elpais.com

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