La Junta dirá qué bancos esconden sus pisos vacíos

Desde finales de 2012 las entidades financieras deben de colaborar facilitando información sobre su cartera de viviendas que tienen sin ocupar a la Consejería de Fomento y Vivienda, pero, según aclaró este martes el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, “hay entidades financieras que no quieren colaborar

Pisos vacíos para luchar contra los desahucios

No quieren colaborar cuando en realidad están obligadas a raíz del decreto ley de la función social de la vivienda, aprobado por el Ejecutivo andaluz y convalidado por el Parlamento, sin votos en contra. Pero si continuan en esa situación, el Gobierno andaluz “no tendrá ningún problema” en hacer públicos los nombres de esas entidades y “denunciar a las que no colaboren”.

Un plazo de un mes, era lo que otorgaba en decreto, que ya cumplió el día 12, a las entidades financieras e inmobiliarias para que comunicaran a la Junta el número de viviendas de VPO desocupadas que poseen, con los datos detallados de sus características y ubicación. Aun así, Fomento dará unos días más de prórroga. “Si el retraso es pequeño, bien está lo que bien acaba”, opinió Velázquez.

De hasta 9.000 euros, son las sanciones del decreto para las entidades que mantengan viviendas desocupadas por un tiempo superior a seis meses. También se prevén una serie de incentivos y medidas de garantía para los particulares, y así facilitarle su puesta en alquiler.

Lo que se intenta es que no haya viviendas vacías mientras muchas familias tienen necesidad de ella y se ven imposibilitadas a acceder al mercado, o desahuciadas de las que compraron y no pueden ahora pagar. Para frenar los desahucios, el decreto permite que la Junta pueda expropiar durante tres años el uso de aquellas viviendas que hayan sido embargadas por impago a familias a las que el lanzamiento les sitúe en riesgo de exclusión social.

Está terminandose el reglamento del plan de inspección que permitirá crear el registro de viviendas vacías que serán ofrecidas a las familias en situaciones críticas.

Dirigida por Elena Cortés (IU), la Consejería de Fomento, sigue trabajando en el desarrollo del decreto que se tramita ahora como proyecto de ley en el Parlamento, cuando todavía continúa, desmentido por la Comisión Europea, la polémica sobre el supuesto rechazo de la UE a la norma andaluza.

Vázquez acusó al Gobierno central de hacer un “uso partidista” de la petición de información reclamada por Bruselas, después de que la agencia Efe informara el pasado jueves de que Bruselas dudaba de la legalidad de decreto andaluz por su incidencia en los bancos.

Andalucía ofreció ayer dar toda la  información que quisieran sobre la normativa, a los representantes de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) ya que tienen una reunión ordinaria de seguimiento la semana próxima y visitarán España.

La Junta también ha hecho gestiones con Moncloa para informarse directamente de este entuerto, aunque no ha trascendido si han fructificado las conversaciones entre la vicepresidenta y la consejera de la Presidencia.

Fuente: elpais.com

 

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