El Gobierno quiere eliminar las ayudas a los promotores de alquiler social

El proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, contempla la eliminación de las ayudas que reciben los promotores, tanto públicos como privados. Se trata, por un lado, de cantidades por metro cuadrado; y, por otro, de ayudas en las cuotas hipotecarias que pagan estos promotores durante lo que dure la hipoteca.

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Significa que si un promotor o una empresa pública de vivienda pierde las ayudas con las que contaba para pagar la hipoteca. “Nos cambian las reglas a mitad del partido, crea una gran inseguridad jurídica”, dijo ayer el presidente de la Asociación de Promotores Constructores (APCE), que aseguró que puede haber promotores que sin la subsidiación de intereses no podrán pagar.

El directivo de la Asociación Española de Promotores de Vivienda Pública (AVS) alerta de que la supresión de ayudas compromete la viabilidad de las promociones públicas de alquiler social y de las empresas municipales o de las comunidades autónomas”. “Es tremendo y se ha hecho a escondidas, crea una inseguridad muy bestia”, coincide con Galindo.

Promotores privados y públicos critican al unísono el cambio legislativo que pretende introducir el PP y claman que se reconsidere. La modificación ha aparecido 10 días después de la presentación del Plan Nacional de Vivienda, en forma de enmienda al proyecto de ley cuando ya había pasado por Consejo de Ministros y por el Congreso. Fuentes aseguran que, temerosa de que se les dispare la morosidad de estos promotores, incluso la banca está en alerta.

Fuentes del Ministerio de Fomento defienden la “vocación social del Plan de Vivienda de satisfacer las necesidades de la población con menos recursos” y resaltan que no se tocan las ayudas para inquilinos. A la preocupación sobre la subsidiación al préstamo responden que “el euríbor ha bajado y que los promotores podrán renegociar y mantener las condiciones”.

Galindo insta al Gobierno a retirar la enmienda e iniciar una “reflexión más sosegada sobre los efectos que la supresión de ayudas puede suponer”.

El director general de la empresa Cevasa asegura que los promotores se sienten “engañados”. “Hemos pagado el suelo y las licencias en base a una viabilidad muy justa, pero factible a 25 años vista y ahora incumplen su parte. Es una inseguridad enorme”, afirma.

El Gobierno catalán ha estimado que la nueva ley afectará a 22.000 pisos en Cataluña (el 20% del total, según los cálculos del Secretario de Vivienda, Carles Sala) y tendrá un impacto de 600 millones de euros. “Si se aprueba la enmienda se comprometen las políticas sociales de vivienda del Gobierno catalán y supone poner en grave riesgo a los promotores, es el golpe de gracia”, destaca Sala.

Fuente: elpais.com

 

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