La subida del IVA o el previsible incremento del recibo de la luz no serán las únicas cargas que tendrán que afrontar algunos hogares en los próximos meses. Según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno este fin de semana, el Ministerio de Hacienda prevé revisar el valor catastral de casi tres millones de inmuebles durante el año 2013, lo que en muchos casos supondrá un castigo fiscal adicional para las familias. Las notificaciones del Ministerio son las que utilizan los ayuntamientos para elaborar tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del que constituyen la base imponible.
Según establece el programa de Gestión del Catastro inmobiliario, contenido en las cuentas públicas presentadas el pasado sábado, el departamento de Cristóbal Montoro prevé “la elaboración y aprobación de ponencias de valores (totales o parciales) que afectarán a 2.839.510 bienes inmuebles urbanos y características especiales en diferentes municipios”.
Pese a que fuentes como la sociedad de tasación Tinsa estiman que el precio de la vivienda se ha reducido en torno a un 30% desde el inicio de la crisis en el año 2008, lo normal es que la valoración catastral de los inmuebles se incremente, ya que puede pasar más de una década entre revisión y revisión.
En todo caso, son los alcaldes quienes finalmente deciden cómo repercuten las subidas, que a menudo escalonan. Por ejemplo, Madrid decidió acometer la subida en el plazo de una década en 2011, después de que el informe de la Dirección General del Catastro fijara un incremento del 74% en el valor de las viviendas. Incluso algunos ayuntamientos han apostado por no ejecutar la actualización de los inmuebles. De hecho, el Ministerio presupuestó la elaboración de 3,01 millones de notificaciones de valores catastrales en 2012, cifra que finalmente se quedará en 2,49 millones. “La menor realización respecto a lo presupuestado responde a que determinados municipios han decidido no llevar a cabo la revisión de urbana”, explica Hacienda en su programa.
Por esta misma razón, los 4,2 millones de ponencias planificadas por Elena Salgado en su último año al frente del Ministerio se quedaron en una declaración de intenciones, ya que solo se llevaron a cabo 3,27 millones. En esta línea, la crisis inmobiliaria también ha afectado a la tramitación de altas de nuevos inmuebles. De los 1,1 millones de inscripciones estimadas para 2012, Hacienda sólo prevé una ejecución final de 587.792. Para el año 2013, el departamento de Cristóbal Montoro ya ha rebajado sus aspiraciones iniciales hasta las 900.000. “Esta disminución se debe a la caída del sector inmobiliario con la paralización de nuevas construcciones y la consiguiente repercusión en la tramitación de altas en la base de datos del Catastro”, admite el Ministerio.
Una de las primeras medidas adoptadas por el Partido Popular nada más acceder al poder fuera incrementar de forma progresiva el tipo impositivo del IBI –a mayor antigüedad del valor, mayor subida- con el objetivo de que “las entidades locales no pongan en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria”. No en vano el tributo en cuestión es una de las anclas de las finanzas locales. Según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, el gravamen adicional permitirá recaudar a los ayuntamientos 918 millones adicionales y se aplicará temporalmente durante los años 2012 y 2013. Según datos del Consejo Económico y Social (CES), la recaudación por IBI supone hasta un 17% de los ingresos de las entidades locales.
Cambios en los bienes rústicos
El programa para el año 2013 también incluye modificaciones importantes en los datos catastrales de bienes rústicos en hasta 400 municipios, con el fin de adaptar la valoración de los inmuebles al sistema fijado por la Política Agraria Común (PAC). Hacienda prevé tramitar 300.000 altas en 2013, si bien de las 400.000 contempladas para 2012 apenas se estima ejecutar 123.764. “La menor realización con respecto a lo presupuestado se debe a la caída de la actividad en el sector inmobiliario. No obstante, se mantiene elevado el indicador por la incorporación de alteraciones derivadas del proceso de convergencia entre los datos del Sistema de Información Gráfica para la PAC y los datos del Catastro”, expone el Ministerio.
Hacienda recuerda que el valor catastral tiene incidencia en diferentes figuras tributarias -véase el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, además del IBI y los impuestos sobre Incremento de Valor de los Terrenos-, lo que obliga a tener un “banco de datos permanente actualizado” para “no desvirtuar los efectos fiscales” a la hora de aplicarlos. “La referencia de los valores catastrales a los de mercado permitirá una mejor gestión de los tributos que recaen sobre la propiedad inmobiliaria, lo que conllevará un sistema tributario más justo y se avanzará en la aplicación de los principios constitucionales que informan el sistema tributario español”, remacha.
España cuenta con 35 millones de inmuebles urbanos y casi 37 millones de rústica, para más de 29 millones de titulares.
Fuente: elconfidencial.com
