La Junta de Andalucía ha realizado la primera expropiación temporal del uso de una vivienda, tal y como contempla en la "ley antidesahucios" para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda que entró en vigor recientemente. La norma, que sustituye al decreto que ha paralizado el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno central, permite a la Junta expropiar durante tres años el uso de viviendas de familias amenazadas de desahucio y que estén en riesgo de exclusión social. Según Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda: “La expropiación es, si me permiten la analogía, un colchón para quien cae al vacío”.
La decisión impedirá el desalojo de una familia de Huelva con dos hijos, cuya vivienda fue embargada por una sociedad de gestión de activos. A María del Carmen Andújar, propietaria de la vivienda, la noticia le ha quitado “la angustia” que le había robado la tranquilidad y el sosiego en los últimos meses: “Ya no tengo esa cosilla que no me dejaba vivir. Me gustaría que la vivienda fuera de mi propiedad, pero al menos así no estoy en la calle, que era el mayor temor de mi familia”, reconoció. María del Carmen trabaja media jornada para una empresa de limpieza. Su renta roza los 400 euros mensuales y su marido, en paro, cobra una ayuda de otros 400 que termina en enero.
La familia cumple todos los requisitos para acogerse a la norma: tiene unos ingresos mensuales inferiores a 542 euros, y su situación económica ha sufrido “un importante menoscabo” desde que le concedieron el crédito. La hipoteca fue ejecutada en octubre de 2011, después de 15 meses sin pagar, y el desalojo estaba previsto para el pasado 14 de mayo, pero consiguió pararlo al acogerse a la norma autonómica. La Consejería de Fomento de Andalucía ha ofrecido al fondo de titulación de activos 4.711 euros por el uso de la vivienda durante tres años (el 2% del precio por el que la sociedad se adjudicó la vivienda). Si la entidad financiera no acepta esta cantidad en los próximos 15 días, la Junta iniciará los trámites para la ocupación urgente del inmueble mientras la Comisión Provincial de Valoraciones, dependiente de la Consejería de la Presidencia, fija un justiprecio. Aunque el trámite se llama “urgente ocupación”, la familia no ha abandonado ni tendrá que abandonar la vivienda. La "Ley antidesahucios" les permitirá seguir habitando en el piso a cambio de un alquiler social de 130 euros al mes, equivalente al 25% de sus ingresos familiares.
La consejera de Fomento ha mostrado su satisfacción por el paso dado por el Consejo de Gobierno: “Del 'sí se puede' hemos pasado al 'hemos podido”. En los tres meses en los que el decreto estuvo en vigor se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) 18 expedientes de expropiación de viviendas: 6 en Málaga, 4 en Sevilla, 3 en Almería, 2 en Granada, 2 en Huelva y 1 en Cádiz. En este sentido, la consejera afirmó que “parecen números, pero no lo son. Son personas, con nombres y apellidos. Con hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas, novios, novias, amigos y amigas”.
La Junta sabe que el Gobierno central está estudiando si recurre la ley, como ya hizo con el decreto, lo que podría volver a dejar la norma en suspenso. Un portavoz del Ministerio de Hacienda señaló ayer que el Ejecutivo de Mariano Rajoy todavía no ha tomado una decisión. La Junta confía en que el Gobierno acceda a negociar en una comisión bilateral. Pero si la Administración central insiste en recurrir, las expropiaciones ya aprobadas no corren peligro, aseguran fuentes de Fomento.
Fuente: elpais.com
