Hace solo unos años, antes de que estallara la burbuja y la gallina de los huevos de oro del ladrillo entrara en coma profundo, conseguir una hipoteca era tan fácil como acudir al banco o caja de ahorros con el DNI y aportar unos datos básicos. Entonces apenas se hacían preguntas y todo eran facilidades. Pero ya no hay café para todos.
El 2011 será uno de los peores años de la historia reciente para conseguir financiación para la compra de una vivienda. Ya no basta con tener una buena nómina, un empleo indefinido, tener avales y estar dispuesto a asumir un sinfín de vinculaciones y condiciones. Ahora, el rosario de obstáculos se complica.
Ante los problemas de liquidez, la política de las entidades se centra en buscar la mayor rentabilidad y controlar al máximo el riesgo. Esta filosofía está provocando que la mayoría de las entidades exijan a sus clientes la contratación de un seguro de protección de pagos que asegure que, en caso de desempleo, el propietario pagará religiosamente la letra de su crédito.
Los bancos consultados eluden hablar del tema. Sin embargo, a micrófono cerrado, fuentes consultadas reconocen que este producto se ha puesto «de moda» como requisito imprescindible para obtener una hipoteca en Granada. «La entidad no puede permitirse más clientes morosos ni tiene más margen para seguir engordando la cartera de inmuebles embargados, de ahí que se pida la contratación de ese seguro como atajo para cubrirse las espaldas y, de paso, obtener ingresos», afirma el director de una oficina que pide el anonimato.
El economista Juan Carlos Robles coincide en esta argumentación: «En el sector hay muchas reticencias a la hora de prestar dinero por el miedo a los impagos y el acumulo de activos inmobiliarios en sus balances. Esto ha hecho que se exija como vinculación el seguro de protección de pagos por desempleo, lo cual puede ser incluso recomendable en ciertos casos», apunta.
«La excusa perfecta»
En opinión del coordinador del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe, las dramáticas cifras de paro que soporta la provincia (el último trimestre del año se cerraba con una tasa de desempleo del 29,39 por ciento) se han convertido en la «excusa perfecta» para que bancos y cajas sumen ahora esta póliza -como también están haciendo con los planes de pensiones- a los ya habituales seguros de vida o de hogar, muy extendidos.
«Se los están colocando hasta a funcionarios con plazas fijas como condición 'sine qua non'. No son obligatorios, pero se aprovechan de lo vulnerable que está el usuario en ese momento, lo que hace que no valoremos las consecuencias de esas operaciones financieras. El banco abusa de su posición dominante porque sabe que nos tienen amarrados», dice.
Al respecto, este economista recuerda la delicada situación en la que se encuentran las entidades, obligadas a compensar ahora el desajuste entre la alta rentabilidad que han ofrecido en sus depósitos y los bajos intereses que han cobrado estos últimos años por los préstamos hipotecarios. Además, la realidad de los mercados interbancarios (donde apenas se presta dinero y el poco que se presta es más caro) está empujando a las oficinas tanto a ser más selectivas si cabe en la elección del cliente como a endurecer los requisitos y encarecer los pocos créditos en los que entonan el 'sí quiero'.
«Mientras se prolongue esta situación económica, haya tanto paro y las entidades soporten tales problemas de financiación se seguirán exigiendo este tipo de seguros que antes se pedían en casos muy puntuales y hoy se han generalizado», advierte el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco Villalba.
Alfredo Martínez, miembro de Ausbanc -Asociación de Usuarios de Servicios Financieros-, insiste en que el problema de fondo es que la banca se ha quedado sin dinero al tiempo que critica el fuerte endurecimiento del acceso al crédito. «Los bancos juegan un papel esencial en el acceso a una vivienda, que es un derecho básico de la persona».
El seguro de protección por desempleo se hace cargo del pago total o parcial de la cuota del cliente en caso de que este pierda su trabajo por un periodo que varía en función de la prima suscrita. La media es de doce meses consecutivos.
Fuente: ideal.es
