Andalucía, total protección para el consumidor frente a los abusos en las hipotecas

El Gobierno andaluz mantiene el esfuerzo en proteger a los ciudadanos  frente a los abusos de la Banca. Primero fue el decreto antidesahucios (recurrido por el Gobierno central) y ahora el anteproyecto de ley de contratación hipotecaria, que prevé sanciones a notarios y registradores que no adviertan de claúsulas abusivas.

Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de AndalucíaCon esta medida, se pretende obligar a las entidades financieras a informar de manera exhaustiva de todos los trámites hipotecarios. La Junta de Andalucía carece de competencias en esta materia, pero sí en consumo, por lo que la futura ley andaluza regula desde el momento en que los consumidores acuden a una entidad para solicitar información hasta el momento en que suscriben la hipoteca, y así dar la máxima protección a los propietarios de viviendas en Andalucía de posibles desmanes de las entidades financieras cuando firmen un contrato hipotecario para adquirir su casa.

Como novedades, el anteproyecto de ley reconoce a la persona avalista “como sujeto protegido”, al que se le debe facilitar la misma información que el deudor principal. También se obliga a las entidades a incluir una información básica como la existencia de cláusulas suelo y techo y la referencia al riesgo de perder la vivienda en caso de incumplimientos. Igualmente, el Gobierno andaluz amplía a un mes como mínimo el plazo de validez de la oferta vinculante entre el deudor y la entidad prestamista, cuando ahora es de unos 15 días. Los notarios y registradores están obligados a “poner en conocimiento del consumidor” y de la Junta de Andalucía “la detección de cláusulas abusivas en las hipotecas”.

El anteproyecto eleva el capítulo de sanciones previsto en la ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Las muy graves pasan de 30.001 euros hasta 400.000 euros a 40.001 euros hasta 600.000 euros. El vicepresidente de la Junta admitió que su consejería no ha consultado a la banca durante la elaboración de la ley, aunque sí con otras organizaciones profesionales y asociaciones de consumidores y usuarios.

Fuente: elpais.com

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