¿En qué consiste el Plan de Reordenación del Patrimonio Público?

Definirá criterios de valoración de bienes, gestión de activos, ocupación de espacios y planificación de proyectos, obras y servicios generales de mantenimiento y conservación

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido en el Senado para explicar las medidas que va a tomar el Ejecutivo en las próximas semanas. Durante su intervención anunció un plan para la reordenación del patrimonio público.

“El Estado cuenta con más de 55.000 edificios públicos y a pesar de eso se gasta 100 millones de euros al año en alquileres, dejando edificios públicos sin utilizar por valor de 500 millones de euros”.

Unos datos exactos a los proporcionados por la inmobiliaria Richard Ellis el día anterior a la intervención de la presidenta. Los tiene colgados en su web: el informe Tendencias 2012, páginas de la 69 a la 71, según denuncia ARN Digital:


“El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de quien depende el patrimonio del Estado, admite que está elaborando un Plan para la Reordenación del Patrimonio Público, pero que aún no está cerrado. Lo mismo que Richard Ellis: aún andan redactando en colaboración con PriceWaterHouse Coopers el estudio final. Tan sólo han avanzado datos referentes a la capital, al igual que la vicepresidenta, cuyo discurso ha incluido un dato general del país ausente del resumen de la inmobiliaria: “El Estado cuenta con 55.000 edificios públicos”. De ahí que el Gobierno vaya a presentar un plan integral de gestión de patrimonio.

Se trata de un programa que definirá criterios homogéneos de valoración de bienes, gestión de activos, ocupación de espacios y planificación de proyectos, de obras y de servicios generales de mantenimiento y conservación. O sea, lo mismo que le recomienda Richard Ellis para reducir el déficit del Estado.

El informe de la inmobiliaria detalla que las oficinas públicas, del centro de la capital, valoradas entre 10.000 y 12.000 millones de euros, según su criterio, están “sobredimensionadas respecto a otros sectores, con un exceso teórico de espacio del 37 por ciento”. Advierte que la dispersión de las dependencias de la Administración trae “la consiguiente multiplicación de costes, espacios y servicios”. Y añade que muchos de los inmuebles “no son eficientes desde el punto de vista energético”: suponen un gasto extra de entre un 20 por ciento y un 40 por ciento de los gastos de mantenimiento de los inmuebles.

Recomienda, por tanto, la venta “progresiva” de parte del patrimonio, lo que podría aportar 2.800 millones de euros. Pero también cree que habría que construir complejos centralizadores y rehabilitar una selección de edificios”.

Si desean obtener información sobre en qué consistirá exactamente el Plan de Reordenación del Patrimonio Público, estén pendientes del momento en que Richard Ellis redacte su informe final.

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