Las VPO no son regaladas

Cada vez son más los españoles que renuncian a viviendas con algún tipo de protección pública, viviendas de las que han sido “afortunados” adjudicatarios. Resulta que hace falta tener dinero hasta para una VPO.

Pisos de protección

Además de la cuestión económica, está el tema de la supresión de ayudas a la adquisición de la vivienda o la denegación de la subrogación en el préstamo por parte de los bancos.

También se atribuye la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar, que la crisis laboral convierte en muy difícil alcanzar, la pérdida de ingresos debido al desempleo o la incertidumbre económica existente en muchas familias que causa un ¨parón¨ con respecto a planes de futuro.

“Esta es una realidad que necesariamente debe tomarse en consideración por los poderes públicos en el diseño de las políticas de vivienda”, ha constatado la oficina del Defensor del Pueblo.

Por ejemplo, con fecha 30 de octubre de 2012 fue aprobado el nuevo Reglamento de adjudicación de viviendas con protección pública afectas a los programas municipales de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, en cuyo artículo 10 se recoge la propuesta que le trasladó el Defensor del Pueblo para que se eliminase la imposibilidad de darse de nuevo de alta durante cinco años en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda, para los adjudicatarios que por causas fortuitas se ven obligados a renunciar a su vivienda.

El Defensor del Pueblo recomienda a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento que adopte las medidas necesarias para solucionar estas renuncias porque las entidades de crédito no les conceden los préstamos necesarios.

Propone aumentar los beneficios a obtener por las entidades de crédito, o excluir algunos de los ya otorgados a éstas, para que en la concesión de los préstamos cualificados “no se apliquen criterios estrictamente bancarios, sino también los derivados de la finalidad del Plan de Vivienda, como instrumento este que pretende posibilitar el acceso a un bien social básico de primer orden”.

Los adjudicatarios que se ven obligados a renunciar a su vivienda pública también plantean quejas por la tardanza en la devolución de las aportaciones que entregaron a cuenta.

Ha indicado también que durante 2012, se han suprimido diversas subvenciones y ayudas que se venían concediendo para la adquisición de vivienda, “lo que ha provocado importantes perjuicios a los ciudadanos en sus expectativas económicas”.

Muchas de las quejas que se plantean denuncian que los tipos de interés que se aplican a operaciones hipotecarias para la adquisición de viviendas protegidas son más graves que los de viviendas libres.

Fuente:  20minutos.es

 

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